El juez federal que deberá investigar las maniobras de espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, gremialistas, periodistas y un largo etcétera durante la gestión de Gustavo Arribas al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) disfrutó hasta estos días de un bajo perfil que difícilmente pueda seguir cultivando.

Juan Pablo Augé tiene 58 años, nació y se crió en La Plata y proviene de una tradicional familia de abogados vinculada al radicalismo. Su padre, Juan Pedro “Perico” Augé, presidió el Colegio de Abogados local tras el retorno de la democracia, fue un reconocido militante en Tolosa aunque nunca quiso ejercer la función pública. Su hermano Pedro Martín también presidió el Colegio. Su hermana, igual que su madre, también es abogada.

Poco después de terminar el secundario debió cumplir con la servidumbre civil obligatoria en el Ejército y en 1982 participó de la guerra de Malvinas, que marcó un quiebre en su vida.

Retomó sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata, se recibió en 1986 y a fines de ese año ingresó a trabajar ad honorem en la secretaría de un juzgado federal de su ciudad. Tres años después fue contratado como secretario letrado titular, cargo que ocupó hasta abril de 2008, cuando asumió por concurso al frente del Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora.

Si bien su especialidad es el derecho civil, participó de varios concursos para ocupar juzgados con competencia penal, incluyendo la Cámara Federal platense, e instruyó causas penales como subrogante en los juzgados de Lomas. Quienes lo conocen los definen como un judicial clásico, preferentemente distante de la política e insospechado de simpatías con el peronismo.

Ese perfil no le impidió ordenar hace tres semanas la detención del exhombre de confianza de Patricia Bullrich y ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, por el espionaje ilegal sobre la ex presidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria durante 2018. Augé asumió al frente de esa causa, iniciada por una denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño, tras al excusación del juez Federico Villena por su rol en el blanqueo de esa operación.

La decisión de ayer del camarista platense Roberto Lemos Arias de apartar a Villena a partir de las sospechas de parcialidad planteadas por tres de los espías imputados y remitir la causa al juzgado federal que subroga Augé, implicarán para el ex combatiente e hincha fanático de Estudiantes asumir al frente de una investigación crucial sobre los sótanos de la democracia.