El fiscal general a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte, pidió ayer la declaración indagatoria de 102 civiles ‑funcionarios de gobierno, miembros de grupos paramilitares y empresarios‑, ex policías federales y provinciales, ex miembros de la Prefectura Naval y ex militares por los crímenes cometidos entre enero de 1975 y septiembre de 1976 en Villa Constitución destinados a reprimir "El Villazo".

En la presentación de 430 carillas, formulada ante el Juzgado Federal de Rosario a cargo de Marcelo Bailaque, el fiscal detalló los casos de 77 víctimas que fueron allanadas ilegalmente, secuestradas, torturadas y, en algunos casos, asesinadas, además de despojadas de bienes. Todas eran trabajadores y/o dirigentes gremiales metalúrgicos que ‑pese a una enorme presión de la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de las empresas del rubro‑ habían logrado importantes reivindicaciones laborales. También fueron víctimas las abogadas de la comisión interna de la empresa Acindar. El fiscal señaló que el número de víctimas podrá crecer con el avance de la investigación.

Villatte señaló que todos aquellos delitos ocurrieron en el marco de una asociación ilícita y los encuadró en las categorías internacionales de crímenes de lesa humanidad y de genocidio.

La presentación se detiene en analizar, en base a testimonios de protagonistas del conflicto, de víctimas, de declaraciones de represores y de bibliografía, el contexto previo a la represión. Villatte enumeró y analizó diferentes medidas adoptadas por Acindar para acoplarse y participar del plan criminal en la represión a los trabajadores. De acuerdo a los elementos probatorios, la Fiscalía sostuvo que la empresa, además de la disposición de un lugar para el funcionamiento del centro clandestino que funcionó en el denominado "Albergue de solteros": dispuso de lugares para la utilización, el alojamiento y vivienda de las fuerzas represivas. También aportó vehículos y reparación y cuidado de los pertenecientes a Policía Federal, la mayoría de ellos Ford Falcon sin patente. De igual modo pagó sobresueldos al personal de fuerzas represivas que prestaban "servicio" y facilitó el ingreso a la fábrica de los integrantes de los grupos de tareas para el secuestro de obreros. La empresa consintió además el acceso de esos mismos grupos con personas secuestradas a efectos de requisar sus casilleros personales y brindó información que resultó primordial a la hora de identificar a las víctimas para privarlas de su libertad. Finalmente, Villatte afirma que Acindar confeccionó listados de las personas a detener. La empresa "digitó y habilitó violaciones específicas de derechos humanos, las que no hubieran ocurrido sin la contribución de la empresa", dijo.