Jorgia Machado tiene 33 años llegó de Brasil hace ocho, estudia audiovisuales, en febrero se quedó sin trabajo, estaba por ingresar a un nuevo empleo, pero no pudo terminar el examen pre ocupacional justo cuando arrancó la pandemia. “Apliqué al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero me lo negaron. A partir de este mes ya no me queda plata para pagar mi alquiler, aunque la ley dice que no nos pueden desalojar no confío, estoy muy complicada. No tengo trabajo, ni siquiera pude acceder al seguro de desempleo, en mi último empleo me indemnizaron con un cheque que nunca logré cobrar. También doy clases de inglés y portugués, pero mis alumnos ya no me pueden pagar las clases por eso también perdí esa fuente de trabajo. El dinero tampoco me alcanza para comprar un vuelo y volver a mi país”, cuenta.
Ante la desesperación, Jorgia comenzó un emprendimiento de comida con su pareja, cocinan y hacen repartos en bici. “Las dos somos grupos de riesgo, tenemos problemas respiratorios, yo soy asmática desde que nací, pero igual nos exponemos porque tenemos que conseguir algo de dinero como sea. Hoy llegó mi factura de luz con aumento, ya no tengo tampoco para pagar la luz. No sé cómo vamos a seguir. Intenté de todo para tratar de salir de esta situación.”
Jorgia es una de las tantas migrantes que se encuentra sin trabajo. En época de pandemia y aislamiento las condiciones socio económicas de las mujeres migrantes cis, travestis y trans están bajo absoluta vulnerabilidad. Muchas de ellas se encuentran atravesando la cuarentena con su documento de identidad en trámite, incluso aquellas que ya cuentan con más de dos años de residencia en el país y poseen DNI nacional, tampoco fueron beneficiadas con el IFE. Hoy sobreviven gracias a una red de ayuda solidaria creada por militantes y vecinxs que integran organizaciones sociales y políticas y les acercan un plato de comida desde los comedores y centros comunitarios.
Lourdes Rivadeneyra es referente de la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina, llegó de su Perú natal hace 25 años y comenzó a militar por los derechos de lxs migrantes en nuestro país cuando aún estaba vigente la Ley Nacional de Migraciones N°22439. Más conocida como la Ley Videla, negaba el acceso a derechos esenciales como salud, educación y vivienda a aquellxs migrantes que no contaban con una residencia regular en el país y habilitaba su expulsión y/o detención, sin tener en cuenta que la principal causa de la falta de documentación se debía a los obstáculos impuestos por la propia Dirección Nacional de Migraciones. La ley fue derogada en 2004. Lourdes asegura: “Si bien en el Estado argentino hay políticas sociales que tienden a paliar un poco esta situación para la comunidad migrante, no alcanzan. Solo algunas mujeres migrantes han podido acceder al IFE, como por ejemplo las que recibían la asignación universal por hijo. La gran mayoría trabajan en casas de familias o tienen un trabajo independiente que con la cuarentena no lo pudieron mantener.”
En Villa Celina, La Matanza hay alrededor de 200 mujeres migrantes que trabajaban en talleres clandestinos, en condiciones laborales extremadamente precarias. Esos lugares hoy cerrados, dejaron a las migrantes sin ningún ingreso, desde la Red de Migrantes organizan viandas que entregan todos los días para que al menos puedan acceder a un plato de comida. “Estamos asistiendo con alimentos a 2800 familias, todos los días nos escriben por mail y redes sociales, pidiendo ayuda, al principio nos pedían comida, ahora nos llaman porque las están desalojando. Habría que empezar a pensar en la pos pandemia. Qué va a pasar con todas esas compañeras que hoy se están quedando en situación de calle. Las que tienen documento podemos conseguirle algún subsidio habitacional o darle alguna ayuda, pero la que no tienen documento no hay forma a no ser la voluntad de las propias compañeras migrantes. Hoy las y los migrantes nos estamos ayudando entre nosotros, las organizaciones estamos donde el Estado no está”, asegura Rivadeneyra.
