Con adhesiones en siete países de Latinoamérica, este miércoles se realizará el tercer paro internacional de trabajadores de reparto. Entre otros reclamos, en Argentina se pedirá un ingreso acorde a la canasta familiar, un bono de emergencia por trabajo esencial y la declaración de insalubridad de la actividad ante la pandemia de covid-19. En la Ciudad de Buenos Aires los repartidores rechazan un proyecto de ley que Vamos Juntos presentó en la Legislatura para regular la actividad: "Está hecho a espaldas de los trabajadores, parece escrito de puño y letra por las empresas", explicó a Página/12 Maximiliano Martínez, referente de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR).
Repartidores de Brasil, Chile, Guatemala, Costa Rica, México, Ecuador y Argentina pararán este miércoles para poner sobre la mesa los reclamos que arrastran desde el inicio de la pandemia de covid-19. En lo que va de cuarentena en Argentina ya son seis los repartidores fallecidos en jornada laboral: este lunes un trabajador de 28 años de la empresa PedidosYa falleció en Córdoba tras ser atropellado por un camión.
Es que, según explicó Martínez, "a veces las jornadas llegan a catorce horas y repartimos hasta donde nos dé el cuero. En este contexto de explotación, la atención en la calle se pierde hora a hora. No vamos a aceptar que se hable de 'accidente', las muertes no son producto de la fatalidad". Además, el referente de ATR ve con preocupación "que se naturalice la postal del chico tirado en la calle. Además de las muertes, todos los días hay decenas de situaciones similares".
Por esta razón, los repartidores argentinos irán al paro para exigir que se declare la insalubridad de su labor frente a la pandemia y que se establezca una jornada de trabajo reducida. Además, reclamarán un bono por trabajo esencial y un ingreso fijo que les permita alcanzar la canasta básica familiar. En la actualidad, trabajan por un promedio de 60 pesos por pedido, lo que los empuja a extender las jornadas e incluso, en algunos casos, a trabajar los siete días de la semana. Por otro lado, se mantendrá el pedido para que las empresas se hagan cargo del pago de ART, además de los elementos de prevención necesarios para enfrentar la pandemia, testeos y protocolos de salubridad específicos para la actividad.
Pero los repartidores sostienen que estas problemáticas tienen como origen la ausencia de regulación jurídica de su actividad. Hasta el momento, en Argentina no existe marco legal que regule la relación laboral del repartidor con las empresas, por lo que estas últimas no blanquean a sus trabajadores y mantienen encubierta la relación de dependencia. En el mejor de los casos los trabajadores pagan monotributo para estar en AFIP, mientras que otros directamente trabajan en negro.
El pasado 19 de junio el bloque de Vamos Juntos de la Legislatura porteña, apoyado por UCR-Evolución, despachó en plenario de comisiones y con dictamen de mayoría un proyecto de modificación del Código de Tránsito y Transporte para regular "el servicio de mensajería urbana y reparto", con el objetivo de dar entidad jurídica a empresas y trabajadores. Sin embargo, el proyecto fue criticado por la oposición y por los repartidores. Según Martínez, "se trata de una ley que parece escrita de puño y letra por las empresas, va en contra de todos nuestros reclamos". Es que, en el texto del proyecto, empresas y repartidores son concebidos como actores independientes entre sí, lo que en efecto ya ocurre y constituye el principal motivo de la ausencia de derechos laborales que sufren los repartidores.
A las empresas, Vamos Juntos las define como "operadores de plataforma digital donde terceros ofertan y demandan el servicio de Mensajería Urbana y Reparto”, mientras que los repartidores son definidos como "persona humana que ejecuta el servicio en motovehículo o ciclorodado". Así, las empresas solo serían agentes que ponen su plataforma en la web para que los repartidores oferten, sin relación laboral entre ellos.
El referente de ATR detalló que el proyecto "tiene aspectos punitivos, con obligaciones que se descargan sobre nuestras espaldas". Entre otros puntos, se planea la creación del "Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio", al que los trabajadores tendrían que inscribirse sí o sí, se establece la obligación de estar registrados en AFIP, de contar con cascos y equipamientos correspondientes y de no tener multas en el haber. "En última instancia, esto no estaría mal si no fuera porque la ley no obliga a las empresas a hacerse responsables de estas cuestiones, todo queda a cargo de nosotros", explicó Martínez.
Sin relación legal entre actores, las obligaciones recaerán sobre el trabajador "independiente", tal como sucede en la actualidad. En otras palabras, el proyecto toma la situación tal como como está y la legaliza para agregarle obligaciones al repartidor. Martínez interpretó la ley como "un ataque a la organización de los trabajadores que venimos con medidas de fuerza en los últimos meses".
Un día antes de conseguir el dictamen de mayoría, Vamos Juntos quiso introducir el proyecto sobre tablas en sesión ordinaria, pero fue rechazado por la oposición. Aunque ahora las sesiones están suspendidas por el retroceso de la cuarentena, cuando la Legislatura vuelva a sesionar el proyecto retornará al recinto con dictamen de las comisiones de Tránsito y Transporte, Justicia y Asuntos Constitucionales. Curiosamente, a la comisión de Legislación del Trabajo, que debería tratar el tema, el proyecto nunca llegó.
Informe: Santiago Brunetto.
