El gobierno de Alberto Fernández enfrenta una embestida opositora. Campañas sucias en redes buscando quebrar la cuarentena en AMBA, se entremezclan con la crítica situación económica que atraviesa gran parte de la población. 

El desplome de la actividad en abril, mes donde rigió la cuarentena en todo el país, son usados para arremeter contra la política oficial de privilegiar la salud por sobre la economía. Como reacción defensiva, desde los despachos oficiales se intenta contrarestar la campaña mostrando que la reactivación ya comenzó, a partir de algunas cifraas de industrias paralizadas que comenzaron a producir en mayo. 

Sin embargo, el optimismo de algunos funcionarios parece inducirlos a pensar que un simple levantamiento de la cuarentena será suficiente para retomar el programa económico original del Gobierno.

El plan económico inicial de Alberto Fernández suponía que una resolución rápida de la deuda, en el marco de una política de acuerdo social, crearía un entorno estable para atraer inversiones, permitiendo un crecimiento sostenido donde la brecha externa se desplazaba por el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales. 

Sin embargo, la negociación de la deuda probablemente se extienda, la conflictividad social crecerá por la destrucción económica generada por la pandemia, la inversión privada externa será reducida en el actual contexto global y la interna deberá ser inducida por políticas activas. El desarrollo de la explotación de energía no convencional es una incógnita con el actual precio del petróleo y lo más probable es que el comercio internacional se vea por un tiempo reducido, por lo que la dinámica exportadora no podrá ser el motor del crecimiento.

Esa nueva realidad requiere rediseñar un programa que movilice los recursos internos siendo capaz de readaptar y reconvertir una cantidad importante de puestos de trabajo y, en algunos casos, sectores productivos por completo (por ejemplo, el turismo), en un contexto de finanzas públicas debilitadas y fuertes presiones cambiarias.

El “Plan Marshall criollo” presentado por los movimientos sociales es un ejemplo para movilizar amplios sectores de la población en una reconversión productiva drástica. Esas ideas retoman el programa de reactivación que conformaba el “Plan Hornero” elaborado en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), donde se propone la generación de 500.000 puestos de trabajos anuales en sectores vitales para el desarrollo, con amplios multiplicadores del empleo y escaso derrame en importaciones: vivienda, educación, deportes, cultura. 

Esas ideas deberían readaptarse a la nueva normalidad, contribuyendo a una descentralización geográfica de la población y al relativo autoabastecimiento en bienes esenciales de las diversas regiones del país. 

La crisis de las finanzas públicas impone la necesidad de buscar nuevas formas de financiamiento del programa de reactivación pospandemia. Se vuelve crucial utilizar el exceso de liquidez del sistema financiero interno, reorientándolo desde la especulación hacia el desarrollo socioproductivo.

@AndresAsiain