El sagrado y permanente Poder Judicial --como el latín del título-- es lo único inmutable en los vaivenes democráticos de la Argentina posdictadura. Desde su pedestal habilita a unos y desautoriza a otros y siempre son los mismos. El juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó un decreto presidencial y habilitó al directorio de Vicentín denunciado por estafa por sus mismos accionistas. Pero cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por el gobierno de Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.

A esa lista se podrían sumar muchos otros jueces y fiscales cuyos fallos y decisiones interferían con el Ejecutivo cuando gobernó la alianza PRO, radicales PRO y seguidores de Carrió. Todos garantía de las libertades individuales de ellos y no de los demás. La Procuradora Alejandra Gils Carbó fue desplazada tras presiones y amenazas, los jueces Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa recibieron fuertes presiones de funcionarios del Ejecutivo macrista y el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, llegó, incluso, a promover el juicio político contra el juez Alejo Ramos Padilla para frenar la investigación que reveló la trama de extorsiones en la causa de los cuadernos.

Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional antirepublicano de Cambiemos.

Ayer la Cámara de La Plata apartó al juez Federico Villena de la causa de los espías macristas. El argumento legal incuestionable fue la relación anterior del juez Villena con algunos de los acusados y con algunos de los actos que se investigaban. La decisión de la Cámara no pone en tela de juicio a Villena y tampoco a su investigación. Simplemente lo separa por esa relación previa en otras causas.

El juez Lorenzini fue durante 15 años asesor legal de la sucursal Reconquista-Avellaneda del Banco Nación que fue puesto al borde de la quiebra por la deuda impaga de la empresa y por los préstamos irregulares que concedió a Vicentín cuando todavía el juez era su asesor. Hay una relación previa relacionada con el tema investigado. Pero no fue separado como Villena.

Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas como Hugo Moyano y dirigentes sociales como Luis D'Elía y Milagro Salas.

Visto a la distancia, crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista adherente del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios. No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático.

Si hubo o no corrupción durante los gobiernos kirchneristas quedará en la incógnita porque en la mayoría de las causas que abrieron se ve la mano en la trampa. Y es como la teoría de la manzana podrida que pudre a las otras que están en el mismo cajón. Si la mayoría de las causas está fraguada, la sospecha recae sobre todas las demás. La corrupción nunca tuvo importancia para el macrismo, cuyas primeras líneas estaban integradas por empresarios que lo primero que hicieron cuando asumieron fue favorecer a sus empresas. No perseguían a la corrupción sino a sus adversarios políticos.

A un periodista le llegó misteriosamente el paquete de las fotocopias y a otro, cuando corría por Palermo le pasaron grabaciones ilegales de Cristina Kirchner. La causa de los espías descubrió ahora que Luis Majul no corría por Palermo, sino que había un equipo de espías de la AFI trabajando para él como parte de las operaciones de inteligencia.

Si tiene una defensa para hacer, que lo haga en la Justicia porque en principio todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero ese tipo de acciones en las que participan periodistas como parte de operaciones de inteligencia no tienen nada que ver con el periodismo ni con la libertad de prensa. Son acciones repudiables que perjudican al periodismo en general.

Lo mismo sucede con las acusaciones al periodista Daniel Santoro, en la causa por la que está detenido el exespía Marcelo D'Alessio. Y en las que existen carpetas con informes sobre los compañeros de trabajo de Santoro. No se trata de peronistas y antiperonistas o macristas y antimacristas. Estas acciones tienen que ser esclarecidas en la justicia y repudiadas.

En las causas que han puesto en evidencia la maquinaria del lawfare macrista no hay entregas misteriosas de fotocopias o grabaciones ni denunciadores seriales. La causa por la Mesa Judicial fue abierta por la denuncia de numerosos jueces. La causa de Dalessio fue por la denuncia de Pedro Etchebest, un empresario rural que estaba siendo extorsionado. Y la causa de los espías surgió por la denuncia de José Luis Vila, un exalto funcionario del Ministerio de Defensa que encabezaba el radical Oscar Aguad.

No hay ningún misterio y el cuerpo probatorio es abundante, sin extorsionar a nadie con escraches mediáticos, carpetazos ni con la ley del arrepentido. La existencia de tanta prueba tiende a confirmar que los espías actuaban con la seguridad de que tendrían total impunidad.

La corporación de medios da a entender que son causas armadas. Pero la prueba no es trucha, es real. Entonces dicen que se trata de grupos marginales que actuaron en forma autárquica. Varios de los detenidos aceptaron que hacían espionaje. Pero dijeron que era su trabajo y que las órdenes les llegaban por la cadena de mandos. Tan es así que uno de los detenidos, Alan Ruiz, era el director de Operaciones especiales de la AFI, hombre de confianza de Patricia Bullrich.

Macri ya ha sido acusado de espionaje a familiares y lo salvó el padre. Ahora se pudo comprobar que los espías fueron doce veces a la Casa Rosada y se reunieron con Susana Martinengo, secretaria de Documentación en Presidencia. El hermano de la funcionaria fue comandante de inteligencia en Gendarmería y su esposo, el Mono Ferreyra, es un exoficial carapintada. La mujer forma parte de la comunidad de inteligencia. No son los antecedentes de una empleada administrativa.

La causa de los espías quedará a cargo del juez Juan Pablo Augé aunque se mantienen los fiscales que encabezaron la investigación. El esclarecimiento de estas tres causas que involucran a espías, periodistas y funcionarios judiciales tendría que hacerle bien a la democracia, al periodismo y al Poder Judicial.