"El modelo ideal es que este ministerio sea como las inferiores de un club, que va preparando gente que en un momento sale", afirma el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Sin embargo, desde que asumió su cargo el mundo cambió a raíz de la pandemia y la necesidad de asistencia se multiplicó. En esta entrevista con Página 12, el funcionario cuenta cómo pretende convertir a su área en el ministerio de la movilidad ascendente para tratar de salir adelante. Trabaja en un plan con tres pilares: trabajo, ingreso y acceso a los servicios de todos los argentinos. 

Como anticipo del conversatorio sobre Ingreso Ciudadano Universal organizado por PáginaI12 y la Red Interuniversitaria de Posgrados en Política Social el próximo miércoles 8 de julio, del que formará parte junto con especialistas locales e internacionales, Arroyo dio definiciones acerca de la forma que la renta básica universal puede llegar a tomar en el país, de lo que rescata de las experiencias internacionales y de la necesidad de conseguir un consenso entre organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos para poder realizar un cambio profundo en la política social. "Va a estar vinculada al mundo del trabajo y tiene que tener asociación con los niveles de fiscalidad posible", asegura.

Renta Básica Universal

- La renta básica universal es un derecho de ciudadanía sin condicionamientos, focalización y permanente, ¿ cómo la imagina en Argentina?

-Va a estar vinculada al mundo del trabajo y tiene que tener asociación con los niveles de fiscalidad posible. Siempre la pensé no como una renta básica al “modelo europeo”, que es un problema más que nada de ingresos, sino agregándole la complejidad que la situación argentina demanda: tiene que estar asociada al trabajo. A mí me parece que no se puede entender el problema social argentino sin vincular trabajo, ingresos y acceso a servicios. Escindir una de la otra es claramente un error.

El esquema para pensar la renta básica hoy se trata de 9 millones de personas que cobran el IFE, 580.000 personas que cobran planes sociales (que significa la mitad del salario mínimo) y 4 millones de chicos cuyos padres cobran AUH. Ese es el universo de asistencia del Estado hoy, y es el mundo que hay que rearmar para diseñar un mecanismo de renta básica que se pensará en etapas, porque está sujeto a cuestiones fiscales. 

Su criterio tendrá que ver con la asignación fiscal, más allá de que vaya a convivir con algunos mecanismos como son la AUH. Claramente hay que tener un cruzamiento con una cuestión fiscal para ver cómo y por dónde empezamos. Dentro de la base del IFE hay 3 millones de personas que están en una situación de deterioro muy grande y estructural de sus ingresos, y entiendo que esa complicación no es momentánea.

- El hecho de que el IFE se reduzca en su nueva versión solo a regiones en fase 1 ¿no se pone en tensión con esta idea de ingreso base?

-Si lo analizamos a partir de un entendimiento de los problemas fiscales y de endeudamiento que tiene el país, pero también de una clara decisión del presidente para volcar recursos, lo imprescindible es rearmar la política social. En ese cambio estructural, el IFE está estrictamente asociado a cuánto se abre o no la actividad económica. Tenemos que rearmar un esquema, la Argentina necesita reconstruirse sobre la base de que hay ingresos que garantizar porque hay gente que no tiene, que la generación de trabajo viene a través de cinco sectores productivos mano de obra intensivos (textil, construcción, producción de alimentos, cuidado y reciclado), y que no puede ser que una parte de la Argentina viva en el siglo XIX sin piso de material ni servicios básicos. Primero hay que ponerse de acuerdo en lo conceptual.

- La Tarjeta Alimentaria que lanzaron en febrero, hoy se convirtió en un instrumento importante para mitigar el hambre ¿Había pensado algo similar a una renta básica universal pre pandemia?

-Siempre pensé que en Argentina tenía que existir un ingreso base. Alberto Fernández presentó el programa Argentina Contra el Hambre en octubre, previo a ganar las elecciones. Lo había pensado como un programa con tres etapas: la primera era la Tarjeta Alimentaria para resolver el problema del hambre y después construir mecanismos de renta básica y de vínculo con el trabajo. Llegamos a entregar 1.100.000 plásticos del 1.500.000 que nos habíamos propuesto. Cuando comenzó el aislamiento, la lógica del Ministerio dio un giro de 180 grados. Todos los recursos y las políticas en que veníamos trabajando para avanzar en la segunda y tercera etapa ( ingreso base y trabajo), se volcaron a la contención alimentaria. Los recursos monetarios para este fin aumentaron de 5.000 millones a 14.000 millones de pesos mensuales.

- ¿Qué experiencias mira del resto del mundo y qué le gustaría tomar de cada una de ellas?

