Aldana Muñoz tiene 24 años y una panza de siete meses con la que mañana se sentará a escuchar el veredicto del tribunal que la juzgó durante dos semanas bajo la acusación de abandono de persona, en el marco del crimen de su bebé de seis meses, en 2017. A poca distancia estará Franco López, su expareja, quien la violentaba y está acusado del homicidio del niño, cometido mientras ella se bañaba. Cuando el juicio empezó, la fiscal Georgina Pairola pidió prisión perpetua para él y 10 años de cárcel para ella. El viernes, en los alegatos de cierre dijo que la pena de la joven podría cumplirse en domiciliaria. Las integrantes de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) siguieron de cerca las audiencias y acompañan el pedido de absolución de la defensa de Aldana que "fue acusada con el estereotipo de mala madre" por la fiscal, la defensa de su expareja, y la querella del padre del nene que "se desentendió de la crianza". Abofem Rosario se creó este año y ya son 46 abogadas que trabajan por la perspectiva de género y de diversidad sexual en la justicia.

"Entendemos que algo de lo que hicimos (con la difusión del caso) tuvo que ver con que la fiscal Pairola pidiera el cumplimiento de la pena en domiciliaria. Es que si bien en el alegato de cierre planteó que el motivo es que Aldana está embarazada y que tiene otros hijos de 7, 5 y un año y medio, eso también existía al momento de la acusación, con lo cual no había una modificación de la situación", planteó Victoria San Juan, integrante de Abofem. Una de las cuestiones que llamó la atención de las abogadas que siguieron de cerca el debate es que cuando comenzó el juicio, con el alegato de la Fiscalía, "la primera palabra fue 'género', y se justificó que el caso se trató con perspectiva", pero "no fue así". 

San Juan relató el calvario de Aldana. "Cuando era niña era violentada por su padre, incluso desde que tenía una año. Hay una naturalización de la violencia que no fue tenida en cuenta por la Fiscalía. Tras la muerte de su hijo a manos de la pareja que la violentaba, en 2017, ni siquiera pudo hacer el duelo, no pudo estar ni en el velorio, porque la familia del padre del nene no se lo permitió. Hoy es amenazada en redes sociales por esa familia que además estuvo yendo al juicio. Esas cuestiones vienen denunciándose hace tres años, pero Fiscalía no le dio curso", dijo la abogada. "Incluso, la fiscal y la querella plantean que Aldana era víctima de violencia y que se podría haber ido. Les faltan años de perspectiva para entender lo que sucede", aseguró. "A los testigos, se les hacían preguntas como '¿la vio llorar mucho a Aldana después de la muerte de su hijo?'. Como si ver cuánto había sufrido la hiciera más o menos culpable", lamentó. Sumado a ello, la misma defensa de Franco López -imputado por el crimen- "dijo todo el tiempo que la culpa era de Aldana, que se acostaba con uno, con otro, que era mentirosa y manipuladora", describió sobre el caso en el que reclaman "absolución para Aldana, ya".

Trans y pobre 

El caso de Aldana no fue el único que preocupó y ocupó a las letradas. Natalia Figueredo es una joven trans trabajadora sexual que estuvo presa 30 días por presunto incumplimiento de la cuarentena, el 9 y el 28 de mayo, cuando necesitaba salir a trabajar. Sin embargo, la única respuesta fue la cárcel, donde permaneció un mes hasta el viernes pasado. Esa decisión fue contraria a la que tomó el Poder Judicial en el caso de los empresarios Roberto Dutra (gastronómico) y Sergio Nardelli (directivo de Vicentin), cuando el primero violó la cuarentena 15 veces y el otro salió a navegar con su yate por el Paraná. Ninguno quedó preso.

San Juan consideró que es otra muestra más de lo que plantea la Asociación. "No se tiene perspectiva de género ni sobre las diversidades sexuales. Las mujeres trans son de las más afectadas en la sociedad. En este caso la castigan por trabajadora sexual, por mujer trans y pobre", dijo; y comparó el caso con los de Dutra y Nardelli. "No nos olvidemos que tuvieron rupturas de la cuarentena y no fueron presos. Ella cumplió una preventiva tras salir en cuarentena porque no tenía para comer".

Abofem 

La primera Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) se conformó en Santiago, Chile, "después de la revolución social masiva del año pasado, donde se vio claramente la problemática de mujeres y diversidades frente a la desigualdad". Cuando llegó a Argentina, la primera sede se conformó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego se extendió a provincia de Buenos Aires. "Cuando llegó a Rosario, la convocatoria superó todas las expectativas. En dos meses -de plena pandemia- somos más de 46 abogadas que conformamos Abofem Rosario y somos la sede más grande del país", celebró San Juan. 

El trabajo es amplio. "No sólo acompañamos casos como el de Aldana, sino que además hacemos asesorías legales en territorio para llegar a las mujeres más vulnerables. Nuestra idea es trabajar en todas las ramas del derecho desde la perspectiva de género, que es lo que les falta a los operadores de justicia. No solamente en lo penal, donde más arraigado se ve el machismo, tanto en operadores como en abogados; sino también en el derecho de Familia, Laboral, Civil y Comercial", se entusiasmó.  

También hay espacios de capacitación. "Estamos todo el tiempo capacitándonos y haciendo redes con otras provincias". Todo porque entienden que "no hay perspectiva porque no hay capacitación (como plantea la ley Micaela) necesaria tanto para quien atiende una mesa de entradas, como para un juez. No es fácil cambiar la cabeza, porque los operadores de justicia son personas que forman parte de la sociedad y el machismo está muy arraigado. Hay que romper con todo eso que es más visible desde el Ni Una Menos". E instó: "El sistema ya está cambiando y los operadores del derecho no se pueden quedar atrás".