Entre el 22 de abril y el seis de mayo, el Espacio Agenda Migrante 2020, conformado por más de 100 organizaciones de migrantes, derechos humanos e instituciones académicas, realizó un informe para conocer en profundidad las necesidades y dificultades que atraviesan lxs migrantes a nivel nacional en contexto de aislamiento, a través de consultas y entrevistas. Del total de personas encuestadas (1266) el 64% son mujeres el 33% varones y 3% se identificó dentro de la población LGBTIQNB. Esto es solo una pequeña muestra que da cuenta de la feminización de la migración, la gran cantidad de migrantes en Argentina son mujeres y jefas de hogar.
En el barrio Tongui, ubicado en la localidad de Lomas de Zamora hay tres merenderos que sostiene la Red, cuenta Rivadeneyra: “las que se organizan para dar un plato de comida todos los días son mujeres, en Pilar sucede lo mismo, en José C Paz también, en la red hay solo dos referentes varones, las que nos ponemos el cuerpo somos todas mujeres y el rol de cuidado siempre recae en nosotras.”
Giovanna forma parte de la Red de Migrantes, es una de las 30 mujeres de esa organización que hoy sostienen lazos de solidaridad, ollas populares, merenderos y comedores para asistir a más de las 150 familias del barrio Tongui en Lomas de Zamora, una pequeña Latinoamérica en el sur del conurbano bonaerense. Todos los días cocinan en el centro comunitario del barrio, de manera voluntaria, preparan almuerzo y merienda y lo reparten a las familias de migrantes que a partir de la pandemia se quedaron sin ingresos. “Somos mujeres de distintos países, muchas de ellas trabajan en talleres clandestinos, pero hoy se quedaron sin trabajo. Yo tengo miedo de contagiarme, pero no puedo dejar de hacer las ollas populares porque la gente no tiene ni para comer, vienen a tocarnos la puerta del comedor a pedirnos por favor que le demos un plato de comida, acá as personas no tienen internet, no pudieron solicitar el IFE. No hay posibilidad de quedarse en casa porque tienen que salir a buscar un plato de comida, es muy desesperante”, asegura.
Mientras Giovanna cuenta con la voz entrecortada lo que vive día a día no puede contener el llanto, todavía no pudo hacer el duelo a la distancia a sus familiares que fallecieron por coronavirus en su Perú natal, saca fuerzas de donde no hay y asegura: “Tengo que seguir trabajando porque la gente nos toca la puerta todos los días para pedirnos un fideo, tenemos que responder, me da mucha tristeza ver a los chicos que vienen a pedir comida porque tienen hambre, es muy angustiante.”
De acuerdo al informe, más del 70% de las personas encuestadas declaró que su fuente de ingreso se vio fuertemente reducido al iniciarse el aislamiento. “El 58% indicó que dejó de percibir por completo un salario o ingreso y el 13% parcialmente. A su vez, solo el 25% se encontraba trabajando de manera formal antes de iniciarse el aislamiento; entre los rubros más afectados, donde la población migrante se encuentra fuertemente representada, como el trabajo en casas particulares, la construcción, la actividad frutihortícola, y la venta ambulante, forman parte de la gama de trabajos informales”, señala.
Mientras Catherine Fulop se ríe en un video porque su empleada se quedó “encerrada” en su casa Rivadeneyra cuenta que muchas de sus compañeras que trabajan en casas particulares dejaron de recibir ingresos y otras si seguían trabajando debían permanecer en esos hogares, sin ver a su familia, sin poder salir ni siquiera los findes de semana y, peor aun, sin percibir un ingreso mayor por quedarse. “No sabían si irse y perder su empleo o quedarse, muchas de ellas son el único sostén de su hogar, no tienen a nadie con quien dejar a sus hijos. La primera compañera que se infectó era de la Villa 31, trabajaba en la casa de una señora que había vuelto de Italia y que también se contagió. Esa es la vulnerabilidad en la que nos encontramos todas las migrantes, más aquellas que tienen esos trabajos”, cuenta.
Con respecto a la documentación de lxs migrantes consultadxs en el informe, el 29% posee una residencia precaria, se encuentra tramitando la radicación o aún no ha iniciado el trámite de residencia, es decir, no posee DNI argentino. Esta situación lxs ubica en una mayor precariedad laboral, sin poder acceder tampoco al permiso de circulación emitido por el gobierno nacional.
