Ante la negativa del Supremo Tribunal Federal de Brasil a la solicitud del Estado argentino de extradición de Roberto Oscar González, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar, desde Abuelas de Plaza de Mayo pidieron la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores. En una nota elaborada junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S. y el nieto restituido Jorge Castro Rubel –víctima de los hechos investigados–, solicitaron de manera urgente a la Cancillería que requiera a la Procuración General del vecino país recurrir la decisión y agotar toda instancia del proceso ante el máximo tribunal. En un proceso anterior reciente, el tribunal brasileño había permitido la extradición de un imputado por hechos idénticos, Gonzalo “Chispa” Sánchez , quien al igual que González fue uno de los secuestradores de Rodolfo Walsh. La llegada de Sánchez al país tuvo lugar el 14 de mayo pasado, en un operativo que contó con la participación del nieto recuperado 102, Ezequiel Rochistein.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo solicitaron que el Estado evalúe la posibilidad de presentar un recurso en forma directa ante el tribunal brasileño, para lograr la extradición y el seguimiento del caso para que González pueda ser investigado y juzgado en la Argentina por violaciones a los derechos humanos. Este represor se encuentra imputado en la causa ESMA, cuya investigación está a cargo del juzgado federal en lo Criminal y Correccional 12 de la ciudad de Buenos Aires. Ex oficial de la Policía Federal e integrante de uno de los grupos de tareas de la ESMA, a González, cuya captura fue ordenada hace quince años, se lo acusa de secuestros, torturas y asesinatos, entre ellos el de Walsh.
También está imputado por la apropiación y sustitución de identidad de Jorge Castro Rubel, nacido durante el cautiverio de su madre en la ESMA, en junio de 1977. González llevó al bebé al Hospital Pedro Elizalde, donde fue entregado a quienes durante 37 años lo retuvieron y ocultaron de su familia biológica que nunca dejó de buscarlo. Jorge recuperó su historia en diciembre de 2014.
En un fallo unánime, los jueces del tribunal brasileño aplicaron la ley de amnistía de ese país a crímenes cometidos en nuestro país, consideraron prescriptos delitos de lesa humanidad y omitieron analizar los hechos de los que fue víctima Jorge Castro Rubel. "Esto resulta inexplicable e inadmisible, puesto que tres ministros del tribunal modificaron –sin argumentos– sus votos que, en procesos anteriores, permitieron la extradición de imputados por hechos idénticos, como la de 'Chispa' Sánchez, otro de los secuestradores de Walsh", expresaron las Abuelas.
"La Cancillería argentina debe exigir la inmediata revisión del caso para que se ajuste al Tratado Bilateral de Extradición entre ambos países, e impedir así que quede firme una decisión que consagra la impunidad de delitos de lesa humanidad y que podría afectar negativamente las relaciones diplomáticas", agregó el comunicado del organismo de derechos humanos.
El represor González está radicado en Viamao, ciudad del interior del estado de Rio Grande do Sul, y es otro de los que participaron en el operativo del 25 de marzo de 1977 en el barrio San Cristóbal en el que fue emboscado Walsh. González se refugió allí junto a otros represores como “Chispa” Sánchez, que vivió cerca de dos décadas en Brasil, o Claudio “Gordo” Vallejos, quien fue deportado en 2012.
La extradición de Sánchez fue la primera en Brasil de una persona vinculada a delitos de lesa humanidad ocurrida desde que asumió la presidencia Jair Bolsonaro, conocido defensor de las dictaduras sudamericanas. Sin ir más lejos, el mandatario recibió en el Palacio del Planalto de Brasilia (la sede del poder ejecutivo del Gobierno Federal brasileño) a uno de los represores emblemáticos del régimen de facto brasileño, el mayor Sebastiado Curió, acusado de desapariciones y torturas, de las que se mantiene impune gracias a la Ley de (auto)Amnistía promulgada en 1979 por el dictador Joao Baptista Figueiredo.
Cuarenta y tres años de impunidad terminaron con la entrega de “Chispa” Sánchez a efectivos de la Policía Federal en Puerto Iguazú, pero para cerrar el círculo falta juzgar a González. La extradición de Sánchez había sido avalada por el Supremo Tribunal Federal y por la Cancillería brasileña. Desde ese tribunal habían dicho a Página/12 que el acusado cumplía todos los requisitos para ser entregado “de inmediato”. Es decir que tres días después de su arresto estaba pronto para ser devuelto a su país, sin ninguna demora burocrática ni alguna obstrucción de última hora de Bolsonaro, algo que se temía en organismos de derechos humanos brasileños y entre algunos diplomáticos argentinos. Todo indica que no está sucediendo lo mismo con González.
