Dos abogados defensores de represores en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de San Juan recusaron al fiscal federal de Mendoza Dante Vega por  los comentarios que había hecho en una nota de opinión publicada en este diario , en la que criticó la insistencia de las defensas para que no fuera retomado el debate por la vía remota. Para los abogados, los comentarios de Vega configuran una “falta a la ética” y una “ausencia de imparcialidad” de su parte. El Tribunal Oral Federal de San Juan espera la respuesta del representante del Ministerio Público para tomar una decisión. Fuente judiciales aseguran que la recusación esconde una intimidación no solo al fiscal, sino también a los jueces.

La recusación provino de los abogados Eduardo San Emeterio, Marcelo Fernández Valdez y Sandra Leveque. San Emeterio defiende genocidas desde que comenzó el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, pasó por el Ejército y tiene un pasado activo en la ex SIDE Estuvo al frente de la estrategia letrada de los ex militares condenados Antonio Olivera y Gustavo De Marchi; incluso de Luciano Benjamín Menéndez. En el tercer tramo de la megacausa por los crímenes de la última dictadura en territorio sanjuanino, que se retomó recientemente, defiende al exmilitar Marcelo López junto con Leveque, que además es responsable de la representación letrada del ex fiscal federal Juan Carlos Yanello, único civil acusado en ese debate.

A fines de la semana pasada, presentaron ambos un escrito ante el TOF de San Juan en el que solicitaban la habilitación de la feria judicial --que desde que se ordenó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus redujo la actividad judicial a trámites esenciales y restringidos a la vía remota-- para tratar la denuncia y la recusación que emitieron contra Vega por el artículo de opinión “Los juicios por delitos de lesa humanidad deben (y pueden) continuar”. Allí, Vega describe algunas posturas de las defensas en el juicio sanjuanino, en el marco de la más reciente audiencia preliminar que se desarrolló para poner a punto el sistema virtual para la realización de las audiencias, que tuvieron como objetivo evitar la puesta en marcha del debate.

Para las defensas, las descripciones significaron “una grave falta de respeto a los letrados defensores lo que podría llegar a constituir una encubierta y posible influencia al Tribunal de juicio, para obligarlo a actuar a toda costa, sin importar el más elemental derecho de defensa de los imputados y la debida protección a los testigos, víctimas o no”.

El TOF de San Juan podría haber dado una respuesta a la denuncia de les defensores directamente. Sin ir más lejos, así procedió anteriormente, cuando se había intentado apartar de un debate a Vega por ser integrante de la agrupación Justicia Legítima. En esta ocasión, les magistrades Paula Marisi, Alberto Carelli y Gretel Diamante quisieron saber qué tenía para decir el fiscal, así que le corrieron vista de la presentación y le dieron dos días para que responda. En eso está.

Aunque la intención es no dar demasiada importancia, desde la Fiscalía aseguraron que responderán los planteos de les defensores. Del análisis que sobrevuela el episodio resulta que la recusación es “una forma de intimidación” y una maniobra más que “apunta a tirar el juicio abajo”, señalaron fuentes judiciales.

Más allá de este caso en particular, cabe remarcar que la de recusar no es una estrategia desconocida para San Emeterio. Ya la ha utilizado en ocasiones anteriores. Sin ir más lejos, aún resta resolver una presentación reciente que en ese sentido realizó contra el propio presidente del TOF sanjuanino, Carelli, en el mismo juicio del que ahora quiere quitar a Vega de juego. La razón de ser de esta recusación radica en que el mismo abogado lo denunció penalmente por abandono de persona luego de que el magistrado le negara la prisión domiciliaria a su defendido en la causa que está en debate en Mendoza, Jorge López.