El programa de Precios Máximos será prorrogado por 60 días, es decir, regirá hasta finales de agosto. La decisión de la Secretaría de Comercio, a cargo de Paula Español, se publica este miércoles en el Boletín Oficial. La extensión del congelamiento de precios fue muy resistida por parte de la industria alimenticia, que había mandado listas de aumentos para aplicar en julio y ahora deberá mantener cajoneadas. La novedad de esta prórroga es que la Secretaría de Comercio evaluará si autoriza subas puntuales en función del análisis de la estructura de costos de las empresas.
Precios Máximos fue lanzado junto con el comienzo de la cuarentena, el 19 de marzo. Tuvo un primer plazo de vigencia de treinta días y se fue extendiendo en la medida en que lo hizo el aislamiento social obligatorio. El congelamiento de precios se prorrogó primero hasta el 20 de mayo y luego hasta el 30 de junio, es decir, hasta este martes. El programa obliga a los supermercados y los grandes mayoristas a vender a precios del 6 de marzo. Por fuera de ese universo, los comercios de barrio y supermercados chinos tienen un margen para aumentar. Si bien allí hay subas, el congelamiento en las grandes cadenas pone un techo a la inflación del rubro.
De cara a un julio muy duro en el área metropolitana de Buenos Aires, a raíz del endurecimiento de la cuarentena y las consecuencias que ello trae en materia de trabajo e ingresos para millones de personas, la secretaría de Comercio, Paula Español, decidió una nueva prórroga de Precios Máximos, esta vez por sesenta días.
Hay tres argumentos principales que usa el gobierno para justificar la extensión del programa. El primero es que hay un fuerte deterioro de las condiciones sociales a causa del derrumbe de la actividad económica y que, en este contexto, es prioritario tomar las medidas necesarias para moderar lo más posible la baja del poder adquisitivo de los hogares. El segundo argumento consiste en que la cuarentena impide a los consumidores circular libremente para comparar precios. Más bien, obliga a comprar lo necesario lo más cerca posible. Esta dinámica se presta a los abusos de precios.
En tercer lugar, las autoridades advierten que el actual nivel de consumo popular se explica en una parte en el propio gasto del Estado, que paga parte de los salarios a través del ATP y transfiere dinero con el IFE. Y que la idea es que esos recursos públicos permitan sostener ingresos de los hogares, no que terminen yendo hacia las empresas.
El congelamiento de los bienes básicos permitió moderar la suba de precios al consumidor. En alimentos y bebidas, la inflación de mayo fue de apenas el 0,7 por ciento mensual y esta tendencia habría continuado en junio.
A pesar de la delicada situación social, las empresas proveedoras y supermercados presentan cada vez más resistencia al congelamiento. “En los últimos días recibimos más de 50 listas de precios de los proveedores con aumentos para aplicar en julio”, indican desde un mayorista. Arcor, Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas, Aceitera General Deheza (AGD) y las yerbateras son algunas de las empresas que presionaron para que se relaje el congelamiento de precios. Por ahora, el gobierno les anticipó que irá analizando posibles subas en función de la evaluación de los costos.
Los supermercados se quejan que muchos proveedores pueden descargar aumentos de costos sobre los canales tradicionales (comercios de barrio y supermercados chinos) mientras que las grandes cadenas no pueden aumentar porque informan precios directamente a la Secretaría de Comercio. También advierten que las alimenticias quitaron las bonificaciones del estilo "2 por 1". Hay proveedores que plantean un atraso del 20 por ciento por subas de costos por contratación de empleados eventuales ante las licencias, gastos en transporte, insumos sanitarios y seguridad. Mencionan subas de costos de paritarias y tipo de cambio.
