La provincia de Buenos Aires recibió catorce denuncias de rotura de silobolsas en lo que va del año. Seis de esos hechos, el 42 por ciento, fueron esclarecidos. “El daño causado se encontraba relacionado en algunos casos a conflictos con empleados despedidos, en otros con menores que jugando sobre el silo produjeron el estallido del mismo y en otros casos la rotura fue causada por animales”, sostiene el informe que elaboró la Superintendencia de Seguridad Rural bonaerense para el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el marco de las investigaciones por los ataques en ese distrito y en otras tres provincias: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

La rotura de silobolsas en Buenos Aires también pudo obedecer a la sobrecarga de los llamados “chorizos de granos” en la jerga del sector. La Superintendencia de Seguridad Rural y las fiscalías que intervienen en las denuncias tomaron “muestras parciales de los silosbolsa en los sectores donde se presentan cortes para determinar si la rotura fue con intencionalidad o por el estallido por presión relacionada con exceso de peso del cereal y/o falla del material que compone dicho silobolsa”, precisa el documento. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Superintendencia de Policía Científica se encargarán de las pericias.

La dependencia de la policía bonaerense aclara que los casos no resueltos se deben en su mayoría a que los ataques fueron denunciados de manera tardía por parte de los propietarios de los campos. “Es de tener en consideración –señala- que en oportunidades la constatación por parte del denunciante de la rotura del silobolsa sucede luego de períodos de ausencia del predio rural, motivando ello la pérdida de tiempo valioso para obtener elementos que puedan indicar causal del hecho denunciado”.

De todos modos, el informe de la Superintendencia sostiene que las investigaciones realizadas “no arrojaron indicios o sospechas que las roturas se encuentren relacionadas con actividades gremiales y/o sindicales”. También precisa que las pérdidas para los productores fueron escasas. En los catorce casos de la provincia de Buenos Aires “se constató la rotura del silobolsa pero no hubo pérdida de cereal por el arrojo de productos químicos, por ende el recupero de las mercaderías almacenadas superó siempre el 95 por ciento, según las propias manifestaciones de los denunciantes”, advierte.

Mucho menos las investigaciones policiales detectaron el accionar de “bandas de militantes kirchneristas”, que estarían operando en cuatro provincias para provocar destrozos en los campos, como agitan grupos de “autoconvocados” rurales de Armstrong, Venado Tuerto y San Genaro, en Santa Fe, Marcos Juárez y Jesús María, en Córdoba, Junín y Pergamino, en Buenos Aires, y Crespo, en Entre Ríos, entre los principales distritos donde tienen intervención. Desde allí propagan cadenas de WhatsApp, Twitter y demás envíos por redes sociales llamando a los productores a armarse y salir a disparar. También hay videos de supuestos productores que cargan escopetas y piden tirar a la cabeza.

Semejante amenaza de violencia política no mereció por el momento ningún comunicado de repudio de las entidades que componen la Mesa de Enlace ni tampoco de los propios referentes de autoconvocados. Menos aún de la prensa dominante, que por el contrario da crédito a las versiones de supuestos escuadrones kirchneristas asolando a productores desvalidos. Se instala un clima de sospecha cada vez más grave sin más fundamentos que “presunciones” o “dudas” de los campesinos.

El movimiento “Campo+Ciudad” es uno de los promotores de los discursos de odio hacia el gobierno nacional y el peronismo en general, si bien los videos o mensajes más extremos circulan sin la cobertura de ese sello. Participan de esa agrupación dirigentes de las sociedades rurales u otras entidades del campo, pero a título personal, por fuera de su pertenencia a esas otras entidades formales. Su aparición más rutilante hasta el momento fue cuando recién había asumido el gobierno de Alberto Fernández y planteó la suba de retenciones, en reacción a lo cual motorizaron un lockout agrario que terminó por conseguir el apoyo de toda la Mesa de Enlace.

Dentro de ese espacio militan dirigentes del PRO que fueron candidatos a concejales, intendentes, legisladores provinciales o nacionales en las últimas elecciones. Uno de sus exponentes es el diputado bonaerense Luciano Bugallo. “Hoy fue el turno para Villa María, Córdoba. Destruyeron silobolsas con maíz partido. Mientras tanto, el silencio de Alberto Fernández, Sabina Frederic y Luis Basterra aturde. ¿Estarán esperando una guerra civil?”, publicó en Twitter el legislador el 25 de junio. Luego agregó que “detrás de las roturas de silobolsas, incendios y robos de cosechas hay sectores del kirchnerismo involucrados”.

“El discurso de esa gente cala entre los productores. El productor promedio, el chacarero, se quedó con esa sensación de que el kirchnerismo es el enemigo desde la resolución 125. Además influyen mucho los medios de comunicación. Entrás a un bar y está TN. Entrás a la oficina de una corredora, un acopio y están escuchando radio Mitre. Fui a la cooperativa a sacar un insumo, estaba esperando que me atiendan, había un vecino, un hombre de unos 65 años y me dice, recién escuché en radio Mitre… Lo que dicen esos medios para ellos es la verdad”, relata un productor que convive con esa realidad.

El intento de intervención y el anuncio de un proyecto de ley para expropiar Vicentin por parte del gobierno nacional movilizaron a los autoconvocados, que salieron a denunciar un agravio masivo sobre la propiedad privada. “Entra muy fácil el discurso de que vienen por todos nosotros. El año pasado el encono pudo haber aplacado, pero ahora los sectores antikirchneristas están operando con todo”, agrega.

Frente a esa escalada, el gobierno nacional convocó al Consejo de Seguridad Interior para abordar una investigación integral de los ataques a silobolsas y demás hechos policiales en los campos. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, mantuvo además dos reuniones con los presidentes de la Mesa de Enlace, la última esta semana.

Allí presentó los datos recabados hasta el momento por los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En lo que va del año esas provincias recibieron 35 denuncias de rotura de silobolsas, 11 por sustracción de cereal, 11 por sustracción de equipamiento, 14 por sustracción de agroquímicos, 10 por incendios intencionales y 10 por otros motivos no especificados. “El 40 por ciento de los casos fueron en junio. El hecho tiene cierta gravedad, pero todavía no tenemos datos comparativos, no sabemos si fueron más que el mismo período del año pasado”, explicó este viernes la funcionaria, que dijo que las provincias están procesando la información.

Luego la provincia de Buenos Aires preparó el informe que se cita al comienzo. Como se dijo, en el año hubo 14 casos de rotura de silobolsas, con 6 resueltos. En 2019 las denuncias por el mismo motivo fueron 21, de las cuales se esclarecieron 7. En 2018 fueron 10 y 5, y en 2017, 4 y 3, respectivamente.

Además de conflictos con empleados, menores jugando y animales, los casos que se resolvieron en el pasado tuvieron que ver con ataques de transportistas molestos con productores porque contrataban camioneros de otras regiones, disputas personales entre productores, robos, actos de vandalismo y peleas entre pandillas. No hay antecedentes de motivaciones políticas. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, opinó que sí, que “hay agresiones con tintes políticos”.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, retrucó: “Todo esto es un gran verso montado por Clarín, no me cabe duda. Esto se inscribe dentro del marco de una campaña realmente grande”, alertó. Su número dos, Germán Montenegro, mantuvo reuniones con Omar Príncipe, director y ex presidente de Federación Agraria, para buscar soluciones. Lo mismo hicieron los responsables de seguridad de las otras provincias, que buscan desmontar las fake news de los chorizos de granos.