El procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso ayer que la fiscala Verónica Simesen de Bielke se haga cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos en reemplazo de Gustavo Vilar Rey, quien fue apartado de esta dependencia luego de que una auditoría ratificara que dio trámite a solo 97 de las 2.065 denuncias por violencia institucional que se recibieron en todo 2017 y el primer trimestre de este año. 

En la misma resolución, el procurador dispuso que este fiscal estará a cargo en forma interina de la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), cuando se reincorpore al trabajo, porque por ahora se encuentra con licencia debido a que es una persona de riesgo para el caso de que contrajera la Covid-19. En su ausencia la UFICON seguirá a cargo de la fiscala penal Gabriela Buabse.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el procurador reorganizó las fiscalías, "en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 82 y 83 del Código Procesal" con "el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal y aprovechar mejor los recursos humanos disponibles". 

Simesen de Bielke se desempeñó como fiscal penal de General Güemes, y estuvo en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. El Ministerio Público Fiscal señaló ayer que en esta función "tuvo una destacada actuación" en el juicio por el femicidio de Daniela Guantay, en el que cinco personas fueron condenadas a prisión perpetua. 

Hasta ayer, vino desempeñándose en la Unidad de Delitos Económicos Complejos, que investiga delitos contra la administración pública, y desde donde impulsó diferentes investigaciones por fraude, peculado y otros delitos contra el erario público. Por el momento, en esta Unidad quedará el fiscal Leandro Flores. 

Pedido de sanciones a un banco 

Precisamente, una de las últimas acciones de Simesen de Bielke como fiscala de Delitos Económicos Complejos fue solicitar una sanción para el Banco Patagonia, por no responder pedidos de informes realizados en una investigación penal de esa Unidad.  

La fiscala informó a Salta/12 de esta acción en una entrevista, poco antes de que fuera designada en Derechos Humanos, en la que repasó los casos más resonantes de corrupción que estaba investigando. 

Sobre el avance en trámites en los que se investiga a ex intendentes por supuestos hechos de corrupción, la fiscala informó que en la investigación al ex jefe comunal de Campo Quijano, Manuel Cornejo, en su Fiscalía estaban "esperando documentación del Banco" Patagonia, que no la envía a pesar de que ya se reiteró el pedido iniciado en febrero último. Por esto realizó "un pedido de multa a los bancos por no presentar la documentación”. 

"No contamos con esa información y necesitamos saber quiénes son esas personas que cobraron esos cheques por ventanilla, ¿no? Que es mucho dinero, son 84 millones de pesos. No es poca plata”, se explicó la fiscala. El faltante de casi $84 millones en las arcas municipales de Campo Quijano surgió en un informe de la Auditoría General de la provincia. Esos fondos habían sido enviados por la provincia y la Nación entre enero de 2017 y diciembre de 2019. 

Por otro lado, la denuncia contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto "Kila" Gonza,  "está bastante avanzada. Tengo que esperar que presente su descargo por escrito, que es lo que él pidió, es un derecho así que vamos a esperar, pero es una causa que está bastante avanzada, veremos qué ofrece de descargo y si no cambia la imputación seguramente vamos a formular el requerimiento de juicio inmediatamente”, informó la fiscala.

Además, hay otra causa contra el ex intendente de La Caldera, Daniel Escalera, imputado "por incumplimiento de los deberes de funcionario público" por no haber presentado la información para que se puedan llevar adelante las auditorías y porque durante su administración "no cumplían con las normas del sistema de administración financiera". Este proceso se inició basándose en documentación presentada por la Auditoría General.

Simesen de Bielke se mostró molesta con los lagos plazos que se toman algunos tribunales para resolver planteos. Lo hizo al referirse a procesos que esperan resolución de la Corte de Justicia de Salta y también a otros paralizados en tribunales inferiores.

Una de esas referencias fue al hablar de la causa por peculado que se sigue contra el ex intendente de Rosario de Lerma, Sergio Omar Ramos, por la no rendición de un faltante de $341.715. La imputación formal era de abril de 2017 y desde entonces había quedado a la espera de la resolución de un recurso de la defensa.

A principios de este mes Simesen de Bielke requirió el juicio, luego de conseguir destrabarla. “Estaba prácticamente lista, pendiente de un recurso, se resolvió por un pronto despacho que interpuse y pudimos avanzar. Estaba frenada hace dos años", señaló la fiscala. Dijo que este tiempo para los fiscales "es demasiado". La Fiscalía requirió que se eleve para hacerse el juicio, ahora la causa "está para que hagan los traslados a las defensas y si no hay ninguna nulidad, seguramente ya se va a disponer la elevación a juicio”.

Romero no pidió ser juzgado

La otra referencia a la morosidad judicial fue cuando habló de las causas penales que tiene el ex gobernador y senador nacional Juan Carlos Romero. La investigación de la concesión de un hangar en la Aviación Civil “está elevada a juicio, tiene tribunal de juicio, pero obviamente el senador goza de privilegios constitucionales que hasta que no sea desaforado o se someta voluntariamente al juicio, esa causa no puede ser llevada a juicio, no puede avanzar el juicio, esto es algo que depende de la voluntad del legislador o del Cuerpo Legislativo”, que pocas veces desaforó a un legislador, sostuvo.

-¿Y Romero no expresó voluntad de someterse a juicio?

-No, no. Absolutamente, no. Y las otras causas viejas que son del sistema de instrucción, que son las causas de La Ciénaga y otras más, están también paradas porque ahí la Corte declaró todo nulo, absolutamente todo y se interpusieron recursos así que hasta que no se resuelvan esos recursos nosotros también tenemos que esperar porque ahí el sistema de investigación no le correspondía al Ministerio Público Fiscal sino a los jueces.

Romero tiene varias causas penales que siguen abiertas, aunque sus trámites, en general, vienen muy demorados. Ni el Ministerio Público Fiscal ni el Poder Judicial precisaron el número de denuncias contra el ex gobernador y senador nacional que aún siguen en pie. En la causa de La Ciénaga se investiga una operatoria por la que en 1998,  siendo gobernador, Romero autorizó la permuta de 90 hectáreas en La Ciénaga con el fin de que se construyeran viviendas sociales. Sin embargo, esas casas nunca se construyeron y finalmente, tras una serie de pases de dueños, las tierras quedaron en manos de la Estancia El Carmen, de propiedad de la familia del senador nacional. 

“Hay que esperar" y "habrá que ver qué declara la Corte para ver si se formula un nuevo requerimiento o no”, sostuvo Simesen de Bielke. Estas causas están desde el año pasado a la espera de una decisión de la Corte, “esperamos ahora con esta constitución en salas capaz que tengamos suerte, es lo que uno espera”, remató. 

Huergo 

La fiscala intervino también en la investigación de la denuncia presentada por la empresa Lusal contra Matías Huergo, el mismo que está también procesado en la Justicia Federal por una millonaria evasión impositiva, y que está denunciado además por un fraude a la administración pública mediante el uso de facturas apócrifas que eran presentadas a la Municipalidad de Salta y a la empresa Aguas del Norte. 

En la denuncia de Lusal, Simesen de Bielke, requirió el 5 de junio pasado la elevación a juicio de la causa en la que Huergo está imputado por administración fraudulenta. 

La semana pasada la fiscala inició de oficio una investigación ante la noticia de presuntas irregularidades en la entrega de módulos alimentarios en la ciudad de Salta. “Dispuse una investigación para determinar si esos dichos, sobre todo referidos a un comedor de Villa Floresta, son ciertos y a partir de ahí verificar quiénes podrían ser las personas involucradas”, explicó la fiscala.