Más del 80% de las personas entrevistadas no pudieron acceder al IFE, ni siquiera aquellxs migrantes que contaban con documentación actualizada y residencia de más de dos años en el país. “La gestión macrista dejó más de 70 mil expedientes sin resolver, hay un universo enorme de personas que está sin documento y por eso no pueden acceder a ninguna ayuda social que da el gobierno. A las personas que se le negó el IFE, Anses responde que no cumplen con los dos años de residencia en el país, pero son personas que están hace diez o más. Cuando hacen el documento les dan una precaria, después les otorgan un documento que es válido por dos años, pasado ese tiempo obtienen el DNI permanente donde en vez de figurar la fecha de inicio del primer trámite figura la fecha del último cambio. Alguien que llegó hace cuatro años figura que solo tiene un año en Argentina. Ahí hay una falencia muy grave, por eso hay muchas migrantes que no pudieron acceder al IFE, aunque cumplían con todos los requisitos”, explica Lourdes.
Ser migrante sin derechos
Ser travesti, trans, migrante, pobre, negra, india, algunas criminalizadas, en contexto de pandemia significa estar en el último eslabón, vidas totalmente vulneradas. Claudia Vásquez Haro es presidenta de la Asociación Civil Otrans, que trabaja la problemática de la comunidad travesti trans con foco especialmente en la ciudad La Plata: “Las travestis y trans migrantes tienen la dificultad no solo de encontrarse en situación de prostitución sin un trabajo formal, además más del 50% no tiene un DNI y por ello no puede acceder a ningún derecho. Hoy en pandemia están recluidas, sin bolsón de comida, sin poder trabajar, alquilando piezas de donde las están echando o les cobran precios irrisorios”, asegura.
El barrio José Luis Cabezas en Ensenada está aislado debido al incremento de contagios por Covid-19. Haro milita en ese distrito desde hace 20 años, allí viven 20 travestis y trans migrantes peruanas que llegaron a Argentina en un exilio obligado frente a las nulas posibilidades de supervivencia en su país. “En ese barrio ya hay 10 compañeras contagiadas, cinco de ellas conviven con HIV, nosotras desde la organización les estamos consiguiendo la medicación que el Estado no les da. No les llega ninguna bolsa de comida y ninguna fue beneficiada con el IFE porque no tienen documento, ese es el principal obstáculo.”
Las migrantes que no cuentan con documentación regular se encuentran excluidas también del sistema de salud público, si llegan a un hospital sin documentos les niegan atención, Rivadeneyra cuenta: “Tenemos un caso de una mujer que se tiene que operar urgente y tiene el documento vencido, ella hizo el trámite y está esperando que la Dirección Nacional de Migraciones responda, no la quieren operar porque no tiene documento, esto es un retroceso muy grande, me recuerda a la ley Videla, pero la ley actual 25871 establece que a pesar de que no tengas documento, el Estado tiene que brindarte atención porque la salud es un derecho humano.”
Otro dato importante a destacar del informe es que el 23% de lxs migrantes no poseen acceso a internet en su vivienda y el 21% no tiene una computadora, lo que significa que una gran cantidad no puede solicitar el IFE, acceder a la modalidad de educación virtual para sus hijxs ante el cierre de las escuelas y cualquier otro tramite que solo puede realizarse de manera online en época de aislamiento social. A estas condiciones de exclusión se suma la violencia policial que sufren lxs migrantes. Desde que se implementó el aislamiento las fuerzas de seguridad lejos de ejercer el supuesto “rol de cuidado” asignado se encargaron de perseguir y violentar a las personas de los barrios de más bajos recursos.
