La administración de Horacio Rodríguez Larreta recusó al juez Andrés Gallardo luego de que el magistrado sostuviera el lunes, en una dura sentencia, que el gobierno porteño incumplió la medida cautelar que le ordenaba garantizar computadoras e Internet a todos los alumnos en condición de vulnerabilidad social para que pudieran continuar con la educación a distancia en medio de la pandemia. Por esta razón, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad, dispuso la creación del Registro Judicial de Estudiantes con Necesidades Informáticas no Satisfechas en el ámbito de su juzgado y ordenó medidas complementarias para la entrega de equipos informáticos. "La recusación es un abuso de las herramientas procesales que usa el gobierno para impedir la ejecución de una medida dictada hace un mes", advirtió Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), una de las organizaciones amparistas.

Las medidas cautelares, solicitadas por un conjunto de ONGs (el ODC, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (Clic), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el Frente Salvador Herrera, Acij) y sindicatos docentes, habían sido dictadas por Gallardo el 8 de junio pasado. En aquel fallo, que aglutinaba las distintas presentaciones de las organizaciones, le daba al gobierno un plazo de cinco días para, entre otras cosas, implementar un registro de solicitantes y un mecanismo de entrega de las computadoras, e instalar wifi en las villas y barrios de emergencia de la Ciudad.

Tres semanas después, el magistrado sostuvo que "el GCBA ha incumplido, a pesar del tiempo transcurrido desde el vencimiento de los plazos acordados, todas y cada una de las obligaciones que le fueran impuestas cautelarmente en el presente amparo colectivo". Y remarcó que "en lugar de dar cuenta de la entrega efectiva de dispositivos informáticos a los alumnos... se concentró en reiterar conceptos ya vertidos al cuestionar la medida cautelar, relativos a la supuesta continuidad pedagógica y a las virtudes del material impreso (cuadernillos) que se habría entregado a los alumnos y alumnas, sin dar respuesta concreta a los reclamos formulados por los amparistas".

Ante el incumplimiento, dispuso la creación del Registro y encomendó a las organizaciones y entidades presentadas en carácter de coactores, que "actúen como intermediarios en la recepción y elevación al Registro de las solicitudes de entrega de equipos informáticos, formuladas por miembros de la comunidad". La decisión tuvo un efecto inmediato en el gobierno de Rodríguez Larreta, que, por segunda vez en el proceso judicial, recusó al magistrado.

Sin embargo, según dijo Baldiviezo, "si bien le sacaron la causa, la recusación no obstaculiza que lo que ordenó el juez se cumpla. La recusación no revoca la sentencia de Gallardo. El Registro, al que se enviaron más de cien solicitudes, está vigente, aunque ahora quedó en manos de otro tribunal", aseguró, aunque en la práctica esto puede significar demoras en su implementación.

Y agregó que "la Sala III de la Cámara de Apelaciones rechazó la primera recusación. Ahora vuelven a la carga, y es un abuso, ya que el mecanismo debería ser la apelación. Pero hay mala fe por parte del gobierno, que busca evitar cumplir y garantizar computadoras a cientos de estudiantes que ya perdieron medio año escolar por no tener acceso".

Al mismo tiempo, explicó que la creación de un registro llevado adelante por un juzgado es una medida novedosa, que permitiría acelerar los tiempos de entrega de los dispositivos en un contexto de pandemia donde la brecha digital se ha agudizado y donde "no se puede equiparar, como pretende el Gobierno porteño, la continuidad pedagógica de quienes tienen internet y computadoras con quienes reciben un cuadernillo impreso".