Desde el lunes 8 de junio cuando el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa Vicentin SAIC hasta hoy han “pasado cosas”. Y muchas. La expropiación de la empresa ha quedado relegada como alternativa, y se dio paso a la opción Perotti, que es el camino de ir por dentro del concurso. Una línea de acción que desdeñó la naturaleza de servidora de los grandes grupos económicos que tiene la justicia local, colonizada por el pacto radical–socialista que llenó de jueces de derecha el poder judicial santafecino. Fabián Lorenzino es uno de ellos.
Una de la primeras decisiones que tomó el interventor designado por el PEN, Gabriel Delgado, fue la de convocar a la SIGEN. Ésta destaca una decena de funcionarios que trabajando bajo condiciones inhóspitas, en sólo tres días, del 16 al 19, lograron detectar un sin número de irregularidades. Este efectivo accionar no fue ajeno a la premura del juez para reponer en el manejo de la empresa a los directivos que la vaciaron.
¿Se imaginan lo que se hubiese podido “aprender y descubrir” del negocio de granos, sobre la evasión fiscal y las maniobras con el puerto si la intervención seguía adelante?
No es menos valorable la acción de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe. Pero la meditada decisión estratégica de Vicentin SAIC de poner un juez de uso propio en Reconquista (2018) y después radicar el concurso en ese juzgado y en ese territorio les rindió sus buenos frutos. Al menos hasta ahora.
Hoy la expropiación está claramente empantanada. Política (hay dudas en el campo propio), legislativa (pareciera que no alcanza el número) y jurídicamente (chicanas y cautelares). Cuando el Estado consiga el control de Vicentin sea por dentro del concurso o sea vía expropiación, ya no nos servirá como instrumento para garantizar los objetivos políticos expuestos por el presidente. Vicentin SAIC será un montón de fierros viejos, y los "Vicentines" estarán brindando.
Debemos replantear nuestra táctica. Lo primero que tenemos que hacer es reafirmar el objetivo estratégico que sigue siendo el de contar con una empresa de referencia en el comercio exterior de granos, y que ayude a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. Pero la necesitamos ahora, no dentro de cinco años.
Este replanteo táctico debe incluir la capitalización de YPF Agro que ya está operando en el mercado de granos. La división específica de la petrolera pública maneja desde hace tiempo el canje de fertilizantes por granos. “Expertise” no le falta.
A esta división agrícola de la petrolera debemos transformarla y redimensionarla en un fideicomiso, incorporándoles en su directorio a los trabajadores aceiteros, las cooperativas y los productores.
El dinero que inexorablemente había que oblar en la expropiación de Vicentin podríamos capitalizarlo en esta nueva empresa pública, con mayoría estatal y control social. Los dineros que ya tenemos puestos en Vicentin SAIC (Banco Nación y demás) deberíamos usarlos para tomar el control del puerto y la línea de aceites y biodiesel. Dos activos estratégicos que necesitamos para hacer de YPF Agro una empresa testigo y de magnitud en el rubro.
A este fidecomiso hay que anexarle un componente esencial para su óptimo desarrollo como es la recreación de una Flota Mercante Nacional. Gastamos alrededor de 3.000 millones de dólares al año en fletes marítimos y nos lamentamos de la restricción externa, a pesar que tenemos todo para hacerla nosotros: vías navegables, puertos, granos para transportar, marineros para pilotear los buques y astilleros donde construirlos y repararlos.
Vamos por más, no por menos. La Historia debe alumbrar nuestras luchas presentes, sino estamos condenados a volver a empezar siempre.
Salud y cosechas. Máximo Paz, 3 de julio 2020.
Pedro Peretti
Ex director de Federación Agraria. Dirigente del Movimiento ArraIgo y de Manifiesto Argentino
