Se va junio, llegó el frío del invierno, el dengue da un respiro, pero el coronavirus se empeña en pelotearnos el arco. A esta altura se podría decir que tiene a Salta rodeada y cada vez sorprenden menos los positivos. En la semana que terminó fueron cuatro los contagiados, el último registrado ayer es una persona que cumplía con el aislamiento, por lo que en total llegan a 38 los diagnosticados en la provincia.

Más allá de alguna incertidumbre estadística que cambia los números según los casos sean de aquí, de allá, o de más allá, se puede adaptar el dicho y sostener que “no pregunten cuántos son, sino que se contagien de a uno”, porque en definitiva lo importante es que no haya circulación viral, el concepto clave que sostiene la etapa de distanciamiento social en la mayor parte de la provincia.

Los más pesimistas adjudican a la pandemia destino de tragedia como la de Edipo, no importa lo que se haga para evitar la fatalidad, se las arreglará para suceder. Esta semana la por ahora infructuosa búsqueda de dos casos 0 en Orán y Tartagal, casi les da la razón. La fragilidad con la Covid-19 tiene como uno de sus mejores ejemplos a Jujuy, que venía en la vanguardia de las flexibilidades y ahora está en Fase 1 con el virus en la calle.

El temor de contagios masivos lleva al ser humano a actos irracionales, por ende, en el norte no quieren bolivianos, en la capital salteña, según denunció la diputada Jorgelina Juárez, no quieren oranenses, y en Santa Victoria Este directamente no quieren a nadie y restringen las entradas al pueblo con piquetes de control a cargo de comunidades originarias.

Esta noche hablará el gobernador Gustavo Sáenz, y adelantaron que anunciará algunas nuevas medidas que se iban a definir según lo dispuesto por el presidente Alberto Fernández y el balance que hizo el COE de los últimos días.

De porcentajes y vasos a la mitad

La falta de fútbol autóctono (todo bien con Messi, el Barcelona o la Bundesliga, pero aquí se necesita de Carlos Tévez, Rafa Borré, la Perla Reyes o el Toro Vicedo), hace que se busquen competencias y triunfos hasta debajo de las piedras.

Capaz por eso se celebró tanto el ranking/encuesta, de la consultora cordobesa CB, que lo dejó a Gustavo Sáenz como el gobernador con mejor imagen para sus coterráneos de la Argentina. Ese 71,3 % lo catapulta a un nivel notable de aceptación con seis meses de gobierno a sus espaldas, y el detalle de que con respecto a la última medición de hace un par de semanas, subió en la consideración de los salteños.

Y ya que se analiza con tono futbolero, lejos, muy lejos, quedó el clásico rival jujeño Gerardo Morales, que rankea de mitad de tabla para abajo. Como siga sin volver el campeonato argentino, no sería raro verlo a Sáenz clasificado para la próxima Copa Libertadores de 2021.

Una lástima que esta buena noticia llegue en tiempos donde no se puede andar festejando en la plaza 9 de Julio, tanto por cuestiones sanitarias, como también porque la Policía capaz aplica a la hinchada el DNU 255.

Calificado de “disuasivo” por el gobierno, sigue sumando cuestionamientos de los organismos de derechos humanos, que el jueves estuvieron en la Cámara de Diputados y anunciaron que presentarán esta semana a la prensa un detallado informe sobre el excesivo (y mal) uso que hace de esa herramienta la Policía.

Aunque su posible derogación figura como uno de los temas que se tratará en la próxima sesión de la Cámara Baja, el oficialismo se pinta la cara para sostenerlo.

Justamente, el viernes en el recinto, el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, calificó al 255 como la clave del éxito para el control de la pandemia, y aprovechó para reprochar a los diputados porque siempre llaman a los funcionarios de Seguridad para cuestionarlos y nunca para agradecerles o felicitarlos por el “impecable trabajo de la Policía”.

Uno de los datos concretos de esa reunión fue que oficialmente desde enero hubo 360.211 intervenciones policiales y que “solo” un 1% registró denuncias por mal desempeño. Basándose en ese número el ministro Juan Manuel Pulleiro garantizó que no existe una metodología represiva sistemática y mucho menos que involucre a la mayor parte de la fuerza. En todo caso, sostuvo, las malas artes policiales se limitan a algunos casos excepcionales que son investigados por la propia fuerza y la Justicia.

Trasladado a cifras ese dato oficial, el 1% implica unas 3.600 denuncias en 2020, lo que representa alrededor de 600 mensuales en promedio. Por lo tanto, más de 20 personas por día denuncian a la policía por algún tipo de abuso o mala praxis en los operativos. Esto obviamente contando solamente los casos que se exteriorizan en la Justicia, ya que los que no llegan a plantearse formalmente quedan en la nebulosa. 

Y considerando que los operativos siempre son mínimamente con dos agentes, diariamente al menos 40 policías quedan bajo sospecha.

En conclusión, tal como lo plantea el Ministerio de Seguridad, ese 1% es el tramposo dilema del vaso medio lleno o medio vacío en su máxima expresión.

Las tres T del Papa

Cuenta la leyenda que Cristóbal Colón durante su primera travesía, obsesionado por encontrar la añoradas Indias, ordenó que permanentemente hubiera un marinero en el puesto más alto de vigilancia del palo mayor de las carabelas, denominado Carajo, y fue desde ahí arriba que Rodrigo de Triana, embarcado en la Pinta, pegó el grito de “tierra” más famoso de la historia.

