Una marcha para frenar los retrocesos

Detrás de la bandera de los desaparecidos en manos de integrantes de organismos de derechos humanos, avanzará hoy por avenida de Mayo, en primera línea, el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Esa será una de las consigna centrales de la marcha de este 41 aniversario del último golpe de Estado. Lo seguirán las columnas sindicales, el movimiento obrero con protagonismo de las juventudes de la CGT, que también tuvo un lugar central el año pasado, tras las primeras olas de despidos del gobierno de Mauricio Macri. “El mismo plan económico, la misma lucha. Paremos la miseria planificada”, es la consigna principal de las Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Se trata de un reclamo contra la reimplantación de un modelo de exclusión que perciben como continuador del impuesto por José Alfredo Martínez de Hoz y, a la vez, un homenaje al escritor y periodista Rodolfo Walsh, de cuyo secuestro se cumplen mañana 40 años. Otro de los mensajes importantes de la jornada es la reivindicación de los 30 mil desaparecidos y la reafirmación de que aquí se cometió un genocidio. Es la respuesta a la avanzada que quiere destruir los consensos sociales acerca de lo que significó el terrorismo de Estado, en un contexto de retiro del Estado del proceso de Memoria, Verdad y Justicia y cuando el país vuelve a ser convocado por los organismos internacionales defensores de los derechos humanos no ya como modelo, sino para rendir cuentas de detenidos políticos y de la criminalización de líderes sociales y gremiales. 

A un año y tres meses del gobierno de Cambiemos, las convocatorias de este 24 de marzo (Madres, Abuelas, Familiares e HIJOS convocan a las 14 a  Plaza de Mayo y organizaciones de izquierda y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a las 15 a Congreso) aparecen como respuesta a las políticas públicas del gobierno en el amplio campo de vulneración de derechos. También como un escenario que se afilia a las enormes movilizaciones de los últimos meses, pero que muestra una dinámica propia del movimiento de derechos humanos. Para algunos, hay un proceso que está instalado en la sociedad, que tiene muchos años, está consolidado y por eso no tiene marcha atrás. Pero también hay un movimiento que sale a la calle para sostener lo que hasta ahora parecía etapa superada pero ahora peligra: la institucionalización del proceso de justicia y las políticas públicas del Estado en ese área.  

“Hay una sensación de vuelta a los primeros tiempos”, dice Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “Cuando los organismos de derechos humanos vuelven a necesitar la calle para instalar un reclamo que parecía cerrado aparece una bisagra que habla de que cómo esto salió de la agenda del gobierno”. 

Ese diálogo entre el retraimiento del Estado y la calle, también en el campo de los derechos humanos, es una marca del presente. Pablo Llonto, del colectivo de abogados de lesa humanidad Mario Bosch, explica que allí hay un punto esperanzador. “Quieren joder, pero no pueden. Los juicios siguen. Las investigaciones siguen, hay más genocidas denunciandos, pistas para buscar desaparecidos y nietos. Es cierto que a todo esto quieren ponerle un pie encima, pero los intentos de quienes prueban distintas herramientas para frenar a los juicios, fracasan. Ya sea que se llame resistencia o por el mantenimiento firme de las familias, de los querellantes, de los periodistas, como aquella reacción de los trabajadores del diario La Nación cuando repudiaron el editorial que exigía el fin de los juicios. Las plazas, las marchas, las baldosas y las marcas que siguen haciéndose. Eso lo van a querer frenar, pero evidentemente no han podido”.

Episodios como la marcha atrás del Gobierno con el DNU que trasformaba el 24 de marzo en un feriado turístico parecen mostrar que hay ciertos grandes pisos de consensos que son aún más grandes de lo que se perciben. En eso piensa Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuando menciona la rebelión de intendentes, gobernadores y hasta de voces dentro de la propia alianza de gobierno. “En ese episodio se vio que hay muchos anticuerpos que generó el movimiento de derechos humanos, pero también toda la sociedad - dice– Hay pisos muy altos y consolidados de consenso de la sociedad argentina, pero también hay un reconocimiento de la comunidad internacional sobre Argentina por este proceso. Eso quedó muy claro para el propio gobierno el año pasado con la visita de Barack Obama cuando Macri tuvo que salir a las corridas a organizar una reunión con los organismos. La clase política también es consciente de eso” (ver página 4).

Para atrás 

Si una de los datos centrales del ciclo que concluyó en diciembre de 2015 fue el de un alineamiento de los tres poderes del Estado en el impulso de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, lo que siguió es un franco retroceso. Las políticas públicas en esa línea salieron de la agenda, o en el mejor de los casos permanecen en estado marginal.

