Reconoce el abandono por parte del Gobierno en la política de derechos humanos y habla de decisiones gravísimas en temas como criminalización de la protesta, migración y seguridad. Pero Gastón Chiller, director del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) cree que “no hay margen para retrocesos” en los juicios contra los represores. “Este proceso ya se autonomizó de la voluntad política y es un consenso y logro de la sociedad argentina”, afirma.

–Hay retrocesos en la política de derechos humanos ¿Cuál es la mirada del Cels?

–Para mirar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia hay que ver distintas dimensiones. En la dimensión judicial se puede observar alguna disminución en el ritmo del proceso, pero no un cambio en el sentido. Es cierto que el poder judicial más que nadie mira para donde va el viento político y probablemente muchos operadores judiciales que nunca estuvieron muy convencidos de este proceso ahora dejen de hacerlo. Pero si uno mira las sentencias de este año, hay que pensar en Plan Cóndor, un hito judicial porque fue la primera vez que la justicia expresa el Cóndor en términos alianza de la región para desaparecer, torturar y secuestrar. La Perla, con 28 perpetuas. Las condenas por la apropiación de Guillermo Pérez Roisinblit en San Martín. La condena en Mar del Plata por la Noche de las Corbatas. 

–También estuvo el fallo del empresario Marcos Levín, pero fue el único caso que avanzó la dimensión económica.

–Las causas con actores económicos fue la última capa que se incorporó al proceso de justicia de las muchas desde transición de la democracia. Aún durante los tres gobiernos del kirchnerismo no había claros avances en las investigaciones contra empresas y mucho menos los habrá ahora, en un gobierno de empresarios. Pero sí, una buena noticia, pese a que el personaje no es relevante en términos del empresariado, fue la condena a Levin. Luego hubo casos emblemáticos (de retrocesos) como el sobreseimiento de Julián Ercolini a Papel Prensa, fallo que la secretaría de derechos humanos no recurrió. El fallo de Masacre de Capilla del Rosario; el TOF de Tucumán que habilitó preguntas a las defensas que apuntan a las posibles acciones armadas atrás de lo cual está la idea de la guerra. Y el fallo de Casación sobre Santiago del Estero contra la imparcialidad de los jueces. Aún así, en esos casos, esto se lee en el contexto de que son las reglas de la causa judicial. A lo que voy es que lo que sucedió con la fecha del 24 de marzo muestra que este proceso ya se autonomizó de la voluntad política y es un consenso y logro de la sociedad argentina, que no está dispuesta a que retroceda. La voluntad política puede mejorar las condiciones para que las causas avancen, pero no hay margen para un retroceso, por ejemplo, con la sanción de una ley que los interrumpa. Me parece que los pisos están muy altos y muy consolidados.

–¿Hay una vuelta a calle del movimiento de derechos humanos para poner frenos a los retrocesos?

–Esto le quedó claro al propio gobierno el año pasado con la visita de Barack Obama, cuando Mauricio Macri tuvo que salir a las corridas a organizar la reunión con los organismos: hay un reconocimiento de la comunidad internacional a la Argentina por ese proceso, que genera que no existan retrocesos, porque también la clase política es consciente de eso. Otra cosa es que el poder Ejecutivo lo ponga en el centro de la agenda y lo promueva: sabemos que no es así. A nivel discursivo, Macri habla mal de estas cosas, con distancia, se le nota. Pero hay una línea de la gestión que a pedido de los organismos reclamó los archivos de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que no se habían desarchivado y esperamos más. Y también de Francia y el Vaticano. Lo que se ve no es una política de Estado que marque el rumbo en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, pero en esa falta, hay intersticios, no hay única posición. Por eso, el principal activo hoy de estas políticas es el consenso social.  

–¿Como ve la calle?

–Creo que hay saludables alianzas en una calle con actores políticos. En un punto, el retroceso de Macri en relación al feriado del 24 de marzo tiene que ver con que también se plantaron intendentes, gobernadores y por supuesto, la sociedad rechazó la posibilidad de que sea un feriado turístico y no un espacio para conmemorar el golpe de la dictadura más tremenda. 

–En paralelo, está Jujuy y la CIDH.

–Hay temas severos, como mostró la audiencia por los migrantes. O una provincia como Jujuy, donde se persigue y criminaliza la protesta social. También existe una regresión tremenda con el DNU de migrantes, expulsados sin derecho a defensa. Esto se ve en la actuación de los organismos de protección en derechos humanos. Argentina, lamentablemente, ha vuelto a tener que explicar ante estos fueros por políticas francamente regresivas en materia de derechos humanos del gobierno actual. También hay una regresión con la represión de la protesta, por ejemplo de la marcha del 8M y en el discurso de seguridad.

–¿Cómo evalúa el fallo Fontevecchia, en el que la Corte dijo que los fallos de la Corte Interamericana no son obligatorios?

–Es gravísima esa decisión de la Corte. Vuelve a una situación previa a la reforma de 1994. Eso también se explica por el lugar marginal que tiene el tema de los derechos humanos ante el gobierno. Los más vulnerables, que encuentran en el sistema internacional una protección a sus derechos, son los más perjudicados, porque pueden verse resentidos por esa decisión que todavía nadie termina de explicar. Pero no esta dicha la última palabra. Vamos a pedir a la CorteIDH un seguimiento de esa decisión de la Corte.