El juez Federico Villena fue apartado de la causa por el espionaje ilegal macrista

En medio de las indagatorias, el juez federal Federico Villena fue apartado de la causa sobre múltiples maniobras de espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri en función de planteos de los ex espías que están imputados. La decisión fue tomada por el camarista federal de La Plata, Roberto Lemos Arias, quien dio crédito al “temor de parcialidad” que alegaron teniendo en cuenta que el propio Villena había dado órdenes a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre actividades que él mismo se puso a investigar. “En la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas”, sostuvo el camarista. El caso pasó a manos del juzgado 2 de Lomas de Zamora, que subroga Juan Pablo Augé, y que ya tiene a su cargo la causa sobre el espionaje al Instituto Patria y a Cristina Fernández de Kirchner. Hacia el final del día se disponía a conceder prisión domiciliaria a todos los/las imputados/as que ya fueron indagados y la libertad a los que no fueron interrogados todavía, que serían citados para la semana próxima.

La última indagatoria del jueves –que en rigor terminó ya el viernes pasadas las 3 de la madrugada-- fue la de Susana Martinengo, la ex coordinadora de documentación presidencial, estrecha colaboradora de Mauricio Macri en la Casa Rosada y antes en la jefatura de gobierno porteño (ver aparte). La mujer está señalada como una de las personas que recibía informes de inteligencia ilegal de manos de los propios espías, principalmente de Leandro Araque, Jorge “el turco” Sáez y Facundo Melo, quienes tienen 12 ingresos a la casa de gobierno a reuniones específicas con Martinengo. Estos tres ex espías declararon ya también. Ahora todo pasará a manos del juez Augé pero los fiscales son los mismos que intervenían hasta ahora: Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Ambos estaban ya a cargo de la causa sobre el espionaje al Instituto Patria y a la casa de CFK. Por eso una de las primeras decisiones que tomó Augé fue declarar la conexidad de ambos expedientes, aunque tramiten separados, y delegar la investigación en la fiscalía, informaron allegados a la pesquisa.

Las defensas de los imputados que fueron detenidos ya habían hecho planteos de excarcelación y algunos empezaron a sumar tras la decisión de la Cámara algunos pedidos de nulidad de nulidad de todo o parte del expediente. Incardona y Eyherabide ya se habían pronunciado a favor de conceder arrestos domiciliarios a las mujeres implicadas, que tienen niños, y admiten lo mismo para los varones que ya fueron indagados. En el caso de Martinengo hay una situación más compleja ya que si bien ellos le habilitaban la detención en su casa por edad (64 años) y factores de riesgos de salud frente al coronavirus, el juez Villena la rechazó y mandó a hacer estudios forenses. Los últimos tres detenidos (Johnatan Nievas, Javier Bustos y Dominique Lasaigues), que serían indagados el viernes, quedarán en libertad y se los interrogará la semana próxima. Martín Terra, el chef amigo del ex titular de la AFI Gustavo Arribas, que estuvo a cargo del espionaje a Diego Santilli, actual pareja de su ex esposa, Analía Maiorana, había sido declarado rebelde y debería presentarse.

Los espías que pidieron el apartamiento de Villena planteaban que en la causa sobre el espionaje macrista el juez estaba investigando tareas de inteligencia en donde él mismo había tenido una intervención originalmente, y donde está en duda si fue cómplice de acciones ilegales (otorgando una cobertura judicial) o si lo engañaron. Uno es el expediente donde se evaluaban alertas de seguridad de la propia AFI en el contexto de la realización de la Cumbre del G20, la de la XI Organización Mundial de Comercio y los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde se introdujeron advertencias sobre posibles atentados contra CFK, Diego Santilli y Waldo Wolff, entre otros. Los tres son querellantes en la megacausa sobre el espionaje porque, efectivamente, fueron espiados. En su momento nadie les avisó que estaban bajo amenaza de algún tipo pero los ex espías los siguieron y elaboraron informes, con tareas que habrían sido habilitadas o respaldadas desde el juzgado de Lomas de Zamora. La otra causa es aquella donde el propio juez Villena había ordenado la intervención de teléfonos públicos del penal de Ezeiza, cuando investigaba al narco Mario Segovia y a una organización que producía explosivos. Esas escuchas fueron entregadas para ser desgrabadas y transcriptas por la AFI. De allí se filtraron las famosas del “operativo puff” que ponían el foco en ex funcionarios del kirchnerismo y empresarios, y que se usaron para cuestionar otra causa sobre espionaje, la que conduce Alejo Ramos Padilla.

