En la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Jorgelina Juárez (Partido de la Victoria), y el legislador Claudio del Plá (Partido Obrero) expusieron un informe sobre los casos de violencia policial que relevaron en Rosario de la Frontera. También mencionaron el relevamiento de 16 denuncias por abuso policial realizado por la Asociación Pensamiento Penal y la agrupación HIJOS. Solicitaron una reunión con el procurador general Abel Cornejo, quien asistirá hoy a la Legislatura.
"Hemos visto gran temor y angustia de parte de muchos de los denunciantes, quienes han expuesto las denuncias que realizaron por golpes de la Policía (...) Todos estos casos se dieron como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si bien entendemos que el rol de las fuerzas de seguridad es fundamental y esencial en esta época de emergencia y de pandemia, todo procedimiento debe ser llevado a cabo en el marco del respeto y cumpliendo con la Constitución Nacional y el Estado de derecho en que vivimos", sostuvo la diputada Juárez.
Dijo que los testimonios de vecinos se relacionan con distintas situaciones y ámbitos sociales, así como las víctimas de los abusos policiales fueron desde jóvenes hasta adultos mayores. Sostuvo que no se dan soluciones a las denuncias por el "accionar violento de algunos miembros del 911 y de la Policía Rural" y concluyó: "Creemos que por el número de casos denunciados debe investigarse un accionar sistemático por parte de las fuerzas de seguridad", con lo que contradijo la posición del Gobierno que viene minimizando las denuncias de violencia institucional afirmando que representan un número pequeño frente a la cantidad de operativos realizados por la Policía durante la cuarentena.
Ayer mismo HIJOS y la Asociación Pensamiento Penal hicieron llegar a la Comisión de Derechos Humanos un documento con 16 casos testigos de violencia policial relevados en el marco del aislamiento obligatorio y "desde que empezó a regir el derecho 255/20 (...) que hoy se convirtió en ley", enfatizó la diputada Juárez.
"El viernes recibimos al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, junto al secretario de Seguridad, Benjamin Cruz , y a la jefa de Policía, Norma Morales, y no han expuesto un plan o medidas que estén tomando o se vayan a ejecutar para que de algún modo prevengan que esto siga sucediendo y replicándose en diferentes partes de la Provincia", manifestó Juárez.
Del Plá planteó que los casos de violencia institucional comienzan con controles policiales por delitos contravencionales y terminan con vejámenes, torturas, amenazas, o abandono de persona. "La teoría oficial es que tenemos casos aislados, que se los sanciona, que son poco frecuentes comparados con la cantidad de operativos que hace la Policía", señaló el diputado.
El pasado 12 de junio, Juárez y Del Plá, además el diputado Ramón Villa y la legisladora de Rosario de la Frontera, Maria Emilia Figueroa, junto a una trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Anahí Bares, fueron a Rosario de la Frontera y relevaron denuncias por abuso policial. Esto se hizo luego de que dos vecinos de la localidad viajaran a la ciudad capital para contarles lo que estaba sucediendo con la Policía en aquella ciudad del sur provincial.
Juárez expuso algunas de las denuncias relevadas. Uno de los casos corresponde a "un trabajador de la construcción y de la cosecha quien presentó certificado de medicamentos para la enfermedad de esquizofrenia. Relató que estando en su domicilio particular con su pareja ingresaron uniformados del 911 con armas en mano. Golpearon a su pareja y a él. Efectuaron 5 disparos de balines en la pierna, procedió a mostrarnos. Se observaron agujeros profundos producidos por los impactos y una grave infección".
Este hombre contó que en todo el camino recibieron golpes y amenazas hasta llegar al hospital. "Allí el médico de guardia constató superficialmente las heridas y posteriormente los trasladaron a la comisaría. El hombre estuvo detenido 5 días. Dijo que la pareja también fue detenida en la comisaría. Identificó a un policía con el pseudónimo de Cachete", señaló la diputada.
