En el marco del debate por la entrega de la tercera etapa del IFE, desde la Administración Nacional de Seguridad Social, regional Noroeste, a cargo de Jesús Salim, dieron detalles de la tarea que viene realizando el organismo durante la contingencia del coronavirus, así como de las prestaciones que otorga a miles de salteños todos los meses.

A su vez, indicaron que por estar Salta comprendida en las regiones sin circulación viral, y por lo tanto haber accedido a la fase de distanciamiento social, que permite la reactivación económica en casi todos los rubros, se avanzará con el programa anunciado en marzo por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Potenciar Trabajo, que incluye una contraprestación de los beneficiarios de planes sociales.

Tras el anuncio de la titular de ANSeS, Fernanda Raverta, y la confirmación del presidente Alberto Fernández de focalizar una tercera entrega del ingreso familiar de emergencia en las regiones más críticas del país en cuanto a la pandemia, que aún permanecen en Fase 1 de aislamiento social obligatorio, se desató un debate en la provincia que mezcló muchos datos de la crítica realidad salteña con oportunismo político.

Desde el organismo nacional, aclararon que el IFE en un principio se anunció como un aporte por única vez para los sectores más vulnerables de la sociedad ante la situación de la cuarentena. También se había estipulado que el beneficio llegara a unas cuatro millones de personas y terminó por incluir a más de nueve.

Pero a su vez, se extendió a una segunda entrega en la que se incluyó a más gente, en el caso de Salta unas 22.000 personas se sumaron a la primera tanda de 322.000 y recibieron el pago a partir del 20 de junio.

Se calcula que la provincia recibió $3.200 millones en cada entrega, lo que equivale a lo que la provincia desembolsa por mes en el salario de todos los empleados de la administración pública, incluyendo el aguinaldo.

Desde la ANSeS explicaron que se incrementaron sus funciones originales, del área previsional y de los trabajadores en actividad, para convertirse en un instrumento de políticas sociales y de asistencia para poder llegar a los sectores más golpeados, a la industria, el comercio y las Pymes, que se vieron afectados por la paralización de actividades a raíz de la pandemia. En el caso de Salta, se cubrió a la provincia con las Unidades de Atención Integral (UDAI) de Metán, Orán, Salta Norte y Salta Sur.

Detallaron que se llega a 195.104 jubilados y pensionados; 68.463 pensionados no contributivos; 91.122 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que incluye a 165.053 niños y niñas e implica un total de $356.780 millones. Además, hay 2.488 beneficiarias de la Asignación por Embarazo, que perciben un monto total de $6.554.000 mensuales; 32.509 beneficiarios del Plan Progresar, que implica un monto mensual de $23.406.000, y 198.546 beneficiarios de notebooks del plan Conectar Igualdad.

A su vez, todas sus delegaciones ya se encuentran atendiendo los más de 3.500 turnos reprogramados en toda la provincia, para atender los requerimientos de quienes deben presentar papeles de manera presencial. Asimismo, afirmaron que se mejoraron las prestaciones telefónicas del número 130 y los trámites a través de la página web con clave fiscal. Para ello, Salta cuenta con 45 operadores de atención virtual para evitar aglomeraciones en las oficinas.

Potenciar Trabajo

Con las actividades económicas habilitadas en buena parte del país, el Gobierno nacional decidió retomar las políticas destinadas a darle un sentido productivo a los planes de empleo. Los beneficiarios de programas sociales como el salario social complementario y Hacemos Futuro, podrán comenzar a realizar actividades vinculadas a la producción o tareas de cuidado comunitario.

Como complemento, las personas que empiecen a trabajar en estos proyectos cobrarán un plus que llevará sus ingresos al equivalente a un salario mínimo (hoy arriba de los $16.000). A su vez, para poner el nuevo esquema en funcionamiento, el Ministerio de Desarrollo Social prevé una inversión de $20.000 millones en créditos para la adquisición de bienes de producción.

Desde el Ejecutivo nacional pretenden que este programa de a poco avance e incorpore la casi totalidad de los planes sociales existentes, creando una especie de Ingreso Mínimo Universal.

“La política social más importante es vincular planes sociales con trabajo, es potenciar cinco sectores productivos, buscando impulsar la economía de abajo hacia arriba”, señaló el ministro Daniel Arroyo, al relanzar este programa que había quedado suspendido desde marzo por la pandemia.

Desarrollo generará unidades ejecutoras en cada provincia y cada municipio del país para otorgar microcréditos y créditos para adquirir máquinas y herramientas, “para quienes tienen planes sociales y para quienes no lo tienen", añadió arroyo.

La Rioja, Tucumán, Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe y San Juan arrancarán con la iniciativa con la que el Gobierno nacional pretende generar unos 300 mil puestos de mano de obra intensiva en desarrollos municipales y unidades productivas de la economía social, con el objetivo de "resignificar los planes sociales con trabajo formalizado".

Y más adelante prevén incorporar 580.000 trabajadores que hoy cobran subsidios y que, en caso de sumarse a obras o unidades productivas y trabajen más de 4 horas diarias, podrán cobrar el equivalente a un salario mínimo vital y móvil.

Pequeñas obras de infraestructura local, en coordinación con provincias y municipios, producción de alimentos y desarrollo del comercio popular, impulso a emprendimientos cooperativos textiles, economía del cuidado y recolección y reciclado de residuos urbanos son las 5 formas de involucrarse en el programa Potenciar Trabajo.

Otro punto considerado esencial para el Ministerio de Desarrollo nacional es la confección (ya iniciada) del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), que busca "reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras" más vulnerables.

A partir de su inclusión en ese registro podrán "acceder a herramientas para potenciar su trabajo, como seguridad social, capacitación, redes de comercialización, créditos y mecanismos de inclusión financiera".

Por último, informaron que también buscarán descomprimir los grandes centros urbanos a través de Plan Volver. Destinado a pequeños pueblos rurales, el programa tendrá como objetivo que quienes migraron puedan regresar, y que los jóvenes no se vean obligados a irse. Este plan será presentado en unos días.