El ex Arsenal Miguel de Azcuénaga es un predio ubicado en las afueras de San Miguel de Tucumán en donde funcionó, hasta mediados de los 90, una subunidad del Ejército en la provincia, y también un centro clandestino, entre 1976 y 1978. Su uso militar fue desactivado en los 90 y el uso que le dieron los genocidas de la última dictadura comenzó a ser investigado no bien fueron anuladas las leyes de la impunidad. Hubo inspecciones en el lugar, en donde se hallaron incluso fosas comunes, los hechos fueron y continúan siendo juzgados. Por eso, y por otras razones, los organismos de derechos humanos se oponen al regreso de las fuerzas armadas allí, algo que solicitaron los gobiernos de Tucumán y Catamarca y el Ministerio de Defensa de la Nación está evaluando.

"Rechazamos la posibilidad de que tropas del Ejército se asienten donde funcionó el principal centro clandestino de detención y exterminio del NOA", advirtieron organismos de derechos humanos de la región a fines de la semana pasada, cuando formalizaron su negativa a la iniciativa a través de presentaciones a la cartera dirigida por Agustín Rossi y el Ministerio de Justicia, a cargo de Marcela Losardo. "Hemos luchado durante cuarenta años para demostrar la magnitud del genocidio en Tucumán", puntualizaron a través de un comunicado en el que reconocieron que si bien "durante el periodo 2003-2015 se adoptaron diferentes decisiones y políticas de gobierno, reconociendo lo ocurrido y procurando reparar el espeluznante daño que generó el genocidio, Tucumán y las provincias del NOA, continuamos siendo una cuenta pendiente del Estado Nacional", denunciaron. 

Tras las presentaciones se abrió un canal de diálogo entre organismos y Defensa, a cargo del director nacional de Derechos Humanos de la cartera, Eduardo Jozami. Desde la cartera confirmaron a este diario que las posibilidades de que una guarnición del Ejército vuelva a instalarse en el ex Arsenal responden a pedidos de los gobiernos de Tucumán y Catamarca, que reclamaron contar con una representación de la fuerza cerca de sus territorios. "El predio es el único con el que cuenta el Estado para responder a ese pedido", informaron desde Defensa, aunque aseguraron que no se hará nada que no sea consensuado con los organismos así como "tampoco se tocará el espacio en donde funcionó el centro clandestino". 

Marta Rondoletto, presidenta de la Fundación Memorias e Identidades de Tucumán y querellante en la causa que revisa los crímenes de ese centro clandestino y otros, como la Jefatura de Policía provincial --su papá, su mamá, sus hermanos y una cuñada fueron secuestrados en 1976, los restos de algunos de ellos fueron identificados en Pozo de Vargas--, por su parte, confirmó la apertura de una instancia de diálogo el viernes pasado, un día después de las presentaciones firmadas de manera conjunta por organismos y agrupaciones vinculadas con la memoria, la verdad y la justicia de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Jujuy. Mientras, aguardan al miércoles a un compromiso formal que descarte toda posibilidad alguna de que el Ejército se asiente en el ex Arsenal. "No queremos al Ejército en ningún punto del predio. No sabemos, porque hace tres años que no hay recursos para confirmarlo, si en el lugar hay más fosas comunes de las que fueron identificadas. Además de la cuestión simbólica, es importante que las fuerzas no vuelvan a ocupar ese sitio", explicó a este diario. 

"Exigimos que se revea esa decisión y que en lugar de que vuelva el Ejército, el lugar sea declarado como sitio de memoria para conservarlo y custodiarlo", insistió en la misma línea que lo hizo el documento con el que los organismos difundieron su negativa la semana pasada. No es la primera vez que tienen que resistirse para cuidar el espacio: En 2018, Patricia Bullrich quiso apropiarse de una parte del predio para instalar allí una cárcel federal. La iniciativa no prosperó. 

El ex Arsenal Miguel de Azcuénaga es un lugar de varias hectáreas ubicado en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán, sobre ruta nacional n° 9, en el municipio de Las Talitas, en Tafí Viejo. En 1976, mientras el sur del espacio era base de la Compañía de Arsenales 5, dependiente de la Quinta Brigada de Infantería de Tucumán, el norte era un centro clandestino adonde fueron mantenidos cautivos miles de tucumanos y tucumanas, además de víctimas secuestradas en Jujuy, Salta, Santiago, Catamarca y La Rioja. 

Pero el predio no solo funcionó como un centro de secuestro y tortura, sino que también lo fue de exterminio y depósito de restos. A partir de las investigaciones impulsadas por los familiares de desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos, se encontraron cinco fosas comunes. De allí, a través de un trabajo liderado por el Equipo Argentino de antropología Forense, se recuperaron e identificaron restos óseos calcinados, material asociado a la quema de cadáveres y se localizó una fosa con 13 cuerpos.

"Las investigaciones periciales en ese lugar quedaron inconclusas por el desfinanciamiento del gobierno anterior", resaltaron los organismos, quienes insistieron en que el ex arsenal "debe ser un sitio de memoria, debe ser recuperado como un símbolo del compromiso ético del Estado argentino con el nunca más y como un espacio para la promoción de los derechos humanos y de la memoria sobre el pasado reciente, el cual además servirá de centro de interpretación de las políticas genocidas desplegadas en el NOA".