El procurador General Abel Cornejo reveló hoy que menos del 5% de las denuncias por abusos policiales presentadas en 2019 y en el primer trimestre de este año en la Fiscalía de Derechos Humanos llegaron a una resolución. Y más de 730 fueron archivadas sin ningún trámite. Los datos surgieron de una auditoría, que también exhibió otras malas prácticas de la Fiscalía de Derechos Humanos: de 18 investigaciones abiertas en 2019, nueve legajos estaban en préstamo, algunos desde hace más de un año. 

El jefe del Ministerio Público Fiscal de la provincia reveló esta información en una reunión que mantuvo esta mañana con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, de la que participaron otros legisladores.  

Cornejo detalló que durante todo 2019 y el primer trimestre de 2020 ingresaron 2.065 causas a la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo de Gustavo Vilar Rey. De ésas, 735 causas fueron enviadas a archivo "sin trámite alguno". 

El Ministerio Público Fiscal informó poco después que ante las irregularidades detectadas en la Fiscalía, el procurador "dispuso apartar a su titular, Gustavo Vilar Rey, que lo reemplace interinamente otra magistrada, y ordenar el inicio de un sumario administrativo, cuya fiscal instructora será Ana Salinas Odorisio". 

El detalle del informe dado por Cornejo en Diputados muestra la poca actividad de la Fiscalía que debe investigar a integrantes de la fuerza de seguridad: del total de 2.065 causas, 173 fueron remitidas a otras sedes para colaborar en la investigación; 376 fueron enviadas a la Fiscalía de Impugnación porque se había decidido el archivo; otras 735 causas fueron archivadas sin ningún trámite y 684 siguen en trámite pero sin resolución. 

"De 2.065 causas ingresadas a la Fiscalía en más de un año, se resolvieron solo 97", sostuvo el procurador General en su informe. Esto implica menos del 5% de las causas ingresadas.

Cornejo recordó que la Procuración General de la Provincia dispuso que se realicen auditorías en las 64 fiscalías que hay en la provincia. Y estos datos surgieron de la auditoría en la Fiscalía de Derechos Humanos, realizada sobre todo 2019 y el primer trimestre de este año. 

La auditoría exhibió también que en 2019 se abrieron solamente 18 legajos de investigación y en 2020, solo uno. De ésos legajos, solo nueve estaban en la Fiscalía en el momento de la auditoría. La otra mitad estaba en préstamo, condición en la que algunos se encontraban desde hace más de un año. 

Asimismo, en su revisión la auditoría tomó al azar 33 averiguaciones preliminares. Todas están inconclusas, además se observó que no hubo decisiones en el momento procesal que correspondía y que en ninguna de esas actuaciones se identificó a algún sospechoso. 

Una de esas averiguaciones preliminares fue archivada tres veces por la Fiscalía de Derechos Humanos y ese dictamen fue revocado otras tantas veces por la fiscala de Impugnación, Josefina David Herrera, y se le advirtió a Vilar Rey que era necesario realizar medidas investigativas adicionales. En ninguna de las averiguaciones preliminares tomadas al azar correspondientes a 2020 hubo movimiento alguno. 

El informe del procurador General da cuenta de otras falencias en la Fiscalía de Derechos Humanos, entre ellas la ineficiente registración de causas ingresadas. 

Unidades especiales 

En esta situación, el procurador General reseñó que se conformaron unidades para investigar denuncias contra la Policía de la Provincia o actuaciones sobre las que hay sospechas de que podrían ser irregulares. 

Así se constituyeron unidades especiales para investigar una denuncia por maltrato realizada contra la jefa de la Policía, Norma Morales, y otra oficial; o la denuncia de violencia policial denunciada por una joven en Orán en el marco de la cuarentena. Lo mismo se hizo para investigar la presunta responsabilidad policial en el femicidio de la docente Rosa Sulca, a quien no auxiliaron a pesar de sus pedidos de ayuda. 

También se constituyó una unidad especial para investigar la denuncia realizada por un agente de la fuerza contra otros policías del Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo (GOPAR), otra unidad investiga al diputado provincial Gustavo Orozco por el contenido de un video, otra investiga el operativo policial en General Ballivián, donde un joven perdió un ojo luego de haber recibido disparos de balas de goma realizados por policías. 

En la reunión con los diputados se recordaron también las investigaciones por gatillo fácil, en las que hay policías acusados por las muertes de Ramón Matías Zárate, Jorge “Guri” Farfán, David Alfonzo Neri Ovejero, Martín Carreras y Cristian Gallardo.

Un nombre contradictorio

Cornejo concurrió a la Comisión de Derechos Humanos, que preside la oranense Jorgelina Juárez (FdT), con un proyecto de reforma de la ley 7839, de 2014, y propuso el cambio de la denominación de la Fiscalía de Derechos Humanos por el de "Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias”, el nombre original cuando fue creada en 2004.

Según se explica en el proyecto, la propuesta de cambio de nombre obedece a la "necesidad de dar coherencia lógica entre las denominaciones que reciben las Fiscalías Penales especializadas (que indican una competencia material específica) y su realidad funcional y legal". En este caso esta Fiscalía fue creada por la Ley Provincial N° 7310/04 con el nombre de "Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias”. 

En la reforma de esta ley, por la 7839/14, que la designó Fiscalía de Derechos Humanos, se prevé que tendrá a su cargo "la investigación en todas las causas en que se atribuya, a un miembro de la Policía de la Provincia o del Servicio Penitenciario, la comisión de un hecho delictivo”. 

Cornejo destacó que "la función esencial de este Fiscal resulta consistente con la antigua denominación de Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias, y no con la actual de Derechos Humanos. Esta última denominación luce contradictoria y genera confusiones respecto del real cometido de la dependencia".