Juan Manuel Boccacci
A menos de un año para las elecciones en Ecuador el avance judicial contra el expresidente Rafael Correa y su partido político sigue en pleno desarrollo. Correa había manifestado su deseo de presentarse para la vicepresidencia o para un asiento en la Asamblea en las elecciones del 7 de febrero. Sin embargo, de confirmase en instancias superiores el fallo que lo condenó en ausencia a ocho años de prisión no podría ser candidato. A esto se suma el embate del Contralor General del Estado (CGE) Pablo Celi, quien pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que inhabilite la participación de Revolución Ciudadana en las elecciones por supuestas inconsistencias en las firmas requeridas para incribir a la fuerza política en los comicios. La presidenta de esa entidad, Diana Atamaint, sostuvo que el Contralor se estaba arrogando funciones que no le correspondían y rechazó el planteo.
Desde Revolución Ciudadana, el partido del expresidente, el asambleísta Pabel Muñoz explicó la forma que adoptó el proceso de lawfare en Ecuador. “Desde la llegada al gobierno de Lenín Moreno se creó un andamiaje institucional para favorecer la proscripción del correísmo”, sostuvo en diálogo con Página/12.
-En que estado se encuentra el intento de anular la inscripción de su partido político por parte del CGE?
-Digamos que sigue vivo pero sin la repercusión que ellos esperaron tener. En ese sentido hay que reconocer que no han logrado doblegar al CNE. Pero están buscando otras vías, no solamente la aberración de que el Contralor esté llevando a cabo una función que no le corresponde. Ahora a los miembros del CNE que se mantuvieron firmes los ha llamado deesde la fiscalía para una indagación. Algo sumamente extraño. ¿Qué probabilidad hay de que coincida este avance del Contralor con el llamado de la fiscalía? Es claro que todo es parte de un solo entramado de persecución política.
-Estas acciones dan cuenta de una enorme crisis de institucionalidad en el Ecuador. ¿Cómo se llegó a este punto?
-Es parte de un proceso de lawfare que en Ecuador está teniendo su propio capítulo desde la llegada de Lenin Moreno al gobierno. Empezó con el llamado del presidente a una consulta popular y referéndum constitucional en 2018. Allí Moreno planteó cambiar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Es un organismo muy importante, creado a partir de la Constitución de 2008, que se encarga de elaborar concursos para designar a las principales autoridades de control estatal. ¿Cómo se elegía antes al Fiscal General o al Contralor? Por ternas que enviaba el Ejecutivo a la Asamblea. La Constitución del 2008 cambió esa figura y planteó que para esos cargos se puede presentar cualquier ecuatoriano que tenga una formación idónea. La CNE organiza el concurso y de allí se eligen los mejores. Pero Moreno cuestionó ese mecanismo con el argumentando que el gobierno de Correa había cooptado al CPCCS. Entonces hicieron esa consulta popular que para nosotros fue mañosa, ya que tuvo que haber contado con el dictamen de la Corte Constitucional y eso no ocurrió. Sin embargo lo llevaron igual a votación. La elección salió favorable para Moreno y lo que hizo fue cambiar a los miembros del CPCCS por unos designados a dedo. Sin entender ese primer paso no se puede comprender el resto. A partir de allí el CPCCS transitorio empezó a eliminar todas las autoridades importantes de control, investigación y justicia, y en su lugar pusieron a otras transitorias. Si antes tenías la sospecha de que habían sido cooptadas por Correa, ahora tienes la certeza de que fueron puestas por Moreno. No fueron designadas por concurso sino a través de ternas propuestas por el Presidente de la República. Eso derivó en lo yo llamo un régimen de “transitocracia”. Todas las autoridades importantes durante los últimos años no fueron elegidas como ordena la Constitución.
-A su vez sigue su trámite la causa “Sobornos 2012-2016” que ya condenó a Correa. ¿Qué tan real es la posibilidad de que el expresidente termine preso?
-La causa está siguiendo su curso. Tiene etapas de apelación hasta llegar a la sentencia final. Ahora están queriendo quemar estas etapas lo más rápido posible para que Correa sea sentenciado en última instancia. Este sería el juicio más rápido en la historia desde que Ecuador volvió a la democracia. Sí se confirma el fallo el expresidente no podría presentarse como candidato, ya que en la misma consulta popular que te mencioné antes reformaron la Constitución para inhabilitar candidaturas de personas con sentencias de este tipo. Ese es su objetivo número uno. Pero como saben que podría no cumplirse por la pandemia y los tiempos legales, entonces han activado una opción alternativa: proscribir al movimiento político.
-En esta crisis institucional, ¿no le caben culpas al correísmo?
-Nosotros hacemos nuestro mea culpa. En primer lugar, la propia designación de Moreno. Pero claro, eso fue una traición. La gran pregunta que nos hacemos hoy es desde cuándo vino la traición. ¿Desde que fue electo?, ¿O esto empezó mucho más atrás, en articulación con determinados sectores de la derecha? La segunda autocrítica pasa por que creímos que con los cambios a nivel institucional y económico bastaba para convencer a la ciudadanía. Y esta me parece que también es una lección para los sectores progresistas de Bolivia, Argentina y hasta Uruguay. La tercera autocrítica es que en un momento determinado hicimos desarrollismo con poca gestión. Nos faltó profundizar en diálogos y contactos con otros sectores. Estoy pensando en los jóvenes, los sindicatos, la lucha de las mujeres. Sin embargo, aún reconociendo el lugar central que tiene para nosotros esta crítica, dejame que te diga otra cosa: en este momento los retrocesos son tan brutales que hay que dejar el mea culpa para más adelante. Hoy lo básico es impulsar una agenda progresista para recuperar la democracia. Veo muy posible que en Ecuador se repita el escenario de Bolivia. Creo que han empezado a calentar el terreno para eso. Cuando ellos apuntan a la Revolución Ciudadana es porque pretenden ir por todo.
