Cuatro integrantes de la comisión directiva del Club Atlético Central Norte de Embarcación, entre ellos su presidente, fueron imputados formalmente por los delitos de defraudación a la administración pública y extorsión porque empadronaban a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Salario Social Complementario (SCC) y les hacían retenciones parciales, y a veces totales. Además, los monitoreaban, los obligaban a realizar algunas tareas para ellos, como cortarle el pelo al comisario del pueblo o vender el bingo de la entidad. Y si no cumplían, les imponían multas.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la ANSeS ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de Capital Federal, a cargo de Alejandra Mángano, quien trabajó de manera coordinada con el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba. El 29 de abril último fueron detenidas tres personas, el presidente del Club, Jorge Moya; su pareja, Moira Pabloff,y el secretario de Central, Jesús Horacio Tarqui. El 30 de abril último los tres fueron imputados por estafa y fraude a la administración pública.
Ahora el Ministerio Público Fiscal federal informó que luego de recibir los testimonios de más de 30 personas en la misma Embarcación, Villalba solicitó la detención de la prosecretaria del Club, Nancy Romero, y agravó la acusación de todos los sospechados de haber participado de hechos de corrupción en torno a dineros públicos destinados a ayudar a personas de escasos recursos económicos. El juez federal de Garantías de Tartagal Carlos Martínez Frugoni hizo lugar al pedido de detención.
La Fiscalía explicó que la primera imputación se hizo sobre la denuncia realizada por la ANSeS, referida a irregularidades en el pago del IFE, el subsidio de $10 mil provisto por el gobierno nacional en el marco de la pandemia. Pero luego en la investigación se descubrió que también se habían cometido irregularidades en perjuicio de beneficiarios del Salario Social Complementario. Los investigadores estiman que estos delitos venían cometiéndose desde hace tiempo.
Estos detalles fueron presentados por el fiscal Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual en una segunda audiencia en este caso, en la cual se amplió el objeto de la investigación y se les sumó el delito de extorsión a los cuatro acusados. De la audiencia también participó la abogada querellante por la ANSeS, Verónica Viera.
Villalba explicó que estas cuatro personas empadronaban a los beneficiarios de estos planes sociales, con el objetivo de quedarse con parte de lo que cobraban, y a veces hasta se quedaban con todo. El fiscal aseguró que de esta manera se desnaturalizó el objetivo de estas ayudas que envía la Nación, pensadas como una herramienta destinada a “mejorar los medios de vida de actores de alta vulnerabilidad social”.
“Las numerosas testimoniales, las escuchas telefónicas, los informes de las fuerzas de prevención, la documentación secuestrada, entre otras pruebas, indican que los acusados llevaban adelante esta conducta fraudulenta en contra del estado nacional, al menos, desde 2019”, sostuvo el fiscal.
Señaló además que habían elaborado un esquema de monitoreo y vigilancia de la percepción de esos fondos.
“Hemos detectado conductas como las de engaño, intimidación y amenazas hacia los beneficiarios. Todo ello, dirigido a obtener una parte de ese dinero, en algunos casos a través de sumas que iban de 750 a 1.500 pesos, aunque también se advirtió que se apropiaban de todo el monto del beneficio, para lo cual retenían las tarjetas de débito”, precisó Villalba.
El fiscal destacó que el SCC está dirigido "a personas de vulnerabilidad extrema social y económica", que tenía por finalidad "contribuir a la satisfacción de necesidades básicas de la familia y proveer, a través de huertas o la adquisición de un oficio, el sostenimiento de proyecto socio productivo”. En cambio, “Moya, Plabloff y Tarqui, bajo la fachada del club Central Norte, dirigieron los planes en provecho propio, haciéndolo un medio de sustentabilidad y de vida, tanto del club, pero principalmente de ellos mismos, con lo cual engañaron al Estado Nacional y ocasionaron un perjuicio a las personas que deberían haber recibido esos beneficios”.
A tal punto habían aceitado la organización, que ellos mismos disponían el cese de un beneficio a través de denuncias.
