El Estado volcó recursos a la economía por 1,4 billones de pesos, equivalente al 5 por ciento del PBI, para intentar contener la crisis del coronavirus. Sólo hasta mayo, se incorporaron refuerzos crediticios al presupuesto por 537 mil millones de pesos. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa ATP para las empresas fueron las medidas que implicaron el mayor esfuerzo estatal. 

Así se desprende de la gestión financiera de la Administración Pública durante los primeros 5 meses de 2020. Con una caída de los ingresos debido a la recesión que transita el país por tercer año consecutivo, y un aumento de los gastos para paliar lo que será una de las mayores crisis económicas, el déficit primario alcanzó el 70 por ciento de lo estimado para todo el año. 

Refuerzos

Los refuerzos destinados a la atención de la pandemia ascienden a 537.315 millones de pesos, sólo hasta mayo de este año. Con la extensión de la cuarentena en el AMBA, el área más productiva del país, los gastos seguirán creciendo. De hecho, el Gobierno ya anticipó una tercera ronda de IFE y un cuarto ATP.

El mayor gasto para enfrentar la crisis fue el IFE de 10 mil pesos para casi 9 millones de personas, por 89.630 millones de pesos, por lo que las partidas registradas a mayo en el presupuesto solo contabilizan el IFE 1. Le sigue el ATP por 85 mil millones, el programa mediante el cual el Estado pagó al 60 por ciento de las empresas del país parte de los salarios a 2,8 millones de trabajadores.

Para las empresas, también se destaca el refuerzo de 67 mil millones de pesos para para las garantías que utilizaron las pymes para obtener financiamiento a tasas subsidiadas. Otro desembolso de relevancia tiene que ver con las transferencias a las provincias y municipios, que entre distintos conceptos ascienden a 175.730 millones de pesos.

Por otro lado, se destaca el gasto en políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social por 42.788 millones de pesos. En menor medida, el pago del bono especial para personal de salud, fuerzas armadas y de seguridad implicó un desembolso de 12.866 millones de pesos. En tanto, para la asistencia de argentinos en el exterior se destinaron 215 millones.

Ingresos y gastos

Todos los Estados del mundo destinaron fuertes estímulos para atender lo que se prevé será la mayor crisis mundial desde la Gran Depresión, según el FMI. El paquete económico aplicado en Chile fue de 6,7 por ciento del PBI y en Brasil del 10 por ciento, según el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. En tanto, en Estados Unidos ascendió al 28 por ciento del PBI y en Alemania trepó al 32 por ciento.

En Argentina, el mayor gasto viene acompañado de una caída en los ingresos. Los gastos corrientes aumentaron 68,1 por ciento interanual. Desagregado por concepto, se destaca una suba interanual del 300 por ciento en transferencias a provincias y municipios; un salto del 186,6 por ciento interanual en transferencias a empresas privadas y de 121 por ciento a públicas; un aumento del 98,5 por ciento en jubilados, en gastos relacionados a prestaciones y medicamentos y, una suba del 62,5 por ciento en asignaciones familiares.

En cinco meses, los gastos totales de la Administración Pública devengaron el 45,2 por ciento del nivel estimado para todo el año. Por su parte, el déficit total alcanzado fue de -931.713,8 millones de pesos, el 53,9 por ciento del estimado para 2020. En cambio, el resultado primario fue de -670.370 millones de pesos, el 69,6 por ciento del estimado para el año.

A fines de 2019, el déficit financiero fue de 0,6 por ciento del PBI, debido al crecimiento que registró el peso de los servicios para el pago de la deuda. Mientras tanto, los recursos totales experimentan una caída, debido a la baja de los ingresos tributarios por la caída en la actividad y el consumo, y a la caída en los aportes y contribuciones, impuesto postergado para las empresas como parte del programa ATP.

En un contexto de tasas internacionales cercanas al 0 por ciento, Argentina tiene cerrado el acceso al crédito desde el reperfilamiento de la deuda en agosto de 2019. En el primer semestre, el país obtuvo desembolsos por 800 millones de dólares con organismos internacionales. Se firmaron 11 contratos de préstamo por 2.130 millones de dólares y 7 operaciones por 1.657 millones. Además, el BID aprobó el redireccionamiento de 1.000 millones de dólares de programas para atender la emergencia.