La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, participó en una reunión de la Red Federal de Mujeres Abolicionistas y las Madres de Víctimas de Trata y Pibas por la Abolición con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. 

Acordaron articular políticas públicas en una mesa de trabajo. La referenta señaló que la prostitución no es trabajo y aunque en principio se incluyó como categoría en el Registro de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, luego se retrocedió con la medida. Soria solicitó que 277 víctimas de violencia de género y explotación sexual de Salta sean incluídas en el programa Potenciar Trabajo. 

Soria explica el abolicionismo como una "corriente feminista anti prostitución". Esa línea de pensamiento y militancia considera a la prostitución igual a la trata de personas. "Argumentamos que todas las prostitutas trabajan forzadas en mayor o menor grado, sin ser conscientes de ello, y que por lo tanto es una forma de violencia contra la mujer".

La referenta contó a Salta/12 que plantearon a Arroyo la problemática de 277 mujeres víctimas de violencia de género y de mujeres y varones trans en situación de explotación sexual en Salta que requieren asistencia económica. 

Acordaron con el ministro que sus datos serán cargados en el plan Potenciar Trabajo. También le solicitaron que eso se haga sin intermediación de organizaciones sociales que después les "obligan a militar o a entregarles mensualmente una parte de lo que cobran", dijo Soria. 

Relató que dialogaron con Arroyo respecto a la inclusión de la categoría "prostitución", dentro del Registro de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Para ella es "una gran puerta" la que se abrió respecto al diálogo con el ministro ya que consideró que la respuesta para las personas en situación de prostitución debe ser la inclusión social mediante el desarrollo de políticas públicas. 

Soria cuestionó que este año la prostitución no figure en el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género. 

"Arroyo dijo que no está de acuerdo desde el Ministerio de Desarrollo Social con la reglamentación de lo que sería el proxenetismo. La prostitución es legal en Argentina, no está prohibida. Lo que es ilegal es el proxenetismo, cuando hay un cafisho, fiolo, 840, que regentea a la mujer mediante la captación, el traslado y la explotación sexual", sostuvo Soria. 

La mesa de trabajo se conformará entre las organizaciones abolicionistas con el equipo de la cartera ministerial "para articular políticas públicas reales y concretas, con presupuesto asignado a tal fin, programas vigentes y el programa nacional de asistencia a víctimas de trata y explotación", contó.

Para la referenta, las personas que llegan a la situación de prostitución afrontan por lo general condiciones de vulnerabilidad social y son arrojadas allí por la pobreza y la falta de inclusión. En su mayoría se trata de mujeres, niñas y adolescentes y del colectivo trans. Soria señaló que en contextos de exclusión son presas fáciles de las redes de trata. "Muchas mueren por enfermedades venéreas o de hambre", afirmó.

Soria sostuvo que se deben derogar los artículos contravencionales que rigen en las provincias. En Salta está vigente el 114, que impone multas a quienes ejerzan la prostitución en la vía pública "pero no dice nada puertas adentro de la casa. A las personas en situación de explotación sexual las persiguen, coimean, la Policía las detiene y las golpea". "Hay que perseguir al prostituyente", planteó. 

La referenta dijo que en Salta propondrán a la Legislatura la adhesión provincial a la ley 27.046 de prevención de la explotación sexual infantil y de la trata de personas. Esta legislación obliga a que se difunda la leyenda “la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas en la Argentina es un delito severamente penado. Denúncielo”, con un número de teléfono para denuncias. 

Esto debe ser implementado en aeropuertos nacionales e internacionales, terminales portuarias, terminales de transporte terrestre, medios de transporte público, pasos fronterizos, oficinas públicas de turismo y lugares oficiales de promoción del país, pudiendo la autoridad de aplicación ampliar los espacios enumerados de acuerdo a las necesidades, estratégicas del área correspondiente.

Naturalización de delitos 

Soria dijo que este año la Fundación se enfoca en la concientización y difusión de los derechos de niños, niñas y adolescentes. "Nos preocupa que en la provincia haya una naturalización de los abusos sexuales de adultos mayores a menores de edad", sostuvo. 

Recordando el caso del concejal Carlos Galleguillos, en Rosario de Lerma, denunciado por delitos sexuales contra una adolescente que quedó embarazada y que lo denunció también por filiación, Soria afirmó que "está naturalizado que las niñas y adolescentes de 15 o 16 años puedan tener relaciones con hombres de 35 años. Además siempre se las juzga a ellas". 

Renegó de que la Justicia no otorgue penas ante estas situaciones a los varones y que las chicas terminen siendo vulneradas y tratadas incluso de prostitutas, denostadas, cuando por otro lado, hay quienes plantean desde el reglamentarismo que ese sería un "trabajo honorable".

Soría planteó además los casos de niñas que son desaparecidas, sometidas a explotación sexual y devueltas después sin que se investigue lo ocurrido con ellas. 

"Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) quiere sindicalizar a las personas en situación de prostitución, que paguen aportes al sindicato y dentro del monotributo quieren que exista la categoría de trabajadora sexual. Eso no se puede pagar nunca en Argentina. El prostituyente no pedirá una factura por un (servicio sexual) o por llevar una mujer a una orgía", afirmó Soria. "El Estado no puede dar como opción la prostitución porque las que llegan allí son las pobres, las travestis, las que no tienen trabajo", sostuvo.

La red abolicionista que se reunió con Arroyo está conformada también por Silvina Calveyra (de Asociación Civil Red de Alerta de Entre RÍos), Gladys Villalba (de Asociación Civil Razonar organización de DDHH con enfoque de Género) y Sonia Sánchez (sobreviviente de la exploración sexual y autora del libro Ninguna mujer nace para puta), además de Soria.