El ex jefe de la AFI durante el gobierno de Cristina Kirchner Oscar Parrilli regresó ayer al Congreso para denunciar ante los legisladores de la comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia que es objeto de “espionaje político” por parte del gobierno de Cambiemos y las actuales autoridades de la agencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Parrilli mostró documentación sobre las filtraciones de las escuchas telefónicas que también involucran a la ex presidenta y señaló “la complicidad” de parte del Poder Judicial por su divulgación. Los legisladores decidieron conformar una subcomisión que, sin plazos, investigará la denuncia. En tanto, Arribas se escudó en una coartada judicial para no volver a exponerse en la Bicameral, luego de tropezar ante los legisladores por los sospechosos depósitos bancarios que recibió en Brasil de parte de un financista vinculado a Odebrecht.

“He entregado documentación probatoria de lo que, yo considero, es uno de los casos de espionaje político que se ha llevado a cabo durante todo el año 2016, concretamente por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, y en este caso específico por la AFI, en manos de Arribas y Majdalani”, dijo Parrilli ante los periodistas al salir de la reunión de la Bicameral que se realizó a puertas cerradas.

“Porque esto es todo parte de un espionaje político sobre mi persona y, en definitiva, sobre la ex presidenta. Y en cuarto lugar, porque hay una tarea de inteligencia interna política llevada adelante por los organismos de inteligencia, y eso está prohibido por la ley”, insistió el ex funcionario. 

Consideró que los fiscales Guillermo Marijuán y Germán Moldes son  “cómplices de esa maniobra delictiva” porque eran quienes accedían y guardaban las escuchas que se filtraron. “La paradoja es que he sido víctima de estos delitos y me denuncian a mí. Es como si al muerto lo acusan de haber matado. Yo fui víctima y ahora hay fiscales que me acusan a mí y me quieren meter preso”, descargó.

Parrilli afirmó que en las causas figura que los jueces federales Ariel Lijo y María Servini de Cubría, autorizaron las escuchas a la AFI “en directo” y no con grabaciones, por lo cual accedían a las conversaciones en tiempo real. Una metodología que se solo se utiliza en casos de secuestros extorsivos. Parrilli explicó que cuando la precausa originada en la AFI –por una supuesta documentación faltante– concluyó, “la jueza (Servini de Cubría) ordenó la destrucción de la documentación”, pero que eso no sucedió. “A los dos días habilitan de manera sorpresiva, inmediata, otra causa para intervenirme el teléfono” por 90 días, continuó Parrilli.

“Se escuchó a Parrilli con respeto y confidencialidad”, sostuvo ante la prensa el presidente de la Bicameral, el senador radical Juan Carlos Marino. “Vino a contar sobre la supuesta persecución y la interceptación de su teléfono”, agregó para referirse la a causa que tramita el juez Rodolfo Canicoba Corral, por las filtraciones. 

Marino confirmó que la bicameral decidió conformar una subcomisión para investigar la denuncia de Parrilli. La misma estará integrada por los diputados Teresa García (FpV-PJ) y Daniel Lipovetzky (Pro) y los senadores Roberto Basualdo (Interbloque Federal) y Marcelo Fuentes (PJ-FpV).

El senador radical no pudo eludir las preguntas sobre la ausencia de Arribas ente la Bicameral por las escuchas como se había acordado el 2 de febrero. Ese día el jefe de los espías se defendió ante los legisladores por la denuncia sobre los supuestos depósitos por 600 mil dólares que le hizo un cambista vinculado a la constructora brasileña Odebrecht en una cuenta en Suiza. 

Marino explicó que Arribas no volverá a la comisión hasta que la justicia no resuelva la causa penal que la AFI realizó contra CFK por la supuesta vulneración de la ley de Inteligencia al divulgar en Twitter la contradicción en la que había incurrido Arribas ante los legisladores. Arribas dijo en la bicameral que en su cuenta de Suiza solo había recibido 70.500 dólares por la venta de “muebles y cuadros” y ya no por la venta de su casa en San Pablo como había dicho públicamente en su defensa y cuya versión reprodujo el presidente Mauricio Macri.