El gobierno negocia hasta último minuto la extensión del programa de Precios Máximos, que vence este martes. La posible prórroga hasta finales de julio es muy resistida por parte de la industria alimenticia, aunque todos los actores involucrados saben que es difícil de evitar, dado el contexto de endurecimiento de la cuarentena y fuerte deterioro de las condiciones socio-económicas. El congelamiento de los bienes básicos permitió moderar la suba de precios al consumidor y con ello viene haciendo su aporte para evitar una pauperización aun mayor de la situación económica de la población.

En el ámbito empresarial, hay posiciones que comprenden que si hay necesidad de recomponer rentabilidad, todavía mucho más urgente es la situación de la mayor parte de los hogares del país. También hay empresas más intransigentes, donde se destacan varias grandes de la alimentación, que presionan con subas. De hecho, en las últimas semanas las empresas enviaron gran cantidad listas de precios con aumentos. Una posibilidad que se baraja para atender algunos pedidos es actualizar Precios Cuidados con subas en los artículos incluidos en esa lista.

La marcha inflacionaria de alimentos y bebidas, artículos de limpieza e higiene personal es, junto con los alquileres, el principal determinante del gasto de los hogares, dado que los servicios públicos y los combustibles están estables. En alimentos y bebidas, la inflación se moderó en mayo, con un aumento de apenas el 0,7 por ciento mensual, y esta tendencia habría continuado en junio, advierten las consultoras. 

En buena medida, la baja de la inflación en alimentos y bebidas se debe a la vigencia del plan de Precios Máximos, que obliga a los supermercados y los grandes mayoristas a vender a precios del 6 de marzo. Por fuera de ese universo, los comercios de barrio y supermercados chinos tienen mayor margen para aumentar. Si bien hay aumentos, el congelamiento en las grandes cadenas pone un techo a la inflación del rubro.

Precios Máximos fue lanzado con el comienzo de la cuarentena, el 19 de marzo, con un primer plazo de vigencia de treinta días. Conforme se fue extendiendo el aislamiento social obligatorio también se prorrogó el congelamiento de precios, primero hasta el 20 de mayo y luego hasta el 30 de junio, es decir, hasta este martes.

De cara a un julio durísimo en el área metropolitana de Buenos Aires a raíz del endurecimiento de la cuarentena y las consecuencias que ello trae en materia de trabajo e ingresos para millones de personas, el gobierno encara una nueva extensión de Precios Máximos. El escenario más probable es la prórroga por treinta días.

A pesar de la delicada situación social, las empresas proveedoras y supermercados presentan cada vez más resistencia al congelamiento. “En los últimos días recibimos más de 50 listas de precios de los proveedores con aumentos para aplicar en julio”, indican desde un mayorista. Los supermercados se quejan que muchos proveedores pueden descargar aumentos de costos sobre los canales tradicionales (comercios de barrio y supermercados chinos) mientras que las grandes cadenas no pueden aumentar porque informan precios directamente a la Secretaría de Comercio. También advierten que las empresas alimenticias quitaron las bonificaciones del estilo 2 por 1.

Arcor, Molinos Río de la Plata,  Molinos Cañuelas, Aceitera General Deheza (AGD) y las yerbateras son algunas de las empresas que presionan para que se relajen el congelamiento de precios. El riesgo de que las conversaciones no lleguen a un entendimiento es que los faltantes puntuales que hay actualmente se profundicen hasta transformarse en un problema general.

Uno de los argumentos del gobierno para justificar el congelamiento es que el actual nivel de consumo popular se explica en una parte en el propio gasto del Estado, que paga parte de los salarios a través del ATP y transfiere dinero con el IFE. Y que la idea es que esos recursos públicos permitan sostener ingresos de los hogares, no que terminen yendo hacia las empresas.   

Tanto proveedores como supermercados responden que a lo largo de estos meses tuvieron aumento de costos. Hay empresas que plantean un atraso del 20 por ciento. Por el lado operativo, dicen que las licencias a trabajadores con factores de riesgo obliga a la contratación de empleados eventuales, mientras que hay mayores gastos en transporte de los trabajadores, insumos sanitarios y seguridad. También mencionan subas de costos de paritarias y tipo de cambio.