--¿A usted le gustan las armas? --le preguntó la semana pasada el diputado Leopoldo Moreau al ex jefe de contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos, Diego Dalmau Pereyra.

--Sí, compré cuatro, en la Agencia --respondió el ex espía.

--¿En la propia Agencia? --repreguntó Moreau en alusión a la AFI.

--Sí. ¿Por qué?

El diálogo fue parte de una de las declaraciones que tomaron a ex agentes los integrantes de la Comisión Bicameral que fiscaliza los organismos de inteligencia y es el ejemplo más palpable de lo que acaba de denunciar penalmente la interventora de la AFI, Cristina Caamaño: el organismo hizo una venta ilegal de 296 armas propias de distinto calibre entre sus espías y funcionarios a precios “irrisorios”, a alrededor de un 20 por ciento de su valor real, y con mínimos requisitos. Dalmau Pereyra fue uno entre 73 compradores. La causa quedó a cargo del juez Daniel Rafecas y del fiscal Federico Delgado.

En la bicameral, Moreau le preguntó al ex director de Inteligencia si se trataba de un “remate de ocasión”. “Pero era militar yo. ¿Qué me iban a gustar? ¿Las barbies? --se justificó el ex espía, según la transcripción de la audiencia a la que accedió PáginaI12. 

La sospecha de Caamaño es que la venta de armas en forma irregular se utilizó para hacer caja. “La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias y, menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentren en desuso”, dice la presentación judicial. El escrito lleva como principal acusado al ex titular de la AFI Gustavo Arribas, e incluye a un ex funcionario cuya identidad permanece en reserva y el ex presidente Mauricio Macri, como “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.

La denuncia explica que Arribas dictó dos resoluciones que habilitaron esta suerte de mercado de armas en la AFI: una en 2017, que declaraba el armamento en condiciones de “rezago” “por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación” y, en función de eso, autorizaba su venta “a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean credencial de legítimo usuario”. El procedimiento de venta que aprobaba consistía en el descuento del valor establecido a través del pago de haberes. Pero Caamaño denunció que el informe de Arribas no mostraba que se tratara de “armamento de rezago sino que se lo clasifica como material en desuso”, lo que implica que no se trataba de “residuos” sino que tenía cualidades para seguir siendo utilizado. Estaban “aptas para el disparo y utilización”.

El área de Seguridad del organismo cotizó el valor de mercado en dólares de las armas y lo contrapuso con los precios a los que fueron vendidas, que rondan el 20 por ciento: las pistolas FM Browning 9 mm cuestan 200 dólares cada una pero fueron vendidas a 3900 pesos por unidad; la escopeta Beretta calibre 12/70 y las pistolas Smith/Wesson 9mm cotizan a 300 dólares cada una y fueron vendidas a 5800 pesos; las pistolas Beretta 9 mm, las Glock 17 y 19 de 9 mm, los revolver Ruger 357 y los Colt Trooper 357, cuestan unos 400 dólares cada uno pero las Beretta se vendieron a 7700 pesos y el resto a 7900. Los Ruger y Colt, al parecer, eran de colección: tenían una leyenda que decía “200 años de libertad de América”.

“Permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad en los términos del artículo 248 del Código Penal”. La tasación tampoco respetó el reglamento de Bienes del Estado y por eso el planteo señala el delito de administración fraudulenta. Las armas tienen un régimen propio y, además, la venta de cualquier bien del Estado debe pasar por una tasación y salir la venta por una subasta en un banco público, explicaron en la AFI.