El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics, lleva adelante una investigación por maltrato animal por una riña de gallos organizada el pasado domingo, 28 de junio, en una finca ubicada en el municipio de Rosario de Lerma, sobre la ruta provincial 36, a 35 kilómetros de la ciudad de Salta.
El fiscal interviene tras las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Rural y Ambiental, a quienes les había llegado el dato de que se estaba desarrollando un evento clandestino de peleas de gallos de riña denominado “Campeonato Provincial Del Norte”.
Los policías llegaron minutos antes de las 14 al lugar que estaba oculto entre pastizales, donde había varios vehículos estacionados al costado del camino, cerca de una estructura tipo quincho armada con postes de madera y plástico negro de 15 x 4 metros, aproximadamente.
En el interior había una gran cantidad personas, en su mayoría hombres. Cuando vieron a los policias corrieron en distintas direcciones, "muchos con un gallo entre sus brazos", señaló la información del Ministerio Público Fiscal.
El detalle de los elementos que se encontraron en el quincho usado para estas peleas de gallos, da cuenta del nivel de violencia que se ejerce sobre estos animales.
En el quincho había cuatro bases metálicas con paredes de lona utilizados como rings, tachos con agua y esponjas para humedecer a las aves. Los policías también en contraron cuatro punteras que se colocan en las patas a los gallos para darles mayor agresividad en la pelea, una bolsa con medicamentos vitamínicos que son inyectados a las aves para ponerlos más violentos.
También encontraron dos escritos denominados “Reglamento Salteño de Riña de Gallo 2019”, una balanza para determinar las categorías, 25 gallos de riña y dos gallinas. Y había también escritos con tiza sobre una madera, además de sillas de plástico, y mesas de madera, entre otros elementos.
La Policía identificó en ese lugar a 38 personas, incluyendo a algunas que habían escapado pero que luego volvieron por sus vehículos, algunos con gallos enfundados o en japoneras, por lo que se labraron las actas de secuestro.
En su mayoría, los demorados adujeron que fueron a la riña por una invitación a través de Whatsapp y la red social Facebook, sin aportar quién sería el organizador del evento e indicaron que cuando ingresaron, una mujer les cobró $250 por persona. También manifestaron que en el lugar vendían gaseosas, bebidas alcohólicas, empanadas y asado.
De distintas declaraciones se desprende que durante el desarrollo del evento, dos hombres vestidos de civil que se identificaron como personal policial les manifestaron “que debían estar tranquilos, porque todo estaba debidamente autorizado”.
El Ministerio Público fiscal informó que el fiscal Jovanovics ordenó diligencias tendientes a dar con los organizadores. La riña de gallos está prohibida por la ley nacional 14.346, promulgada en 1954.
Dos imputados por organizar una fiesta
El domingo anterior, 22 de junio, dos personas fueron imputadas por organizar una fiesta por el día del padre en Rosario de la Frontera, en el sur de la provincia, a más de 180 kilómetros de la Capital.
El fiscal penal de esa ciudad, Oscar López Ibarra, informó que imputó a José Alfredo Troichuque y a Adolfo Marinaro Rodó como coautores del delito de violación a las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
En el decreto de imputación se relata que la madrugada del lunes 22 de junio, policías que patrullaban un sector rural conocido como finca La Soñada, se enteró de la realización de una reunión social de la que participaban más de 100 personas. Los policias se quedaron vigilando el lugar y vieron que muchos vehículos ingresaban a la finca por la ruta provincial 25, de la que provenía música a alto volumen.
Alrededor de las 6 de la mañana, con integrantes de Seguridad Vial, interceptaron a nueve vehículos, entre autos y camionetas, que se retiraban de la fiesta. Sus ocupantes no usaban barbijo, no tenían permiso de circulación y algunos estaban ebrios.
El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno una orden de allanamiento en la propiedad donde se realizaba la fiesta y se secuestraron elementos de ornamentación, vajilla, bebidas alcohólicas, freezers y "otros de interés para la causa a fin de poder establecer la existencia del evento social a gran escala".
Marinaro Rodó es el propietario del lugar donde se organizó la reunión y Troinchuque se desempeña en el rubro gastronómico. Ambos están sindicados como los organizadores de una fiesta a gran escala, violando las normas sanitarias vigentes en el contexto de pandemia.
