En el asentamiento del barrio San Calixto sigue vigente el proceso de mediación. La delegada Micaela Villavicencio, manifestó preocupación porque aseguró que este martes los instaron a desalojar el lugar hasta el jueves. El fiscal Horacio Córdoba Mazuranic informó que no hay pedido de desalojo y que sigue vigente la mediación sin plazo bajo la hipótesis de una resolución pacífica.

"Los mediadores nos quieren hacer firmar una acta en la que se comprometen con que vamos a poder participar de los sorteos de lotes del IPV. Pero si no nos retiramos amenazan con que nos van a desalojar por la fuerza y no permitirán que participemos de los sorteos", sostuvo Villavicencio a Salta/12.

La delegada detalló que hay 300 familias en la toma y que ante un posible desalojo no tienen a donde ir. Sostuvo que muchas personas están ahí porque han sido expulsadas de alquileres, que durante la pandemia y con el paro de la actividad económica, no pudieron pagar. 

Este asentamiento se conoce como la Toma 1 de San Calixto, al costado hay otra que sería la Toma 2, con más familias que llegaron después. Al lado también se encuentra el asentamiento de la ampliación Parque La Vega, que sigue en el proceso de mediación. 

Villavicencio sostuvo que no se van a ir sin una solución al problema habitacional que atraviesan. Por ahora el único ofrecimiento sería que desalojen de forma pacífica y firmen un acta para poder participar a futuro de sorteos de lotes del IPV. Sin embargo, la delegada planteó como objeción que "hay familias que estuvieron en otras tomas y tienen actas firmadas pero aún no les dieron nada". "Aquí hay una chica que tiene como 10 papeles de esos firmados por mediadores y no tiene solución hasta hoy", detalló.

"La gente no se quiere ir porque no tiene adónde, están en medio de plásticos y carpas. Algunos viven al día, haciendo pan y tortillas y saliendo a vender en los barrios. ¿De qué nos sirve un papel si no nos aseguran que no nos van a multar por usurpar?", cuestionó Villavicencio.

El Ministerio Público Fiscal informó a Salta/12 que sigue vigente la mediación bajo la hipótesis actual de resolución pacífica del conflicto. En el proceso, siguen participando el equipo de mediadores del Ministerio Público Fiscal e integrantes del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia y de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia. 

Las familias fueron denunciadas por la Secretaría de Tierras y Bienes de la Provincia. La causa está a cargo del fiscal penal Horacio Córdoba Mazuranic. 

El Ministerio Público Fiscal detalló que hay voluntad de las partes de resolución pacífica; el diálogo es permanente y la semana pasada hubo reunión con autoridades de IPV y la Secretaría de Tierras y Bienes. En la mañana de este martes el equipo de mediación estuvo con familias de San Calixto e irán el miércoles al IPV.

Córdoba Mazuranic destacó la preocupación de la Procuración General de la Provincia y el Ministerio de Gobierno, que fue transmitida a los referentes del asentamiento, por una eventual situación sanitaria que podría complicarse ante la densidad de las familias asentadas, en caso de un brote de coronavirus. Informó que esa realidad alienta a las partes a tratar de llegar a un acuerdo lo más rápidamente posible. También planteó que se mantiene el acuerdo de confidencialidad de las partes, hasta tanto se cierre la mediación.