Otra de las denuncias recibidas por la comisión fue de una mujer madre del joven identificada como R. E. S. "Ella es ama de casa, soltera, su hijo Ricardo es trabajador independiente. Relató que aproximadamente hace un mes su hijo dejó estacionada la moto en la vereda de la casa. Agentes del 911 se apersonaron y secuestraron el automotor por violaciones de las medidas restrictivas de circulación ante la Covid-19", planteó la diputada.
Luego "ese mismo día, R. E. S. conducía una moto con un amigo y pasaron por el 911. (Los policías) los identificaron y los empezaron a perseguir por el pueblo, acorralaron la moto mientras iban circulando, ubicándose dos motocicletas del 911 de cada lado. Les empezaron a pegar con las cachiporras, todo ello mientras iban circulando por las calles de la ciudad, hasta que llegaron al barrio Costanera", detalló la legisladora.
Juárez dijo que según lo relevado por la madre del muchacho, con un golpe le rompieron el casco a R. E. S. produciéndole una herida profunda en la frente. "Cayó desmayado en un barranco. Llegaron los vecinos del barrio, lo ayudaron a levantarse y lo trasladaron al hospital". La diputada dijo que cuando la hermana de R. E. S. fue a la comisaría para radicar la denuncia, negaron el hecho, ella "buscó testigos y todos coincidieron en que fueron policías del 911 los autores de la persecución y de los golpes".
R. E. S quedó internado en el hospital un día por pérdida de conciencia y le realizaron 5 puntos en la frente. Dos días después, se encontraba con la novia en el domicilio, llegó la Policía Rural, le solicitaron que salga a la vereda para conversar y cuando lo hizo lo golpearon y lo llevaron en el móvil policial. "Cuando la madre y la hermana van a informarse del por qué del arresto también quedan detenidas. Ambas por supuesto entorpecimiento de la investigación e incumplimiento de la cuarentena. Después de 30 días R.E.S. continúa detenido en Metán en donde se le imputa la sustracción de un chancho", expresó la diputada.
Otro de los casos, es de dos hermanos, P.R. de 24 años, técnico en celulares en un local comercial y J. R. de 30 años. "Se encontraban durmiendo en el domicilio. Escucharon una discusión fuera de la casa, se levantaron y cuando se dirigen al comedor ingresó un policía del 911 quien al verlos les apuntó con un arma. El policía estaba con un uniforme negro, casco y barbijo y repetía 'quedate quieto que te quemo'. Los sacaron del domicilio y los llevaron al hospital. Expresaron que fueron golpeados durante todo el trayecto", indicó Juárez.
"Luego de ser revisados por el médico de guardia, los subieron al patrullero hasta que empezaron de nuevo a golpearlos. Los llevaron a la comisaría del centro donde uno quedó detenido por supuesto incumplimiento de las medidas sanitarias. Luego expresó que lo persiguía el 911 con amenazas. Este episodio fue denunciado por P. R. en la comisaría de El Mirador", precisó la legisladora.
Del Plá expuso otro caso en Rosario de la Frontera, cometido la semana pasada, la detención arbitraria de Mario Lima, conductor de un programa de radio y conocido en el pueblo. "Se lo amenazó a él y a su familia. El hecho fue muy escandaloso porque el hombre tiene 55 años, 4 hijos y varias patologías, es diabético, tiene problemas de presión, se descompensó y terminó internado 7 horas en el hospital local", sostuvo el diputado. El legislador manifestó que el hombre no fue llevado detenido y que no había causas judiciales contra él.
Otro caso que recibieron es de Capital y corresponde a un operativo policial en el barrio La Paz que terminó con 7 detenciones y un hombre, Ariel Aguirre, herido con balas de goma. El diputado dijo que el herido fue abandonado por la Policía sin que se le brinde asistencia y que a raíz de las lesiones podría perder la visión de uno de sus ojos.
