A 44 años de la Masacre de Palomitas, los organismos de derechos humanos siguen batallando para que se avance en la investigacirón por estos crímenes del terrorismo estatal. La matanza de once detenidos políticos, seis mujeres y cinco hombres, se cometió la noche del 6 de julio al costado de la ruta nacional 34, en el paraje Las Pichanas de la pequeña localidad de Palomitas, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Salta. 

Los detenidos fueron sacados de la cárcel de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta, con la excusa de que iban a ser llevados a un penal de mayor seguridad. Una vez concretados los homicidios, el Ejército trató de mostrar este hecho como un enfrentamiento provocado por guerrilleros que intentaron liberar a los presos. 

En Salta la orden de "traslado" la dio el coronel Carlos Alberto Mulhall, con conocimiento del entonces único juez federal en la provincia, Ricardo Lona. El receptor fue el director del penal de Villa Las Rosas, en la ciudad de Salta, Braulio Pérez. El "traslado" se iba a hacer al atardecer del 6 de julio. 

A las 19.45 llegó el capitán Hugo César Espeche. Llevaba la orden por escrito, y la lista de los sentenciados. Impartió también otras órdenes: la salida de los detenidos no debía registrarse en los libros del penal, los subalternos debían mantenerse alejados de los lugares de acceso mientras se retirara a los presos, que se hizo en medio de la oscuridad. Los hechos fueron reconstruidos con los testigos, detenidos y carceleros.

“La noche del 6 de julio del ‘76, antes de las 21, hora en que se apagaban las luces de las celdas, una patota del Ejército comandada por un teniente de apellido Espeche, entró a cumplir una orden del comandante de la guarnición Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall. La comitiva militar marchaba acompañada por el hijo del director del penal, el oficial penitenciario Juan Carlos Alzugaray –un ex oficial de inteligencia de la Policía Federal que, más por miedo que por otra cosa, renunció a la fuerza y se alistó como carcelero–, el oficial jefe de guardia, Eduardo Carrizo y el alcaide responsable del penal, apellidado Soberón. La patota estaba formada por oficiales superiores, que no llevaban sus insignias identificatorias”, contó el ex detenido político Eduardo Tagliaferro.

“Primero escuchamos el pisar fuerte de abotinados, luego el ruido metálico de cadenas o esposas y las voces duras que gritaron uno a uno el nombre de nuestras compañeras, y ellas, en medio del silencio que anticipaba la tragedia, salieron preguntando a dónde iban”, relató la ex detenida Graciela López.

Lo mismo hicieron con los hombres. “De a una fueron abriendo las puertas de seis celdas. A Pablo Outes, que todavía se encontraba vestido, le dieron tiempo para tomar su gorra; al resto los sacaron desnudos y en algunos casos hasta descalzos. Todos iban resignados, salvo Rodolfo Usinger, un ingeniero rosarino que comenzó a gritarles ‘asesinos hijos de puta’. Usinger fue uno de los pocos que intuyó el final de ese operativo. A principios del ‘76 una comunicación de la organización Montoneros había alertado sobre un posible ‘operativo mantel blanco’, en el que los militares comenzarían a ejecutar prisioneros políticos. Usinger quizá recordó ese mensaje y por ese motivo opuso toda su resistencia”, recordó Tagliaferro.

El preso común Hugo Froilán Choque memoró que los detenidos fueron encerrados en sus celdas, se apagaron las luces del penal y algunos fueron sacados y conducidos hacia el sector de abajo; escuchó voces de los guardiacárceles que decían frases como: “Tráiganlo a éste para acá”, “métanlo a ése en esta celda”, “aquél está sin vendar, pónganle la venda en los ojos”.

Varios testigos relataron que por los sonidos entienden que los que iban a ser ejecutados fueron esposados antes de ser subidos a los vehículos del Ejército. Celia Leonard apenas tuvo tiempo de dejar a su hija, bebita aún, nacida en cautiverio, en los brazos de su hermana, Nora, también detenida. 

