Desde Caracas

El presidente Nicolás Maduro dio 72 horas a la embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante, para dejar el país. La decisión fue expresada el lunes por la noche, luego de que la UE anunciara nuevas sanciones a funcionarios venezolanos. La UE, por su parte, anunció este martes que convocará a la embajadora de Venezuela ante la UE, Claudia Salerna Caldera, ante las instituciones europeas. Josep Borrell, representante para Asuntos Exteriores, quien condenó la decisión del gobierno venezolano, anticipó que habrá “medidas necesarias habituales de reciprocidad”.

“¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza?”, afirmó Maduro al anunciar la decisión. Las nuevas sanciones europeas afectaron a 11 personas, entre ellas, a miembros de la dirección de la Asamblea Nacional Constituyente, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y de la Asamblea Nacional (AN) reconocida por el TSJ, en particular a su presidente Luis Parra.

Las sanciones habían sido anticipadas por la UE el pasado 9 de enero, cuando, en un comunicado, la diplomacia europea respaldó nuevamente a Juan Guaidó como presidente de la AN, luego de que el 5 de enero el órgano legislativo quedara dividido en dos directivas: una encabezada por Guaidó y otra por Parra.

El total de sancionados por la UE asciende así a 36 personas. Las medidas implican la prohibición de viajar a territorio europeo, el congelamiento de activos y se suman al embargo de armas decretado en noviembre del 2017.

La decisión europea tuvo lugar luego de que el pasado 12 de junio el TSJ nombrara la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Unión Europea no reconoció la validez de ese acto, por lo tanto, al nuevo poder electoral, institución medular de las elecciones legislativas previstas para este año.

Jorge Arreaza, canciller venezolano, rechazó entonces la “pretensión europea de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas en Venezuela”.

La decisión tomada por el gobierno venezolano respecto a la embajadora europea es así una respuesta a las declaraciones y medidas europeas. “Vamos a ordenar nuestras cosas con la UE, vamos a ir paso a paso, ya basta, si no nos quieren que se vayan, si no respetan a Venezuela que se vayan”, indicó Maduro.

El presidente también se refirió al caso específico del embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, sobre quien, afirmó, “Venezuela se reserva las acciones diplomáticas”, debido a su rol en la denominada Operación Gedeón, el intento de un desembarco armado en las costas del país a finales de mayo, del cual participaron dos mercenarios estadounidenses.

Maduro señaló la “complicidad” de Silva “con los actos criminales denunciados en el Wall Street Journal. El periódico estadounidense publicó un reportaje pocos días atrás donde indicó que López consideró “al menos seis propuestas de contratistas de seguridad privada para llevar a cabo incursiones militares para provocar una rebelión en las fuerzas armadas de Venezuela y derrocar al presidente”.

Leopoldo López se encuentra en la embajada de España desde el 30 de abril del 2019, luego de su intento fallido de encabezar un golpe de Estado junto a Guaidó y un grupo de militares. Así, según denuncias del gobierno y ahora de la investigación del Wall Street Journal, el dirigente del partido Voluntad Popular fue parte central del plan de la Operación Gedeón desde la embajada.

Esta nueva sucesión de hechos entre Venezuela y la UE sucede antes de las próximas elecciones legislativas que deberán ser anunciadas por el CNE. Todo indica que los comicios no serán reconocidos por quienes actualmente no reconocen al gobierno de Maduro, es decir centralmente Estados Unidos, Canadá, la UE, los gobiernos de derecha de América Latina.

El cuadro internacional respecto a Venezuela seguirá así similar al actual, donde, ese conjunto de gobiernos desconocerá los comicios, sus resultados y la nueva AN electa. ¿Qué sucederá luego? Seguramente una situación también similar a la que ahora acontece, con mayores sanciones y un intento de institucionalidad paralela, cada vez más reducida, bajo la figura de Guaidó.

El cambio estará a lo interno del país, donde participarán diferentes partidos de la oposición. Ese crecimiento de factores dispuestos a participar de las elecciones es el principal cambio que se ha venido construyendo en los últimos meses a través de diferentes mecanismos de diálogo. Parra, sancionado por la UE el lunes, es uno de los dirigentes que respaldan la próxima contienda electoral.

Aún faltan varios meses para las elecciones. Mientras tanto Venezuela enfrenta otro conflicto: la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por parte de la República Cooperativa de Guyana para tratar acerca del territorio en reclamación de Guayana Esequiba, territorio venezolano apropiado ilegalmente por Gran Bretaña a inicios del siglo XIX.

El gobierno venezolano ya anunció su desconocimiento de la audiencia de la CIJ iniciada este martes, debido a que la Corte “carece de jurisdicción para tratar la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba”, uno de los reclamos históricos de Venezuela.