Mientras aumentan los casos positivos de coronavirus entre el personal sanitario, y continúan los reclamos por la falta o calidad de los insumos de bioseguridad, la justicia porteña intimó al Gobierno de la Ciudad a reforzar la entrega de elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores de la salud de los hospitales públicos. La resolución judicial, que se extiende a todos los hospitales, señala que se debe dar prioridad a aquellos que “se encuentran en estado crítico" como es la situación "denunciada del hospital Rivadavia y del hospital Fernández”. El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Marcelo López Alfonsín dispuso, además, que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deberá dar un informe sobre la cantidad de EPP entregados de acuerdo a la situación de cada hospital, e intimó a Provincia ART a que ejerza un control exhaustivo sobre el GCBA respecto al cumplimiento de los protocolos sanitarios.
La resolución del magistrado se inscribe en un proceso que se inició con el pedido de de una medida cautelar, por parte de ATE Capital, para que el Gobierno porteño cumpliera con la normativa vigente y las recomendaciones de los ministerios de Salud, tanto de Nación como de Ciudad, frente a la covid-19, y entregara los insumos adecuados y los elementos de protección personal para cada tarea a los trabajadores. Si bien la medida fue apelada por el Gobierno, la Sala III de la Cámara de Apelaciones del fuero Contenciosos la ratificó. El jueves pasado, ante el incumplimiento por parte de las autoridades porteñas, el juez López Alfonsín intimó al Gobierno de Larreta a entregar al personal de salud de EPP a efectos de evitar el desabastecimiento.
Además, como en la causa, las respuestas que aportó el GCBA respecto a los insumos fueron de carácter genérico, ya que sostuvo que "no existe faltante de insumos para el personal de salud“ y que “la provisión de los elementos de protección personal se encuentra garantizada en todos los nosocomios de la CABA”, sin mayores dar mayores precisiones, el magistrado dispuso que las autoridades deberán presentar un informe con estadísticas sobre el equipamiento.
Para el juez "la información aportada por el GCBA carece de sustento estadístico para dar cuenta de la suficiencia del material entregado, principalmente, ante la ausencia de otros datos relevantes que permitan contrastar el stock existente con la cantidad de personal de salud con el que cuenta cada nosocomio y con el número de pacientes que están siendo atendidos en los hospitales de la Ciudad". Por este motivo, el informe deberá reflejar "la cantidad de elementos de protección personal entregados de acuerdo a la situación de cada hospital, respecto de la cantidad de personal de salud que se encuentra en funciones según las tareas a cargo de cada agente y respecto del número de pacientes atendidos".
También dio por incumplida la medida cautelar respecto a la aseguradora, que inspeccionó sólo 4 de los 33 hospitales de la Ciudad, pese a la orden judicial dictada. Y la intimó a "intensificar las medidas de prevención a su cargo, que implican un control exhaustivo sobre el GCBA (...) para lo cual deberá supervisar y realizar las inspecciones correspondientes a los distintos hospitales de la Ciudad con especial foco en el Hospital Rivadavia y el Hospital Fernández".
Al respecto, Zulma Lovay, jefa de enfermería de la sección de Infectología del Hospital Fernández y delegada de ATE dijo a este diario que "el fallo es un paso adelante ya que desde que comenzó la pandemia venimos reclamando por la falta de insumos y por la calidad". "Sin elementos de protección cada vez va a quedar menos personal de salud para atender a los enfermos", añadió.
En el mismo sentido, el delegado general de la Junta Interna de ATE del Hospital Rivadavia, Rodolfo Arrechea, dijo a Página/12 que "el Gobierno de la Ciudad tiene que dar información y para eso el fallo es importante". "Además, es un reconocimiento a los reclamos que venimos haciendo, que no son inventos", señaló .