“Después de analizar los argumentos expuestos por las partes recusantes y las razones invocadas por el juez recusado, considero que las circunstancias objetivas que surgen de los expedientes reseñados precedentemente permiten tener por fundado el temor de parcialidad invocado por las defensas de los imputados Araque, Melo y Sáez”, sostiene el fallo del camarista Lemos Arias. “Se advierte que los hechos que se investigan guardan relación con las medidas que fueron adoptadas por el juez Villena en el marco de las causas” sobre el G-20 y sobre Segovia. “Instruyó las causas referidas y ordenó diversas tareas de inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia y a la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal entre fines del año 2017 y comienzos del año 2019” “y las actividades de espionaje ilegal que son objeto de investigación en la presente causa 14149/2020 se habrían llevado a cabo, en parte, en ese período de tiempo y estarían vinculadas directa o indirectamente a las medidas ordenadas por el juez Federico Villena en las referidas actuaciones judiciales”, sostiene el fallo de Lemos Arias. También precisó que el mismo juez fue quien dispuso “las tareas de inteligencia y las intervenciones telefónicas” en el penal de Ezeiza.

“Villena, como instructor de las causas referidas, era el encargado de controlar y evaluar la legitimidad y el alcance de las medidas ordenadas, por lo cual se encuentra justificado el temor de parcialidad alegado por los recusantes y el pedido de que no quede a cargo de la investigación de las actividades ilícitas derivadas –en parte—e las medidas que él mismo dispuso”, afirma la sentencia. Remarca también que el propio juez se excusó en la causa sobre el Instituto Patria, donde la denunciante, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, planteó que existió un intento de “legalizar el espionaje” incorporando un informe de la AFI al juzgado de Villena “sin que haya surgido una alerta, amenaza o riesgo que ameritase la intervención a la vida privada” de CFK sin su consentimiento. Villena allí figura como testigo.

El camarista de La Plata no saca conclusiones sobre el papel de Villena en relación a la actividad de inteligencia ilegal desplegada, pero marca que tiene un interés en estos procesos porque se vinculan con decisiones suyas. “No se halla en la posición de imparcialidad necesaria para seguir al frente de la investigación y para decidir sobre los hechos que son objeto de la pesquisa”, definió Lemos Arias.

El juez Augé, que subroga el juzgado 2 de Lomas de Zamora, que queda a cargo no es un penalista. Es, de hecho, titular del juzgado civil de Lomas desde 2008. Hasta las 18 horas no había recibido el expediente completo, que tiene más de 20 cuerpos. Luego de resolver los planteos de excarcelación, se encontrará con pedidos de nulidad de los abogados de los espías. Ellos se aferran a una interpretación del Código Procesal según la cual desde que se plantea una recusación que finalmente esa aceptada, todo sería nulo. El fallo de la Cámara no declara nulidades y, en los tribunales platenses y de Lomas ven pocas posibilidades de que ese enfoque prospere. Algunas de las medidas claves, como los allanamientos donde se incautaron computadoras y teléfonos que concentran el grueso de la prueba, fueron anteriores a los pedidos de apartamiento del juez, por ende esa prueba crucial no peligra tampoco.

Una sombra pendiente para la investigación es la que está instalada en Comodoro Py, donde el camarista Mariano Llorens ya se pronunció porque un tramo de la causa quede a cargo de un juez de ese edificio, Sebastián Ramos. Es el tramo que alude al intento de atentado con una bomba de trotyl en la puerta de la casa del ex funcionario del ministerio de Defensa y ex agente de inteligencia José Luis Vila, que de hecho fue el hecho que señaló la punta del ovillo de la trama de espionaje cuando un narco, llamado Sergio “Verdura” Rodríguez contó que uno de los ex espías, Facundo Melo, lo había contratado para esa misión. El celular de Melo fue lo que llevó al grupo de whatsapp de espías “Super Mario Bross” y otros subgrupos como “Argentina” donde había hasta legajos de las personas espiadas. El fiscal Guillermo Marijuán pidió la semana pasada que toda la causa pase al juzgado de Ramos, y está pendiente la decisión de la Cámara.