Se sabe que del penal tomaron hacia la salida sur de la ciudad, donde los esperaba una comitiva encabezada por el coronel Miguel Raúl Gentil, jefe de la Policía de Salta, y el mayor Juan Carlos Grande, subjefe (ya fallecido). Cerca del pueblo de Cobos, entre Salta y la ciudad de General Güemes, otros ejecutores secuestraron un automóvil Torino y una camioneta Ford F 100. Los usaron para simular un enfrentamiento.

El lugar elegido para el crimen fue el paraje Las Pichanas, cerca de la estación de peaje Cabeza de Buey, a unos cincuenta kilómetros de la ciudad de Salta, sobre la ruta nacional 34. Allí fueron asesinados Celia Leonard, su marido Leonardo Benjamín Ávila, Evangelina Botta, María Amarú Luque de Usinger, María del Carmen "Chicha” Alonso, Georgina Droz, Pablo Outes, José Povolo, Alberto Savransky, Rodolfo Usinger y Roberto Oglietti. Para simular la fuga, los obligaron a salir de los vehículos y los acribillaron. 

"Esta lucha no termina acá"

Los familiares tuvieron que esperar la vuelta de la democracia para empezar a tener algo de justicia. Nora Leonard fue una de las impulsoras del juzgamiento de los responsables de la matanza. Tras dos sentencias y con dos causas abiertas que siguen la investigación sobre otros represores, puesta a hacer un balance, lamentó que "a pesar de haber cometido este crimen tan aberrante", los genocidas "no estén en cárcel común, porque eso es lo que ellos se merecen. Se merecen la cárcel común, perpetua y efectiva dada la gravedad de los crímenes cometidos".

Y se manifestó resuelta a seguir militando memoria, verdad y justicia: "Por supuesto que nosotros sabemos que esta lucha no termina acá, sino que hay que seguir luchando por la justicia como era la decisión de ellos", cuya militancia "fue para cambiar una sociedad capitalista por una sociedad donde todos fueran iguales, donde todas las personas tuvieran derechos. Esa nueva sociedad que soñaba toda esa generación es lo que todavía nos queda a nosotros para seguir luchando".

La Masacre de Palomitas fue uno de los hechos aportados como prueba en la Causa 13/84, el juicio a las Juntas militares. Pero para que se avanzara sobre al menos algunos de los responsables locales hubo que esperar mucho más. La primera sentencia llegó recién en 2010. Ese año, Mulhall, Gentil y Espeche fueron condenados a reclusión perpetua. 

La segunda sentencia fue al año siguiente, en Palomitas II, fueron condenados a prisión perpetua el ex jefe del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez, y el ex director de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, mientras que el ex federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray recibió una pena de 20 años de prisión.

La investigación continúo tras estas dos sentencias, en Palomitas III. Inicialmente en este expediente había una larga lista de imputados: el ex jefe de Logística del Regimiento 5º de Caballería, Luis Dubois; los ex guardiacárceles Napoleón Soberón, Vicente Agustín Puppi, Víctor Manuel Rodríguez, Juan Salvador Sanguino, y los militares Joaquín Cornejo Alemán y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, subjefe del Ejército en Salta el primero y jefe de Personal el segundo, integrantes de la plana mayor. Sin embargo, en ese largo proceso fallecieron tres acusados: Soberón (2013), Cornejo Alemán (2014) y De la Vega, (2015). Por cosas como ésta es que Nora lamentó que la Justicia "haya tardado tanto, porque en el medio se han ido muriendo los genocidas y también los familiares".

Rodríguez y Sanguino fueron procesados en agosto de 2019, en el mismo resolutorio Dubois obtuvo el sobreseimiento provisional y Puppi fue citado a declarar. 

Estos procesos tienen poca difusión porque son escritos, a la vieja usanza, merced a una concesión de la Justicia Federal a los represores. 

Hay otra causa abierta en relación a la Masacre de Palomitas, la que investiga al ex juez Lona como partícipe de estos homicidios. El trámite está en su etapa final pero fue paralizado por un recurso del ex magistrado y está a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.