Las migrantes encuestadas manifestaron que sufrieron arrestos, maltratos por parte de efectivxs, pedidos de DNI en forma arbitraria, golpes e insultos. “En Lomas de Zamora a las mujeres al principio de la cuarentena las paraban todo el tiempo, les preguntaban a donde iban, esas eran las compañeras que salían a trabajar a los talleres textiles clandestino. La policía por ser marrón y vivir en esa zona las paraba, el racismo lo indica, nosotros tuvimos que actuar en ese momento con el Inadi y el Ministerio de la mujer. A los compañeros senegaleses los detienen por el simple hecho de estar caminando, por ser afrodescendientes sin tener bolsas de mercadería. Se ha exacerbado demasiado el racismo y la discriminación”, cuenta Rivadeneyra
Cuando quedarse en casa no es una opción
Hoy para muchas migrantes quedarse en casa no es una opción, las jefas de hogar deben salir a buscar el peso que les permita llevar un plato de comida a sus hijxs, para otras tampoco es una elección cuando conviven con su agresor. El Gobierno Nacional aún no instalado en su agenda la problemática de la violencia machista con la implementación de medidas efectivas que pongan a resguardo a las feminidades que se encuentran en peligro. Lourdes explica: “Desde la Red migrante recibimos muchos mensajes de mujeres en situación de violencia que viven con su agresor. Las medidas del Estado no alcanzan, tenemos dos compañeras que tuvieron que irse de sus hogares con sus hijos porque estaban siendo violentadas por sus parejas y quedaron en situación de calle, una es dominicana y la otra venezolana. A una de ellas estábamos buscándole un lugar y un día me llamó y me dijo, ‘si no me voy me mata’, es terrible eso, rápidamente pudimos ubicarla. Justamente uno de los grandes problemas para que una mujer decida salir de ese círculo de violencia es la independencia económica, y muchas si se van de sus casas no tienen a donde ir y en esta situación peor porque el poco trabajo que tenían lo perdieron. Con la compañera venezolana terminamos articulando con el consulado para que vuelva a su país porque ella quería eso, tiene un bebe de tres meses y fue víctima de una violencia terrible.”
Doris Quispe integra el colectivo Migrar no es delito, llegó a Argentina en 2002 y seis años después comenzó a militar activamente por los derechos de las personas, cuenta lo que ve a diario en la villa 1-11-14: “Las y los migrantes que perdieron su trabajo durante la cuarentena, ya no tienen plata para el alquiler y están yendo a los comedores populares de los barrios porque tampoco les alcanza para comprar comida para sus hijos.”
Quispe asegura que apenas asumió en su cargo la nueva Directora Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano, desde Agenda Migrante y la campaña Migrar no es Delito crearon una mesa de diálogo, donde le acercaron un conjunto de reclamos para que conozca la situación de lxs migrantes. En diciembre de 2019 cuando asumió la nueva gestión había más de 75 mil tramites de RADEX (Sistema de Radicación Digital de Extranjeros) inconclusos y más de 10 mil juicios paralizados, que dejó la gestión anterior del gobierno macrista. “Propusimos que la DNM tenga una vinculación con las organizaciones de base para articular y buscar soluciones, pero con la pandemia se paralizó todo. Lanzaron el IFE, pero el Estado no se acordó de las migrantes sin DNI y no pudieron acceder a ese beneficio. Una persona que se encuentra sin documento es algo meramente administrativo, no es penal, pueden tener en todo caso una residencia regular o irregular, pero no podemos hablar de migrantes ilegales, no hay ningún delito en tener un DNI en trámite”, explica Quispe.
Hoy la gran mayoría de las migrantes están cargando en sus espaldas las consecuencias de la crisis sanitaria, las madres solteras, jefas de hogar que antes trabajaban en ferias - ahora prohibidas - se la rebuscan como pueden, comenzaron a confeccionar barbijos para vender. “En la villa 1-11-14 hay muchas migrantes contagiadas en una situación de hacinamiento total. El famoso ‘quedate en casa’ no es lo mismo en una vivienda precaria que en un country o un departamento. Estamos esperando que migraciones otorgue, aunque sea una documentación precaria para aquellas que necesitan circular para que la policía no las pare. Necesitamos que en los próximos programas de ayuda contemplen a todos los habitantes porque todo migrante que en este momento tiene las fronteras cerradas se constituye automáticamente en un habitante que está bajo la responsabilidad del Estado Nacional, si deciden cerrar las fronteras y las migrantes no pueden acceder a ningún programa de ayuda social se las está discriminado y excluyendo”, reclama Quispe.
