La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley mediante el cual declaró de interés provincial la donación de plasma rico en anticuerpos de pacientes recuperados de la Covid-19 y los instará a que se acerquen a los Centros de Hemoterapia o Bancos de Sangre intrahospitalarios.

Dicha acción será de carácter voluntario para los pacientes que hayan sido dados de alta, pero desde el ámbito de la Salud Pública durante el tratamiento les informarán sobre el procedimiento y los beneficios que trae la donación, así como le facilitarán todo lo necesario para que lo hagan.

El autor del proyecto es Santiago Godoy, que reconoció que está basado en otro similar que presentó el senador bonaerense Luis Vivona. El diputado salteño del PJ citó como ejemplo de un tratamiento exitoso en base a las transfusiones, el de un enfermo de Tartagal que debió ser trasladado a Salta ante el agravamiento de su cuadro y recibió plasma que trajeron desde Tucumán.

El proyecto, que fue presentado hace 15 días, fue tratado sobre tablas al no haber alcanzado dictamen en las comisiones. Al respecto, Godoy se lamentó de que no se lo haya abordado la semana pasada, ya que considera que en estos casos se debe actuar con  premura. Igualmente, diputados del oficialismo advirtieron que desde el Comité Operativo de Emergencia ya avanzan en acondicionar el banco de sangre para recibir estas donaciones.

Las personas recuperadas de la Covid-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que benefician a quienes están cursando la enfermedad ya que con la transfusión se les hace una inmunización pasiva. Los ensayos que se vienen realizando a nivel nacional ratificaron que es una herramienta valiosa a la hora de encarar los tratamientos de recuperación de los enfermos.

El proyecto se aprobó por unanimidad y pasó al Senado, en donde se aprobó la semana pasada un proyecto al respecto pero que era de carácter declarativo.

Actualizan multas a prestadoras de servicios

También se le dio media sanción al proyecto que modifica el artículo 33 de la Ley 6835, que hace referencia a las multas que se le aplican por servicio deficiente a las dos empresas prestadoras de servicios públicos de la provincia, Edesa y Aguas del Norte, cuyos montos quedaron desactualizados.

Esa normativa fue sancionada en 1996, y en esa época, plena convertibilidad, se estipuló que las multas serían de 100 pesos a un millón. Desde ese entonces no se modificó la normativa y el volumen monetario fue perdiendo trascendencia, tanto que para las empresas en términos monetario les resulta más rentable pagar la multa que realizar un plan de inversión para garantizar el óptimo servicio, tal como señaló la diputada María López.

Dicha afirmación se sostiene en que Edesa SA, por ejemplo, tuvo una facturación mensual en febrero de este año de $ 815.300.670 y COSaySA (Aguas del Norte) de $ 239.151.157,64.

Los montos ya no serán establecidos de manera fija, sino que tendrán como unidad de referencia el kilowats, cuyo precio actual asciende a 5,361 pesos. Por lo que con el nuevo rango que va de los 1.000 Kwh a los 10.000.000 Kwh, las multas oscilarán desde $ 5.361 a $ 53.617.000.

Si bien el proyecto lleva la firma del diputado Esteban Amat, durante el debate señalaron que responde a un pedido realizado por el Ente Regulador.

En el dictamen aprobado se agregó que la aplicación de la multa podrá hacerse descontándola de la factura, en forma prorrateada, a los clientes afectados por el mal servicio y que deberá consignar en la boleta dicha circunstancia. Con esto se beneficiará directamente a los usuarios perjudicados, pero además facilitará el control y la transparencia del destino de las sanciones.

Los diputados aprovecharon la temática de la iniciativa para descargar sus reclamos a ambas prestatarias, y en su mayoría coincidieron en que prestan un servicio deficitario, principalmente en el interior.

Sin tratamiento el DNU 255

Aunque figuraba en el acta de Labor Parlamentaria para tratarse la derogación del Decreto de Necesidad de Urgencia 255 y existía el compromiso con organismos de derechos humanos tanto de la presidencia como de la Comisión de Derechos Humanos, finalmente la iniciativa no obtuvo los dictámenes necesarios y ni siquiera pudo debatirse.

Solamente la Comisión de Derechos Humanos llegó a dictaminar a favor de la derogación del decreto, que desde ayer es la ley 8191, al haberse cumplido el plazo de 90 días desde que fue dictado por el Ejecutivo.

Godoy, autor del proyecto de derogación, expresó que "se perdió una oportunidad histórica de retomar la normalidad legal, entiendo que el Ejecutivo haya hecho la excepción inicial, pero pasado el tiempo y ante los múltiples cuestionamientos debemos dar curso al Código Contravencional y que sea la Justicia la que se encargue de esas faltas". 

La flamante ley otorga a la Policía el papel de juez en los casos de infracciones a las disposiciones del COE con respecto a las medidas sanitarias que se deben respetar por la pandemia. 

Las objeciones que recibió la normativa son tanto de carácter formal al considerarlo inconstitucional, así como también en su aplicación, ya que se multiplicaron las denuncias de abusos policiales en detenciones a infracciones fijadas por el DNU. 

Congelan sueldos hasta fin de año

A través del decreto 95, la presidencia de la Cámara Baja dispuso prorrogar, a partir del 1 de julio de 2020 y por el término de 180 días, los aumentos salariales, tal como se decidió a principios de enero.

En ese momento la medida respondía a la delicada situación económica en la que se encontraba el país, y que llevó a que el propio Congreso Nacional tomase esa medida, que luego se replicó en Salta.

A los pocos días la provincia entró en emergencia sociosanitaria por la situación en el norte y las decenas de muertes por desnutrición y en marzo se declaró una nueva situación de excepción con la pandemia por la Covid-19.

Al considerar que la situación económica sigue sin evolucionar en forma positiva, los legisladores acordaron en forma unánime continuar con el congelamiento que abarca a secretarios, autoridades superiores y agrupamientos políticos.