A través de una presentación hecha en Ginebra por el arzobispo Ivan Jurkovič, embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, el Vaticano volvió a plantear el pedido del papa Francisco en favor de reducir e incluso condonar la deuda externa de los países más pobres atendiendo a la crisis generada por la pandemia de la covid-19 y en la misma ocasión criticó, una vez, más al sistema financiero internacional que "sigue siendo una fuente de inestabilidad económica mundial".
El representante vaticano subrayó la importancia de una acción coordinada de la comunidad internacional buscando un alivio de la deuda a los países afectados por la crisis y recordó, a propósito, la Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) del pasado reciente, que demuestra que cuando es necesario “la comunidad internacional puede actuar con decisión”.
El 20 de abril pasado en un mensaje "Urbi es orbi" (a la ciudad y al mundo) el papa Francisco pidió que "considerando las circunstancias, se relajen las sanciones internacionales de los países afectados, que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada, y se afronten —por parte de todos los países— las grandes necesidades del momento, reduciendo, o incluso condonando, la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres".
Ahora, a través del arzobispo Jurkovič y en el escenario de Naciones Unidas, donde el Vaticano tiene el estatuto de "observador permanente", la Santa Sede volvió a insistir sobre el tema señalando que una medida de ese tipo podría "salvar vidas en lugar de perderlas".
"No cabe duda de que la actual crisis de la covid-19 -dijo Jurkovič- afectará más gravemente a la vida y los medios de subsistencia de los habitantes del mundo en desarrollo. Una vía a través de la cual este impacto potencialmente devastador podría suavizarse, y salvar vidas en lugar de perderlas, es haciendo frente a la agobiante carga de la deuda externa acumulada, tanto a nivel público como privado, en los países en desarrollo en los últimos años". El arzobispo pronunció estas palabras en el marco del 67º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
En la misma ocasión el embajador vaticano dijo que el camino hacia un mundo más inclusivo y sostenible no es sólo cuestión de hacer que los mercados funcionen mejor, sino que "es necesario un programa que aborde las limitaciones sistémicas de la movilización de recursos y la difusión tecnológica, que mitigue las asimetrías en el poder de mercado consecuencia de las reglas desproporcionadas de un mundo hiperglobalizado, que corrija los déficits existentes en la gobernanza económica mundial y garantice el espacio necesario de políticas para ajustar los desafíos locales a los objetivos internacionales". Y agregó que "dada la complejidad de la economía, no pueden pasarse por alto ni subestimarse los factores éticos y culturales".
En otro momento de su intervención el arzobispo Jurkovič manifestó también su preocupación por la reducción de los presupuestos estatales destinados al sector de la salud, y por el abuso y la depredación del medio ambiente natural del que depende -dijo- "no sólo la vida económica, sino toda la vida humana", alineando así su discurso con la prédica papal en defensa del ambiente y el ecosistema.
Agregó el arzobispo que “el desafío inmediato” es garantizar que los responsables políticos de los países establezcan espacios y recursos necesarios para responder a la conmoción sanitaria y reducir los daños económicos que provoca. "Es evidente -agregó- que las consecuencias de la crisis van mucho más allá del ámbito financiero, extendiéndose a las esferas económica, social y cultural". Añadió que "por estas razones, la comunidad internacional no puede permitir que el sistema financiero siga siendo una fuente de inestabilidad económica mundial; debe adoptar urgentemente medidas para evitar el estallido de otras crisis financieras en el futuro".
Mientras tanto, en Roma se hizo el anuncio de la designación del diplomático boliviano Julio César Caballero Moreno (51 años, casado, tres hijos) como nuevo responsable de la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL). Moreno fue, entre el año 2016 y marzo de 2019, el último embajador de Bolivia ante la Santa Sede. El nombramiento hecho por el Papa puede leerse como un nuevo gesto de Francisco hacia el derrocado presidente boliviano Evo Morales, con quien mantiene una estrecha relación de amistad y de coincidencias respecto de la situación social de América Latina y del mundo. El nuevo responsable de la PCAL sucede en el cargo al uruguayo Guzmán Carriquiry, uno de los laicos con mayor trayectoria en la estructura vaticana de la Iglesia Católica.
Caballero Moreno nació en Santa Cruz (Bolivia), se formó en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Evangélica Boliviana, es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Tecnológica Santa Cruz, magister en Comunicación Estratégica por la Escuela Europea de Negocios, y doctor en Leyes por la Universidad del País Vasco. Fue director ejecutivo de la Escuela Internacional de Alta Gestión (EIAG) en 2012 y del Instituto Latinoamericano del Conocimiento (INLACON) en 2013. Se desempeñó como periodista en diferentes medios de comunicación en su país y, en 2015, fue vocero oficial de la visita del papa Francisco a Bolivia.
La PCAL es un organismo de la Iglesia Católica creado en 1958 que tiene como función “aconsejar y ayudar a las Iglesias particulares en América Latina” y “estudiar las cuestiones que se refieren a la vida y progreso de dichas Iglesias, especialmente estando a disposición, tanto de los dicasterios (ministerios) de la Curia interesados por razón de su competencia, como de las mismas Iglesias para resolver dichas cuestiones”. Su presidente es el cardenal canadiense Marc Ouellet, también Prefecto (ministro) de la estratégica Congregación para los Obispos, responsable de presentarle al Papa las propuestas para designar a los obispos en todo el mundo.
Es tarea de la PCAL informar “regularmente al Sumo Pontífice sobre cada uno de los asuntos” relativos a América Latina y proponer “las iniciativas o medidas de gobierno que considere convenientes u oportunas” para las iglesias de la región, coordinando acciones con todas las instituciones eclesiásticas como el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), la conferencias episcopales de cada país, instituciones católicas Internacionales, asociaciones y movimientos católicos presentes en esta parte del mundo. Todo ello permite a la PCAL ser un organismo estratégico en la estructura eclesiástica y tener una gran incidencia en la vida y la orientación de la Iglesia Católica en el continente.