Un corte para el comisario
Para graficar el grado de intimidación al que eran sometidas las personas en estado de vulnerabilidad que cobraban estas ayudas sociales, el fiscal contó que cuando fueron a tomar testimonios en Embarcación varios testigos les dijeron que iban a contar lo que había pasado a pesar de que estuviera ahí el abogado de Moya.
Según detalló el fiscal, los dirigentes retenían $750 en concepto de cuota social del Club, pero ninguno de los afectados por esta retención dijeron querer ser socios de esta entidad, por lo que "ese dinero era pagado de manera compulsiva, incluso en algunos casos el monto ascendía a 1.500 pesos”, sostuvo Villalba, quien destacó que ese monto de cuota societaria es "exorbitante" para un club en Embarcación. Como ejemplo, señaló que San Lorenzo de Almagro, en Buenos Aires, tiene una cuota de $600.
Agregó que se acreditó que “parte de los fondos iban destinados a pagar a los jugadores del club”, ya que se pudo comprobar que “cinco jugadores perciben la remuneración a través de fondos de planes sociales, o bien, lo hacen a través de sus mujeres, con lo cual se desnaturaliza claramente el objetivo de los planes sociales”.
Además, el fiscal sostuvo que entre las maniobras extorsivas había algunas que "rozan" el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Dijo que se había montado una acción de monitoreo y extorsión "aterradora", que les imponían multas o intereses a los beneficiarios que no cumplían con las exigencias de los ahora acusados, que les exigían la entrega de parte de sus beneficios y la realización de tareas.
Entre estas tareas, debían cortarle el pelo al comisario de la localidad, lo que para el fiscal explica por qué sus denuncias nunca tuvieron curso. Además, en sus cuentas personales en las redes sociales debían postear las actividades del club nombrando a Moya, debían asistir a reuniones y estaban obligados a vender cartones de un bingo de esa entidad, entre otras actividades que les imponían.
Villalba explicó que si había demora o incumplimiento en estas tareas “se aplicaban multas, algunas de mil pesos; el pago de intereses a los que no vendan determinada cantidad de cartones del bingo, mientras que otros castigos más duros consistían directamente en el bloqueo de la tarjeta de cobro”.
Una de esas multas, por ejemplo, “fue aplicada a la locutora de la radio, empleada por el club, quien tenía la obligación de hablar bien del club y de sus directivos, pero como su labor no era de su agrado, fue penalizada”. A tal punto llegó ese poder extorsivo, aseguró el fiscal, que incluso tras la detención de Moya, Pabloff y Tarqui, la nueva detenida, Romero seguía cobrando las cuotas a los beneficiarios.
Para el fiscal este poder "también se ve manifestado en una gran base de datos que crearon, en la cual se encuentran todas las personas potencialmente destinatarios del plan social IFE o SSC. Esa base de datos comprendía fotocopia de DNI, fotos del documento, datos personales, las tarjetas de débitos y las claves”.
Violencia psicológica y acoso sexual
Villalba resaltó que los beneficiarios sufrían "violencia psicológica" de parte de los imputados, que "se extendía desde el maltrato, la humillación hasta un trato prácticamente militar, todos ellos inadmisibles”.
Y hasta hubo casos de acoso psicológico y de acoso sexual. "Esa violencia se demostraba en reuniones públicas, donde los beneficiarios padecían humillaciones públicas, lo cual adquiría un mayor prejuicio cuando sucede en comunidades pequeñas, como en este caso”.
Agregó que otra modalidad extorsiva consistía en el bloqueo de la tarjeta de débito, que podían hacer por la base de datos con la que contaban y que “ejecutaban quizás con la complicidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”. Señaló en este sentido que en agosto de 2019 luego de que numerosos beneficiarios se rebelaron, "se observa, casualmente, ese mes una gran renuncia de ellos”.
Esa fecha coincide con una denuncia que presentaron los acusados en el juzgado federal de Tartagal afirmando que había personas que cobraban los planes sin trabajar, y presentaron un padrón de ellos. “Esa denuncia no tuvo otro objeto que el de ser un medio más de extorsión y amenaza para las personas que, de pronto, dejaban de aportar el dinero o el trabajo de la manera que los acusados exigían”, precisó el fiscal.
