El Congreso dio otro paso para el control de las escuchas judiciales, que por ahora siguen en manos de la Corte Suprema. A través de una resolución conjunta que lleva las firmas de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se puso en marcha el cumplimiento de un convenio que sellaron los supremos y el Parlamento durante el gobierno de Mauricio Macri para el control legislativo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (AJUDECO), de la que depende la oficina de escuchas judiciales. La resolución establece que la Bicameral de Inteligencia, se encargue de monitorear su accionar.

CFK y Massa desempolvaron el convenio que la Corte Suprema y el Congreso firmaron el 29 de septiembre de 2016, y que nunca se había puesto en marcha. “El Congreso de la Nación efectuará el seguimiento de las actividades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, a efectos de garantizar los estándares institucionalidad y transparencia institucional y la actualización permanente de los métodos más eficientes para prestar asistencia contra el crimen en los planos nacionales y transnacional”, dice el primer punto del acuerdo.

Las autoridades parlamentarias también tomaron el segundo punto del acuerdo para designar el método de control: “El Congreso determinará la modalidad en que se desarrollen las tareas de seguimiento”, afirma el convenio. CFK y Massa asignaron esa tarea a la Bicameral de Fiscalización de Organismos y actividades de Inteligencia, que preside el diputado oficialista Leopoldo Moreau.

Una bicameral que tiene un rol muy activo en el seguimiento de las diversas denuncias penales e investigaciones judiciales sobre las actividades de espionaje ilegal realizados desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y agentes paraestatales, a dirigentes políticos, sociales, empresarios y eclesiásticos durante el gobierno de Macri. Ahora también tendrá en sus manos el control sobre las escuchas judiciales.

El espionaje ilegal y la difusión de escuchas ilegales fue denunciado por el actual oficialismo durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos y se transformó en una de las prioridades a resolver con su llegada al Gobierno. Una de las primeras medidas del presidente Alberto Fernández fue decretar la intervención de la AFI para terminar con lo que definió como “sótanos de la democracia”.

El Frente de Todos ya avanzó en el Senado, a pesar de la tenaz resistencia de Juntos por el Cambio, con el rechazo al DNU de Macri que traspasó las escuchas judiciales de la Procuración General a la Corte Suprema y que nunca había convalidado el Congreso. Aunque la alianza opositora bloquea su tratamiento en Diputados, el oficialismo está decidido a dar la pelea para el definitivo rechazo del DNU de Macri.

La resolución, en tanto, le brindará al oficialismo un sistema de control sobre las escuchas judiciales si –como se propone— la mismas vuelven a la Procuración General, ahora en manos del procurador interino Eduardo Casal. Una situación que se sostiene  mientras Juntos por el Cambio continúe en su negativa de rechazar el pliego del juez federal Daniel Rafecas como el nuevo procurador propuesto por el Gobierno. Y para cuya aprobación se necesitan los dos tercios del Senado, un número que el FdT no alcanza en soledad.