Integrantes de HIJOS y de la Asociación Pensamiento Penal Capítulo Salta llevaron ayer a la instancia nacional sus reclamos de que se tomen medidas para frenar la violencia policial durante el control en la provincia de las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia. Por un lado, con un informe en mano, plantearon que se suceden a diario hechos de violencia y abusos policiales, habilitadas aún más por el decreto de necesidad y urgencia 255, que anteayer se convirtió en ley 8191, y por el otro, denunciaron la inacción de la Justicia y el Ministerio Público Fiscal para investigar estos hechos.
Mientras esto sucedía, el procurador General de la provincia, Abel Cornejo, informaba en Diputados que el hasta ayer titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, Gustavo Vilar Rey, había sido apartado de este cargo y que se le iniciaba un sumario administrativo. Esta Fiscalía es la que debe investigar las denuncias contra miembros de la fuerza de seguridad provincial, la decisión de apartarlo se tomó luego de que una auditoría revelara lo que se venía denunciando: que hubo una práctica habitual de no investigar estas denuncias, de 2.065 causas recibidas en 2019 y el primer trimestre de 2020, solo tramitó 97.
HIJOS y Pensamiento Penal, y los oganismos de derechos humanos de Salta en general, vienen denunciando insistentemente el crecimiento de la violencia institucional durante la cuarentena. Esta semana presentaron un informe a distintas instancias de los tres poderes de la provincia. Y ayer convocaron a una conferencia de prensa y a una reunión virtual con funcionarios nacionales para pedir que se tomen medidas.
En este último caso la convocatoria tuvo una respuesta que excedió sus expectativas, dado que a los otros funcionarios que habían comprometido su presencia de antemano, se sumó luego el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien criticó el decreto 255, ahora Ley 8191, porque habilita "arbitrariedades graves" y sostuvo que debe haber "una sanción pública" y "una sanción judicial" para quienes cometen estos delitos.
Del encuentro virtual también participaron el director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski; Agustín Di Toffino, del Consejo Federal de Derechos Humanos, y Martín Fresneda, del Observatorio de Derechos Humanos del Senado nacional. Se mostraron informados sobre la situación en Salta, de hecho, Pietragalla había recibido ya un informe enviado por la delegada local de la Secretaría de Derechos Humanos nacional, María Martínez Morales Miy, quien también asistió al encuentro.
El secretario recordó que la delegada local pidió a funcionarios provinciales que se derogara el decreto 255, dijo que, siempre respetando la autononía federal, promueven que a la hora de vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias por la pandemia las provincias adhieran a las recomendaciones que dio el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque, dijo, "cuando llegan las sanciones internacionales, no se sanciona a las provincias, se sancionan a todo el Estado" argentino.
La abogada María José Castillo, de HIJOS Salta, sostuvo que el informe es un aporte. "Entendemos que las fuerzas de seguridad no tienen una formación en derechos humanos, no hay protocolos de acción. Instamos a las distintas órbitas del estado para que tomen medidas para evitar esto", sostuvo. Igual que antes lo había hecho el abogado Martín Plaza, de Pensamiento Penal, destacó la necesidad de que la justicia actúe frente a las denuncias por violencia institucional. Plaza destacó la inacción de la Fiscalía de Derechos Humanos y la gravedad de algunos de los hechos cometidos, que alcanzan incluso la categoría de torturas.
Del otro lado se mostraron receptivos. Fresneda lamentó la inacción judicial, teniendo en cuenta que “la única expectativa que muchas veces tienen las víctimas es la justicia”.
Los controles se tienen que hacer “dentro del marco del respeto a los derechos humanos, no lo tienen que hacer de cualquier forma”, enfatizó Przybylski, quien señaló la incoherencia de detener a personas que incumplen la cuarentena, porque esa medida busca disminuir el riesgo de contagios, entonces lo ideal es que las fuerzas de seguridad se preocupen de que las personas vuelvan a sus casas, no reunirlas a todas detenidas donde se favorece el contagio. "Hay que evitar las detenciones", aseguró tras recordar el protocolo de Seguridad de la Nación. "Estamos observando esto, que estamos preocupados por el tema y ya se lo hicimos saber a la provincia también", sostuvo.
Durante el encuentro, Canela Alvarez, de HIJOS, señaló también que el gobierno de Gustavo Sáenz no puso todavía a funcionar al Comité contra la Tortura.
“Esperamos que el Estado nacional pueda intervenir con respecto a esto porque la situación es grave”, insistió a su turno Juan Tejerina, también de HIJOS.
Ni bien terminó la reunión, que fue calificada como muy positiva, los participantes celebraron el apartamiento de Vilar Rey, y el sumario que será instruido por la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio. Plaza adelantó a Salta/12 que acercarán el informe a esta fiscala, como un aporte a esa investigación. De los 16 casos de violencia policial que se detallan en él, en ninguno hubo avances en la investigación y solo uno tiene imputados. “Somos testigos directos del incumplimiento y la falta de diligencia de esta Fiscalía”, dijo.
El informe será presentado hoy a la delegación local del INADI. La ley 8191 otorga mayores facultades a la Policía, que puede detener hasta por 60 días a una persona sin intervención de un juez, un fiscal ni dar derecho de defensa.
En este marco, ayer trascendió que el gobierno provincial estudia introducir cambios en esa ley para permitir que haya intervención de jueces y fiscales.
Inacción judicial
María José Castillo destacó por su parte ante este medio, que "Salta es la segunda provincia con más hechos de violencia policial", e insistió con las críticas a la inacción judicial: "en el círculo de impunidad la justicia es un eslabón importante".
Asimismo adelantó que instarán a la Corte de Justicia de Salta "para que resuelva sobre la inconstitucionalidad del DNU 255, ahora ley". La abogada señaló que el hecho de que la Corte convirtiera el amparo presentado por los organismos de derechos humanos y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en una acción de inconstitucionalidad "demoró muchísimo, implicó que se convaliden esas facultades exorbitantes a la Policía".
"Esta norma llama mucho la atención a nivel nacional", añadió. Es que "ningún gobierno provincial se animó a sacar una norma que habilite de esa manera a la fuerza policial. Si bien algunas provinciales lo hicieron de hecho no lo consagraron en una norma".
El día 21 de abril referentes de organizaciones de Derechos Humanos de Salta y el CELS presentaron un amparo colectivo en la Corte pidiendo que se suspendiera la aplicación del decreto 255. Este tribunal lo convirtió en una acción de inconstitucionalidad, con lo que evitó dar una respuesta urgente.
