Un total de 179 miembros de las FARC comenzaron a responder ante la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá por 900 delitos, entre ellos homicidio, desaparición forzada, desplazamientos, entre otros, que dejaron 7000 víctimas, informó la Fiscalía colombiana.

“Desde hoy inicia el juicio contra los miembros de las FARC que participaron o aplicaron a la ley de Justicia y Paz, bajo el régimen de la ley 975, donde se ha logrado imputar 900 hechos delictivos”, anunció ayer el fiscal de la unidad de análisis y contexto, Leonardo Cabana. La Ley de Justicia y Paz o Ley 975 fue promulgada en 2005 y a ella se acogieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se disolvieron a mediados de 2006 como parte de un proceso de paz con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010). Dicha ley, a la que se pueden acoger los actores del conflicto, establece, entre otras cuestiones, penas alternas de cinco a ocho años de prisión para responsables de delitos graves.

Entre los hechos por los cuales deberán responder penalmente los ex guerrilleros, están: las tomas violentas a la base militar de Miraflores (Guaviare) y a los municipios de Mitú (Vaupés), Puerto Lleras y el caserío El Billar en Meta y Puerto Rico (Caquetá), señaló la Fiscalía en un comunicado. También están dentro del proceso hechos como los secuestros de Ingrid Betancourt, el general Luis Mendieta, Alan Jara, Consuelo González de Perdomo y Jorge Géchem Turbay, entre otros.

Betancourt fue secuestrada por las FARC cuando hacía campaña por la carrera presidencial en febrero de 2002 y estuvo bajo cautiverio hasta julio del 2008, cuando fue liberada junto con otras 18 personas, entre ellas tres contratistas estadounidenses en una espectacular operación militar.

El general retirado de la Policía colombiana Mendieta estuvo casi 12 años en poder de las FARC y fue rescatado en una maniobra militar en 2010.

La Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía acusó, entre otros, a los entonces comandantes de la organización insurgente, Ely Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, ex integrante del Bloque Oriental; José Luis Pabón, del Frente 22; Luis Carlos Chaparro, del Frente 42, y Jerónimo Aljure del Frente 56, agregó la información.

Los guerrilleros investigados se desmovilizaron luego del acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano y ese grupo guerrillero el pasado 24 de noviembre, pero que no se concentraron en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN). En virtud del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC, la plenaria del Senado de Colombia aprobó el pasado 13 de marzo en el último debate la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la columna vertebral del pacto con esa guerrilla.

La JEP investigará, condenará y sancionará a los responsables de los delitos más graves como genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, prostitución forzada y esclavitud sexual, entre otros.

Técnica de los notables estará a cargo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos y del Centro de Investigación Nacional de Educación Popular, ambas con sede en Colombia y que estudian el conflicto armado interno.

Añadieron que el protocolo de funcionamiento del apoyo técnico estará a cargo del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, de Estados Unidos.