En el marco de las iniciativas post pandemia para superar la crisis económica provocada por el coronavirus, los intendentes de todo el país salieron a darle impulso a un proyecto de ley para reducir los costos de la obra pública municipal en todo el país. La propuesta es bajar a la mitad el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan las comunas en concepto de obras y generar un ahorro presupuestario que, en algunos distritos, llegaría al 40 por ciento de lo destinado a construcciones, pavimentaciones y demás tareas de fomento.

Además de la reducción, “lo que se impulsa también es un modelo de gestión del Estado en este momento histórico que es excepcional y que, por lo tanto, requiere soluciones excepcionales”, definió el intendente de la localidad tucumana de Tafí Viejo y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Javier Noguera, en diálogo con Página/12.

El proyecto de reducción del IVA ya está en el Congreso y consiste en una reducción del 50 por ciento de la carga que impositiva que impacta en las comunas. Actualmente, cada distrito paga el 21 por ciento al ejecutar una obra. La objeción es que las empresas privadas pagan el 10,5 por ciento en ese tipo de tareas, lo cual es un beneficio en detrimento del Estado.

Por eso, reducir el IVA supone corregir “una injusta asimetría con respecto a la construcción privada que abona la mitad de la alícuota”, resaltó la FAM a través de un comunicado. En el mismo sentido se expresó la autora del proyecto, la diputada del Frente de Todos Laura Russo, quien señaló que la propuesta “busca equiparar una situación ya aplicada a las empresas privadas, que desde 2014 pagan 10,5 en la construcción de viviendas”.

“Lo que no paga IVA es la construcción de viviendas sociales, por tratarse de un bien social. Pero entendemos que la realización de veredas, puentes, asfaltos, calles, cunetas y demás obras públicas también tienen un interés social”, fundamentó durante una charla con Página/12.

Los gobiernos comunales tienen tres maneras de hacer obras: por administración, es decir con recursos propios, como mano de obra, planificación y maquinarias; por licitación, a través de un llamado a concurso y demás procedimientos administrativos que dejan las obras en manos de privados; y a través de cooperativas.

De estas tres, la primera, es decir la que queda en manos de la municipalidad, “es la más práctica, transparente y económica”, ponderó Noguera y explicó por qué: “Cuando a las obras las hace una municipalidad, no intervienen terceros, no hay utilidades ni otros costos que pagar, y uno mismo es el que controla lo que se hace”.

En Tafi Viejo, “el 80 por ciento de la obra pública que ejecutamos es por administración y el ahorro que nos va a permitir la reducción del IVA va a posibilitar que ejecutemos más obras. Por eso nos interesa motivar este proyecto”, agregó.

Lo que también se espera es que la reducción presupuestaria producto de la baja en ese impuesto permita fomentar diversos aspectos de la economía. Russo explicó que “la reducción del IVA a la mitad va a generar una dinámica favorable a las economías locales”, así como también un ahorro presupuestario para las comunas.

“Si baja el costo fiscal de las obras, eso no implica que se sub ejecute presupuesto, porque el costo fiscal de cada obra va a ser el mismo”, aclaró. Lo que entonces ocurrirá, añadió, es que “los municipios tendrán la posibilidad de utilizar ese ahorro en más obras”.

La iniciativa surgió entre los intendentes de la primera sección del conurbano bonaerense y en poco tiempo contó con un fuerte respaldo del resto de los jefes comunales del resto del país aglutinados en la FAM. De hecho, la federación destacó el “profundo espíritu federal” de la propuesta y fue tajante a la hora de pedir respaldos: “Expresamos todo nuestro apoyo y exhortamos a los legisladores nacionales, sin distinción de pertenencia geográfica e ideológica, a respaldarlo con su voto”.

El proyecto tiene estado parlamentario y hasta el momento no fue incluido en la agenda prevista para el mes en curso. Por lo pronto tiene el visto bueno de las autoridades de la cámara y del bloque oficialista. Solo resta una cosa por discutir: cuál será el costo fiscal que una idea de este tipo tendrá en las arcas del Estado nacional.

El texto del proyecto lo reconoce: “Somos conscientes del impacto fiscal negativo que esta medida puede significar en la recaudación de las provincias, pero entendemos que esa merma se verá compensada puesto que la obra pública es la gran dinamizadora de la economía de cualquier región”, destaca uno de los considerandos.

No obstante, la iniciativa está en sintonía con el paquete de medidas que el oficialísimo prevé poner en marcha una vez superada la cuarentena por coronavirus, a fin de superar la dura crisis que afecta a la economía global. De hecho, el propio presidente Alberto Fernández dijo en varias oportunidades que la obra pública será uno de los principales ejes para reactivar la economía sacudida por la pandemia.