Más de cinco siglos después, los empleados del Instituto Provincial de la Vivienda acaban de recibir una orden similar a la dada por el almirante genovés, y como en Capital y alrededores escasean, se tendrán que ir al carajo a tratar de encontrar nuevas tierras que permitan llegar a los 10 mil lotes que promete el nuevo plan.

Así como está planteado “Mi lote” por ahora es un manojo de expresiones de deseo. Serán 6 mil parcelas en el interior y 4 mil en Capital, pero no se sabe cuándo, ni exactamente dónde. Por ahora se tiene el objetivo al que se quiere llegar, pero falta el cómo lograrlo.

Cuando los Rodrigos de Triana modernos logren dar con las tierras, el IPV entrará en acción para determinar si las parcelas son de la provincia. Ésta es la opción más fácil, ya que no hay conflicto dominial y solo se necesitará proveer los servicios.

También puede suceder que los terrenos sean nacionales, para lo cual deberán solicitar que Presidencia los done, previa autorización del Congreso, que, se sospecha, será un mero trámite.

Pero la dificultad más grande es si esas tierras son privadas, ahí desde el gobierno salteño ya advirtieron que podrían recurrir a una expropiación, con todo el proceso legal que eso representa y que puede exceder el 2023, fecha tope que se autoimpusieron para completar los 10 mil lotes.

Por las dudas uno ya se lo imagina al diputado nacional Martín Grande cargando el megáfono para salir a la calle una vez más, haciendo trizas el aislamiento social, en defensa de la propiedad privada, tal como sucedió hace una semana en el monumento a Güemes con el caso Vicentín.

Igual hasta tanto eso suceda, "Mi Lote" ya cumplió con su objetivo inmediato: dar esperanzas a los miles de salteños que añoran una vivienda y desalentar cualquier toma, bajo pena de quedar fuera de este gran loteo estatal.

Sin embargo, de ser exitoso, ojalá que sí, el plan solo habrá solucionado parte del problema, porque los beneficiarios serán dueños de un terreno adecuado y con posibilidad de tener todos los servicios, pero lo que realmente necesitan y quieren es una casa.

Consultado el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, sobre la posibilidad de financiar la construcción de las casas, tiró la pelota afuera y planteó que el Procrear nacional podría ser una alternativa.

Dicho en criollo, en los años que se vienen el IPV tendrá mucho de Instituto Provincial y poco de Vivienda, ya que para el futuro se le asigna principalmente al organismo el papel de regularizar los terrenos y garantizar los sorteos transparentes para adjudicarlos.

Con este cambio de perfil al Instituto le resultará más útil prescindir de los arquitectos y contratar al experto locutor de la tómbola Pirulo Blasco, quien dirá: “A la cabeza, a la cabeza, a la cabeza, el lote 86. El 86 en los sueños es el humo...”

El IPV desde el 2017 vio la estrepitosa caída de recursos nacionales, que representaban prácticamente el 90% del financiamiento de gran parte de las 20 mil viviendas que se hicieron en Salta durante los 12 años de Juan Manuel Urtubey.

Esta retracción motivó que las últimas casas que entregó el ex mandatario, así como las más de 500 que tiene en carpeta para estos días Sáenz, se financien mayormente con fondos provinciales. De ahí que suene a utopía que el IPV se pueda embarcar en un plan de 10 mil viviendas, si es que no se vuelven a habilitar partidas nacionales.

El problema es que se dejará a la deriva a esas 10 mil familias de limitados recursos que necesitarán casi 2 millones de pesos para construir la típica casa IPV de 40 metros cuadrados, según el índice de precios de la construcción publicado en abril por el Copaipa.

Sin la ayuda estatal y con la imposibilidad de alcanzar un crédito bancario, la situación derivará, como ya ha ocurrido en el pasado, en asentamientos precarios de los beneficiarios para evitar usurpaciones, construcciones irregulares hechas a medida que se vayan consiguiendo los materiales, conexiones clandestinas a los promocionados servicios y una nueva oportunidad desperdiciada de hacer un verdadero planeamiento urbano y un plan de viviendas dignas que realmente solucione el enorme déficit habitacional salteño.

Y retomando números y porcentajes, esta semana se dio a conocer sin tanto despliegue como el ranking de gobernadores, un nuevo índice de desempleo. Según el INDEC, en la capital salteña pasó del 9,9% en los primeros meses del 2019 al 10.7% en el mismo período de este año. Y también subió el de las personas que aunque tienen trabajo, buscan otro. En total significa que 4 de cada 10 salteños estuvieron moviéndose activamente en el mercado de trabajo durante el primer trimestre del 2020.

Pero esa foto estadística del arranque del año, a esta altura ya solamente es un preludio de lo que se viene cuando se conozca en septiembre la medición del segundo trimestre, que incluirá de pleno a los peores meses de parálisis por la pandemia. Feo panorama el que se avecina y que impondrá una dura prueba de capacidad de gestión a los gobiernos nacional y provincial.

Quizás una buena guía para enfrentar este duro futuro que se viene será convertirse en más papista que el Papa, y aplicar lo que Francisco públicamente dijo en Bolivia ante movimientos sociales: “Tierra, Techo y Trabajo son derechos sagrados y vale la pena luchar por ellos”.