En lo que fue la 12° sesión ordinaria del año de la Cámara de Senadores, se aprobó el proyecto de lley que venía de la Cámara de Diputados y que establece disposiciones procesales transitorias para adecuar los trámites judiciales a la emergencia sanitaria establecida por la pandemia de la Covid- 19.

Entre algunos de sus puntos, dispone que se celebren audiencias por medios virtuales y que las resoluciones judiciales, como decretos, vistas y traslados, se comuniquen por vía electrónica. Además, determina que el préstamo y remisión del expediente papel solo será proveído si resulta absolutamente indispensable, lo que queda a criterio del juez a cargo de la causa.

Éste último es uno de los criterios más criticados por el Colegio de Abogados de Salta en cuanto a las arbitrariedades y desigualdades que pueden surgir por parte de los miembros del Poder Judicial.

A su vez hace una semana, la misma Comisión de Legislación General que evaluó el proyecto y le dio dictamen positivo para su tratamiento, se reunió con la asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, y el defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella.

En ese momento los funcionarios judiciales solicitaron que se realice un trabajo cuidadoso antes de elevar el proyecto al recinto. “Nos sorprendió mucho cuando la Cámara de Diputados aprobó este proyecto, ya que no fuimos consultados en nada y consideramos que somos parte en este asunto también”, había dicho Lapad.

Para ella, la pandemia no puede impedir el acceso a la Justicia, y “dictaminar sin tener acceso al expediente sería irresponsable y derivaría en que la actuación del Asesor de Incapaces fuera simbólica”, añadió.

A su vez, los magistrados acercaron a la Comisión un informe en el que destacaron la necesidad del contacto presencial para el trabajo de los psicólogos y asistentes sociales de los equipos interdisciplinarios del Ministerio Público.

Y aunque reconocieron que es importante avanzar en la digitalización de los expedientes y en el acceso a la justicia, advirtieron que “no se puede hacer a las apuradas, como pretende este proyecto”.

A pesar de la promesa de los senadores de continuar analizándolo, una semana después fue elevado a la Cámara y aprobado por mayoría.

Los dos senadores que votaron en contra de la iniciativa, Guillermo Durand Cornejo y Javier Mónico, utilizaron en su fundamentación los argumentos vertidos por el Colegio y los magistrados de la Asesoría y la Defensoría General.

El presidente de la Comisión de Legislación, Dani Nolasco, defendió la ley argumentando que su objetivo es “garantizar el debido proceso legal y el acceso a la Justicia”, aseguró que son solo medidas transitorias “para que no se paralicen los procesos judiciales”.

De la misma manera se refirió Jorge Soto, al sostener que “no hay que privar a la ciudadanía de tener un acceso a la Justicia”.

Sueldos congelados y sin receso

El presidente de la Cámara, Antonio Marocco, informó que acordaron todos los senadores que no habrá receso legislativo y que sus sueldos continuarán congelados por 180 días más.

“El interbloque decidió seguir sesionando con normalidad y después atenderemos nuestras cuestiones”, aseguró el vicegobernador, y añadió que por la crisis producida por la pandemia sus ingresos se mantendrán sin cambios hasta fin de año.

El congelamiento salarial para lo que resta de 2020 también fue dispuesto por la Cámara de Diputados, tal como lo anunciaron el martes en la sesión.

Solicitud por el pago del IFE

Se aprobó el proyecto de declaración de María Silvina Abiles, en conjunto con los senadores Dani Nolasco, Carlos Ampuero, Héctor Nolasco, Manuel Pailler y Carlos Rosso, para solicitar que el Poder Ejecutivo Provincial y a los legisladores nacionales que representan a la provincia, realicen los pedidos correspondientes para que se incorpore en la programación y tercer pago del IFE a los beneficiarios de Salta.