A partir hoy comienza una nueva etapa de cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires por el coronavirus en Argentina y el Gobierno definió un protocolo para las personas que circulen sin el permiso correspondiente. Algunos medios informaron que la "detención del infractor" es una de las opciones que tiene la policía y las fuerzas de seguridad en los controles callejeros, "de acuerdo al incumplimiento del artículo 239 del Código Penal", esto es, resistencia a la autoridad. Una alta fuente del ministerio de Seguridad fue tajante al explicar ante PáginaI12 que ésto es falso. "Circular sin el permiso no es resistirse a la autoridad, es una infracción. Solo si alguien se niega a cumplir las indicaciones de orden de regreso o de esperar, es decir, ser demorado, eso podría implicar una detención por resistir la órden de un funcionario público", indicó. 

"El policía te dice: 'vuelva a su casa'. Si vos te vas, no hay problema. Si alguien no acepta lo que le dice el policía y le responde 'voy a pasar igual', entonces sí hay una violación de la cuarentena con una conducta de resistencia a la autoridad, por negarse a volverse por dónde vino", graficó. Es decir que nadie puede ser llevado detenido salvo que se encuentre "resistiendo a la autoridad". "Si estás en infracción serás notificado, no te pueden detener por circular sin el permiso. Te mandan de vuelta a tu casa, y si te vuelven a pescar intentando volviendo a entrar, te vuelven a notificar y advertir a la Justicia". Por caso, si alguien circula sin papeles, la policía lo para y le pregunta las razones, luego le pide el nombre para notificar a la fiscalía. Si, además, esa persona se niega a dar sus datos, ahí sí podría incurrir en resistencia a la autoridad. 

A criterio del alto funcionario consultado, fueron "pocos" los casos de detenciones, con excepciones de situaciones en flagrancia como quienes intentaron trasladarse o trasladar a otros en el baúl de un auto. "La otra posibilidad de detención es la sospecha sobre esa persona que por segunda vez ande sin el permiso, y que la fiscalía advierta que pueda haber sospecha de que esté haciendo otra actividad", explicaron. La policía puede demorarla mientras hace la comunicación a la fiscalía, si por algún motivo ahí deciden la detención entonces sería una decisión de la justicia, no policial. 

Durante tres meses de cuarentena, las cuatro fuerzas federales controlaron casi 12 millones y medio de personas para verificar el cumplimiento del aislamiento social obligatorio que rige para prevenir la propagación del virus causante de la enfermedad covid-19. Unas 98.439 recibieron una infracción por la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal. También fueron inspeccionados 8.650.951 vehículos en las carreteras de todo el país, y 4.731 automóviles fueron secuestrados al no tener justificación para circular. 

La preocupación sobre los alcances de las facultades policiales fue explicitada por los organismos de derechos humanos, que coincidieron en denunciar el incremento de hechos de violencia institucional y abusos en los operativos de control de la cuarentena. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) publicó "casi 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios". Además, hubo más de una decena de casos de gatillo fácil, entre ellos los fusilamientos de Nahuel Gómez el 28 de marzo, Rubén Sarso el 27 de abril, Alan Maidana el 24 de mayo, Lucas Barrios el 30 de mayo, Augusto Itaurralde el 14 de junio, y su amigo Diego Insaurralde 48 horas después, o el más reciente de Facundo Escalso en el Bajo Flores, el 17 de junio. Veintitres murieron privadas de su libertad, 8 en comisarías y 15 en cárceles.

El ministerio de Seguridad estableció que las situaciones posibles ante el incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio comienzan con la "orden inmediata de regreso al lugar de origen de parte del infractor de acuerdo al tipo de anomalía detectada", siguen con la "demora del infractor a la espera de la decisión del Poder Judicial", y en tercer lugar podría ocurrir la "detención del infractor de acuerdo al incumplimiento del artículo 239 del código penal (que penaliza al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal). 

Luego también se puede dar el "secuestro del vehículo del infractor" pero "la decisión respecto de los pasos siguientes respecto del vehículo es competencia del Poder Judicial". En el caso de andenes de trenes, "se labra el acta de infracción y se informa al Poder Judicial que dispone los pasos a seguir respecto de lo informado por la autoridad policial". Según los datos que proveen las fuerzas federales de seguridad, "es el Poder Judicial el que decide los pasos a seguir". Además, "en cualquier caso que se detecten síntomas compatibles con covid-19, se ordena el regreso al lugar de origen para el cumplimiento de la cuarentena, siguiendo las indicaciones del Poder Judicial", y los plazos serán determinados por el juzgado a cargo.

Se preguntaba en este diario Guido Risso  si es razonable esperar que un problema gravísimo como una pandemia pueda resolverse en algún sentido aplicando penas. Y si en definitiva es el castigo al otro la forma más racional y efectiva para abordar un enorme y complejo problema de salud pública? La pregunta no debería ser qué hacer "si te detienen" porque la policía no tiene la atribución legal para hacerlo aduciendo el ejercicio del APSO.  En el caso de que esa detención ilegal se de, se puede hacer acudir a organismos de derechos humanos como la APDH, el Cels, y el Ceprodh, a los puntos de denuncia de la CPM , a Correpi en las redes sociales, o al número del Ministerio de Seguridad, el 134 .