Una serie de casos de explotación sexual de menores conmocionan a la sociedad uruguaya, mientras la Justicia avanza en la investigación conocida como Operación Océano. La Fiscalía General de la Nación imputó hasta el momento a 21 personas por esta causa, entre quienes se incluyen empresarios, exjueces, arquitectos, políticos, un exdirector de escuela argentino e incluso un diputado suplente del Partido Colorado, que forma parte de la alianza multicolor que llevó a la presidencia a Luis Lacalle Pou.

El entramado se destapó en marzo de este año, cuando el cuerpo de una adolescente fue hallado junto al arroyo Solís Chico, en la ciudad de Canelones. Al identificar a la víctima de 17 años, las autoridades supieron que había denunciado anteriormente a un hombre por explotación sexual, y que llevaba cuatro días desaparecida. En el celular de la adolescente se hallaron mensajes de texto en los que hombres le ofrecían dinero y regalos a cambio de tener relaciones sexuales. Para los funcionarios judiciales, esa fue la punta del iceberg.

"La Fiscalía sigue investigando y, a raíz de esto, siguen apareciendo personas involucradas" en la red de abusos, dijo Darviña Viera, fiscal de Delitos Sexuales a cargo de la investigación de la Operación Océano, citada por el diario El País . El sábado se realizó la imputación número 21. Se trata del argentino Ricardo Cirio Oreste, de 63 años, quien era director del prestigioso colegio St. Clare’s de Punta del Este y tenía antecedentes penales. El hombre fue capturado en un Buquebús que iba rumbo a Uruguay, luego de violar la cuarentena en Argentina. 

Cirio Oreste fue imputado por el delito de "retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo". Para el argentino las medidas cautelares fueron la fijación de domicilio, prohibición de acercamiento o comunicación por cualquier medio con las víctimas por 180 días, retención de documentación y cierre de fronteras. Además, las autoridades buscan a otro ciudadano argentino, a un uruguayo y a un brasileño, quienes también formarían parte de esta red internacional de explotación sexual.

En concreto, la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, la Interpol y la Fiscalía de Delitos Sexuales sospechan que varias menores eran obligadas a tener relaciones sexuales. "Las jóvenes frecuentaban boliches y fiestas electrónicas donde ingresaban fácilmente a las áreas VIP de los locales y allí se contactaban con otros adultos que pedían sexo a cambio de dinero o algún otro tipo de retribución", informaron autoridades uruguayas.

Por esta causa, en la cual trabaja la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado, fueron llevados ante la Justicia el diputado suplente del Partido Colorado, Nicolás Ortiz; el exjuez de menores Washington Balliva; uno de los dueños del boliche La Terraza de Punta del Este, Nicolás Chírico; además de varios empresarios, profesionales, psicólogos y docentes. La fiscal Viera expresó que no existirían vínculos entre los indagados. "Podrá ser que se conozcan, pero por ahora nosotros no vemos una red", aseguró.

La mayoría de los involucrados se contactaban con las menores a través de chats en los que, en algunos casos, queda en evidencia que los adultos conocían la edad de sus víctimas. Este caso es señalado como histórico por la cantidad de gente involucrada, ya que no hay antecedentes en el nuevo Código del Proceso Penal de juicios orales con tantas personas acusadas, dijeron a El Observador fuentes de la Fiscalía General de la Nación. "Eso significa que van a haber por lo menos 25 abogados, porque algunos tienen codefensa, más todos los testigos", dijo Viera el pasado 6 de junio, cuando los imputados eran 19. La fiscal también dijo que "siguen captando" víctimas de abuso, que hasta el momento son siete.