El Ministerio de Desarrollo Productivo informó este domingo que imputó a las empresas Telefónica, Telecom y Telecentro por presunto incumplimientos en el servicio técnico, faltas administrativas y demoras en la entrega de productos.

La Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores detectó que el 22 por ciento de las denuncias ingresadas durante mayo en la Ventanilla Única de Reclamos de Defensa del Consumidor y del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo fueron relativas a problemas con servicios de comunicaciones, convirtiéndose en el rubro que más quejas recibió. 

"Resulta llamativo que el organismo público que está analizando los presuntos incumplimientos cometidos por ésta y otras empresas, emita una comunicación pública sobre el tema que tiene a estudio y cuando aún Telecom Argentina S.A. no ha efectuado su descargo en los términos de ley, aseguró Telecom a través de un comunicado donde además remarcó que  la imputación en referencia fue acompañada de 145 denuncias a la empresa, cantidad que calificó como "poco representativa" en comparación con sus 28 millones de clientes fijos y móviles.

Según los reclamos, tanto Telefónica de Argentina S.A. (Telefónica y Movistar) como Telecom Argentina S.A. (Telecom, Personal, Fibertel y Cablevisión) y Telecentro S.A. brindarían un servicio técnico ineficiente debido a que no solucionan los desperfectos en las comunicaciones de telefonía, ni los inconvenientes en las conexiones de TV e internet. Además, la subsecretaría aseguró a través de un comunicado que las empresas se excusaron en las restricciones que impone la emergencia sanitaria para no realizar reparaciones, a pesar de que cuentan con protocolos específicos que establecen pautas para el ingreso a los hogares, cuando es absolutamente indispensable.

Las quejas a las tres empresas apuntaron también a incumplimientos administrativos ya que no realizarían el procesamiento de la baja del servicio o el cambio de plan en tiempo y forma y le generan al usuario deudas impropias.

En el caso de Telefónica, se sumó la demora en los plazos de entrega de productos adquiridos y problemas con los trámites de portabilidad, ya que se indicó que la compañía no envía el chip, o lo hace con retrasos. Sin embargo, la facturación del servicio se ejecuta como si el usuario estuviera disponiendo del producto con normalidad. Asimismo, se registraron inconvenientes con la ejecución de la garantía de los productos adquiridos, ya que la empresa no informa y no arbitra los medios para soluciones excepcionales en el marco de la pandemia.

En Telecentro, además, los usuarios indicaron que los canales de atención al público son deficientes, tanto telefónicamente como a través de la web. Una vez lograda la comunicación pautan una cita al domicilio del consumidor, la cual incumplen en sucesivas oportunidades. Incluso señalaron que no se le realizan los descuentos de los períodos en los cuales la empresa no les brindó el servicio.

Por su parte, la secretaria de Comercio Interior Paula Español, de quien depende la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores, indicó: “son necesarios los reclamos formales de los consumidores para hacer efectivos sus derechos”. Asimismo, señaló: “Tras el análisis de las denuncias y al identificar la operatoria sistemática de las empresas, estamos actuando de oficio en representación de todos los damnificados y encarando acciones administrativas o judiciales para que no se vulneren los derechos de los consumidores”.

El gobierno remarcó que en los expedientes se agregaron las denuncias que permiten graficar que no se trata de problemas individuales, sino que son prácticas sistemáticas que lesionan los derechos de un conjunto de consumidores, y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad debido a que estos servicios se convirtieron en esenciales para la cotidianidad en el marco de la emergencia por la Pandemia.

Todas las imputaciones por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 fueron notificadas el 25 de junio y las empresas poseen 5 días para ejercer su derecho a defensa.