Entre diciembre 2015 y marzo de 2016, el Ejecutivo desmanteló el área de derechos humanos del Banco Central encargada de investigar el sistema financiero de la dictadura; las tres divisiones de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad: coordinación de huellas, el Grupo Especial de asistencia para casos de apropiación de niños y luego el área de asistencia a la Justicia en la investigación de documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía, con aportes centrales en las causas judiciales como “vuelos de la muerte”. Los Equipos Especiales de Archivos de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa –con 10 de los 13 trabajadores originales– no se desarmaron pero no pudieron desclasificar un sólo fondo documental en 2016, no pudieron actualizar la página de archivos abiertos, no realizaron publicaciones ni difusión y no contaron con insumos mínimos para la digitalización de archivos. Los contratos de varios trabajadores vencen el 31 de marzo y aún no saben si continuarán. El desmantelamiento de las áreas de investigación tuvo correlatos. El expediente por la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a Patrimonio Histórico de la Humanidad de la Unesco estuvo en un cajón detenido entre febrero y octubre. El Ejecutivo no entregó partidas para la preservación del edificio ordenada por la justicia, dado que es prueba judicial. En el espacio de los juicios, la secretaría de Derechos Humanos mantuvo sus querellas en distintas causas, pero se retiró de algunos expedientes emblemáticos: impulsora de la causa Papel Prensa, dispuso no apelar la decisión del juez Julián Ercolini que sobreseyó a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y, entre otros, Bartolomé Mitre. Las primeras líneas del gobierno alentaron los arrestos domiciliario de represores que estaban detenidos en cárceles comunes. Se derogó el decreto que prohibió la atención de represores en los hospitales militares y volvió a habilitar la Unidad 34 de Campo de Mayo, ubicada en un predio del Ejército, considerado parte del sistema de cárceles especiales que años atrás provocaron la fuga de detenidos. El programa de protección de testigos quedó a cargo de un subteniente de Caballería del Ejército. Y hubo encuentros no difundidos de funcionarios con las asociaciones que piden impunidad para los represores.

También es cierto que a pedido de los organismos de derechos humanos el gobierno obtuvo el acceso a parte de los archivos de inteligencia de Estados Unidos cuyo análisis aún no arroja resultados significativos y archivos de Francia. Que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada durante el gobierno de Carlos Menem a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, continúa con su trabajo. Pero uno de los datos de mayor preocupación está en el plano del discurso. Con un presidente que habla de “guerra sucia” y al que nunca se le escuchó en público pronunciar la palabra “desaparecidos”. Con un regreso a conceptos pre Juicio a las Juntas. Con Darío Lopérfido y Juan José Gómez Centurión, dos funcionarios, como símbolos del intento de impugnar que la última dictadura planificó y ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas y de apropiación de niños. Como puntas de lanza, junto con algunos comunicadores, de la tarea de desprestigiar a Madres, Abuelas y Familiares y otros referentes de organismos de derechos humanos, que son las voces que representan al país ante el mundo, una constante desde 1983 hasta hoy, más allá de cualquier gobierno. En esa línea, también se asienta el peso simbólico del desfile del 9 de Julio con los militares carapitandas. Escenas que suelen concluir con un funcionario que hace la exégesis del Presidente (o de otro funcionario) y corrige lo incorregible.  

“El negacionismo es la batalla cultural más importante de los próximos tiempos. Existe un mecanismo de des-historizar al servicio del presente: aquello aparece como una exacerbación de la grieta, un problema de intolerancia entre argentinos, cuando en realidad la dictadura no fue producto de la intolerancia sino una respuesta impiadosa del imperialismo para detener la avanzada de una lucha por otro país y otra región”, dice Adriana Taboada, de la Comisión de Familiares de Zona Norte. 

 

Antídotos

Uno dato de este año fue el cambio en la dinámica de comunicación entre actores del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. La mesa de organismos de derechos humanos, con trece organizaciones, comenzó a reunirse el año pasado, primero mensualmente y luego semanalmente. Diseñaron una red de comunicación de correo para tener a mano mecanismos de consensos rápidos y respuestas inmediatas ante las malas noticias. Las y los abogados de las causas de lesa humanidad se organizaron en 2011 como colectivo, pero en 2016 comenzaron a organizar un modo de datar los retrocesos y presentaron por primera vez un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir una audiencia “ante el nuevo escenario político tras la asunción del nuevo gobierno nacional (en el que) se advierten algunas luces de alarma y preocupación que no pueden dejar de señalarse y corregirse”. También catorce autoridades de las secretarías de derechos humanos de distintas provincias generaron con un espacio para consensuar comunicados en clave de alerta. En ese universo, también puede pensarse al Comité por la Libertad de Milagro Sala, que nació en marzo de 2016 con un nombre que intentó situarla como detenida política y buscó pensarse como herramienta de comunicación en el escenario internacional. 

“Hay cuestiones simbólicas, como el desfile del 9 de julio, que al mismo tiempo reflejan las posiciones de lo que no se ve, que es una política de Estado que marque el rumbo sobre el proceso de Memoria, Justicia y Memoria. Pero ante esa falta, hay intersticios. No hay posición única en el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, el principal activo de estas políticas es el consenso social. Es la línea sobre la cual la sociedad argentina decidió trazarla y no retroceder”, asegura Chillier.