La Procuración General de la Nación emitió un comunicado en respuesta a la decisión del fiscal Carlos Rívolo de imputar a su titular, Alejandra Gils Carbó, por haber beneficiado supuestamente a su ex marido como intermediario durante en la compra de un inmueble. “La procuradora general podía haber optado por una contratación directa, tal como lo habilita la normativa vigente tras el fracaso de las sucesivas licitaciones” que tuvieron lugar con anterioridad, “sin embargo, optó por efectuar un nuevo llamado a licitación pública por considerar que se trataba del medio de selección más competitivo y transparente”, aclaró el texto, sobre la compra del edificio en la calle Perón donde funciona la Procuración. “El precio abonado por el Ministerio Público Fiscal, de $ 43.850.000, es el correspondiente al valor del inmueble libre de toda comisión inmobiliaria –aclaró–. Por lo tanto, si Alfinsa SA pagó algún tipo de comisión inmobiliaria en su carácter de vendedora, ello no generó erogación para el MPF”.