El Ministerio de Justicia denunció a Juan Bautista Mahiques, ex subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y ex subsecretario de Asuntos Penitenciarios, a raíz de que en su oficina se encontraron documentos que seguramente provienen de un allanamiento a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Mahiques es hoy fiscal general de CABA y fue una pieza importante en la llamada Mesa Judicial del macrismo. Por eso, justamente, la documentación se le entregó al juez Sebastián Ramos que es el que investiga la Mesa Judicial, una instancia que no significa un delito en sí mismo, pero que comandó todos los operativos ilegales de armado de causas, espionaje y maniobras político--judiciales--mediáticas.

Los documentos fueron entregados junto con un escrito firmado por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, María Laura Garrigós. Sucede que el ministerio está en reorganización por lo que las áreas que manejaba Mahiques se subdividieron. Eso llevó a mudanzas internas y en la limpieza consecuente se hallaron los documentos ahora entregados al juez Ramos. Los papeles estaban en un sobre que fue abierto en presencia de un escribano.

En concreto se trata de contratos originales firmados entre YPF y Austral Construcciones para la provisión de gas en unidades habitacionales o en sedes de la empresa. En sí, los documentos no son prueba de ningún delito, pero llama la atención que esos papeles aparezcan en manos de un funcionario del Poder Ejecutivo, cuando toda la cuestión de Lázaro Báez era un proceso judicial.

Lo que parece quedar claro es que por ser contratos menores fueron desechados en el plan de ofensiva contra el constructor, pero queda testimoniado que en el Ministerio de Justicia tenían, sin razón alguna, documentos que provendrían, por ejemplo, de algún allanamiento a Austral Construcciones o al propio Báez.

También la tenencia de este material deja en claro el involucramiento del Ejecutivo macrista en el manejo de las cuestiones judiciales relacionadas con Báez. El constructor fue uno de los grandes objetivos del gobierno anterior porque, durante los más de cuatro años que lleva detenido, Cambiemos aspiró a que fuera un "arrepentido" y terminara declarando contra Cristina Kirchner. Desde la Casa Rosada hacían correr el rumor cada semana de que "Lázaro se quebró", mientras lo hostigaban de todas las maneras posibles: difundieron escuchas sin valor judicial, metieron preso a uno de sus hijos y lo amenazaron con detener a los otros tres, le guionaron lo que tenía que decir al arrepentido Leonardo Fariña, le embargaron los bienes y dispusieron de las máquinas de Austral.

Lo que correspondía era, si existían delitos, juzgar a Báez de manera legal y legítima, no con maniobras ilegales de todo tipo. En esa ofensiva, la Mesa Judicial del macrismo estuvo al comando y eso es lo que podría explicar que Mahiques tuviera la documentación. Por esa razón, Mena y Garrigós entregaron el material en Comodoro Py el viernes pasado, pero el ingreso oficial se hizo este lunes. Ramos, el juez que tiene la causa de la Mesa Judicial, es el que tendrá la última palabra.