-Hay varios casos en el mundo. En España la política está pensada como una renta minima, lo que nosotros llamamos salario mínimo, más vinculado a ingresos que a trabajo. Está implementándose por etapas, que es la manera en que lo pensamos nosotros. La enseñanza del caso de España es que hay que trazar estas políticas con un gran nivel de consenso: debe ser un trabajo articulado con las organizaciones sociales, sindicales y los partidos políticos con representación parlamentaria. Porque tiene un impacto fiscal importante, tiene que sostenerse en los próximos diez años con prioridades y trascender un gobierno. Esa es la forma de fijar políticas de Estado para lograr un cambio profundo y estructural en la política social.

- ¿ Y piensa que eso es posible en la Argentina?

-Yo era diputado cuando tanto oficialismo como oposición votamos por unanimidad la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que es la base para obtener información y planear politica social. Hay un compromiso casi explícito. En la Argentina no hay posibilidad de ponerse de acuerdo con todo, claramente. Pero sí se puede encontrar consenso en algunas cuestiones y esta es una de ellas. Ademas, implicaría combinar derecho con desarrollo económico: un ingreso base se vuelca al consumo, una urbanización genera empleo.

Protección social

- A nivel mundial, está muy bien vista la fortaleza de las herramientas de protección social de Argentina, ¿a qué se debe?

-El sistema de protección social en Argentina se creó cuando más del 90 por ciento del empleo era formal. Todo el sistema de seguridad social quedó pivoteando sobre el recibo de sueldo. Quien tiene recibo de sueldo, tiene derechos sindicales y se va a jubilar, tiene salario familiar, apoyo escolar. Con el crecimiento de la informalidad por las crisis profundas en los 90 y 2001, el sistema se adaptó más allá de las fronteras del empleo formal: en la práctica, tomó el nombre de AUH y moratoria. Eso no lo hizo casi ningún país. Antes era el del mundo de los trabajadores sindicalizados y ahora con niveles altos de informalidad y desempleo, aparecieron los movimientos de desocupados y organizaciones sociales. Argentina tiene el sistema de seguridad, la cobertura de salud, de educación y alimentaria más amplia de América Latina --aunque se puede discutir su calidad--. Con dificultades y con muchas cosas a mejorar. Esto fue posible gracias a un acuerdo social y de equilibrio, aunque con dificultades. Los sectores que no estaban representados lograron constituir su representación.

- ¿En qué se parece esta crisis a la del 2001?

-El 2001 nos enseñó a atravesar la crisis: hoy tenemos un Estado más fuerte y una mejor sociedad. Gracias a que el Estado es más fuerte, pudimos girar rápidamente la política social y atender a tanta gente. Por ese reflejo del 2001 hoy tenemos una gran red social. En 2001 estrictamente, antes del Plan jefas y Jefes de hogar, existía únicamente el Plan Trabajar que cubría a 200.000 personas. Eso era todo. Luego se fue agrandando la cobertura con el Plan Jefas y Jefas, que alcanzó a 2 millones de personas y gracias a organizaciones sociales, iglesias, escuelas. Todos aprendimos del 2001 y en este contexto estamos con más capacidad de atender y contener la situación.

Pobreza

- ¿Cuántas de esas 11 millones de personas que hoy reciben asistencia alimentaria piensa que van a quedar en esta situación?

-No se pueden hacer proyecciones de pobreza sin encuestas presenciales, aunque ya tendremos los niveles calculados por INDEC en septiembre. El esquema que compone esas 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, que hasta antes de la pandemia eran 8 millones es, por un lado, las personas que ya se asistían habitualmente. A estas se le sumaron de forma permanente aquellas que hacían changas y se asistían eventualmente. Además, un sector que nunca había estado asociado a la asistencia alimentaria, como los mozos, taxistas, remiseros o mano de obra que tenían ingresos propios, formales o informales pero en esencia vivían de su propio ingreso, y por último un pequeño sector con trabajo formal pero muy bajo. Cuando termine la cuarentena, probablemente no vayamos a bajar de 11 a 8 de vuelta, porque la situación es muy crítica. Es difícil poder predecir pero de las personas nuevas que recibieron asistencia por lo menos las dos terceras partes van a quedar un tiempo largo. Por eso debe haber un ingreso de base acompañando. Tenemos que demostrar la capacidad para reconstruir movilidad social ascendente, y generar caminos de salida.

- ¿Cómo se preparan desde Desarrollo para enfrentar esta nueva etapa más estricta de cuarentena?

-Proyectamos que hasta el 17 de Julio tendremos más gente en los comedores. La semana pasada no, la anterior, asistió menos gente porque se habilitaron changas del rubro textil y construcción. Esos sectores son los que traccionan el trabajo en los barrios. Cuanto más gente haya haciendo changas, menos gente habrá en los comedores. Por eso, estamos reforzando la transferencia a provincias y municipios sólo para que gasten en alimentos. Estamos duplicando los fondos y acompañando mucho los comedores comunitarios.