El juez Fabian Lorenzini, que tiene a cargo la convocatoria de acreedores de la cerealera Vicentin SAIC, intimó a la empresa a presentar los estados contables correspondientes al último ejercicio (cerrado el 31 de octubre de 2019) y los últimos que se hayan elaborado de otras 21 firmas controladas o vinculadas. Entre ellas, aparecen algunas radicadas en Uruguay, como VFG (Vicentin Family Group) inversiones y Nacadie SA. Estos elementos habían sido requeridos por la inspección general de personas jurídicas de la provincia de Santa Fe a fin de demostrar que están bajo absoluto control de Vicentin y, sin embargo, no fueron presentados como activos propios ante el concurso de acreedores. Este ocultamiento del "entramado social" que conforma el grupo Vicentin podría ser considerado un presunto perjuicio para el conjunto de acreedores, entre los que se destaca el Banco Nación.

Por otra parte, el magistrado dictó otro fallo, en el marco del incidente por separado abierto para considerar el pedido de intervención judicial propuesto por la IGPJ provincial, por el que convoca a las partes, la IGPJ y al directorio de Vicentin SAIC, "a la búsqueda conjunta de una solución restaurativa, dando inicio con esa finalidad a un proceso conciliatorio entre las partes interesadas". Convoca a una primera reunión el día 15 de este mes. Presuntamente, busca que se pongan de acuerdo con respecto a quién debe quedar al frente de la empresa mientras se tramita el concurso preventivo.

En el fallo mencionado en primer término, el juez a cargo del tribunal civil y comercial de Reconquista aceptó la ampliación de prueba presentado por la IGPJ provincial, y admite el requerimiento de información adicional a la empresa concursada y a las vinculadas. En virtud de ello, intima a Vicentin "a la presentación de estados contables, incluyendo el balance general, memorial, informe de sindicatura societaria y auditoría externa correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019".

Además, resuelve "intimar a la concursada a presentar los estados contables de los ejercicios desde el año 2014 hasta el último producido de las siguientes sociedades anónimas: Buyanor, Renova, Emulgrain, Juviar, Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Renopack, Algodonera Avellaneda, Río del Norte, Friar, Diferol, Biogas Avellaneda, Terminal Puerto Rosario, Playa Puerto, Alimentos Refrigerados o ARSA, Sottano y Enav". 

La conexión Uruguay

En el siguiente punto del fallo, intima "al representante legal en el domicilio indicado a presentar los estados contables desde 2014 hasta el presente de las siguientes sociedades: VFG Inversiones y Actividades Especiales, Vicentin Family Group, Industria Agroalimentaria Latam, Nacadié SA". En todos los casos, el domicilio indicado para el representante legal es el mismo: Calle 14 nro. 495 de Avellaneda, Santa Fe. Justamente, el domicilio de la sede de Vicentin SA. El requerimiento menciona a los representantes porque se trata de empresas radicadas en el Uruguay que nombraron representación para poder operar en el país. 

El 29 de junio, la IGPJ había presentado un "escrito de ofrecimiento de prueba" ante el juez Lorenzini, cuando señala las empresas sobre las que requiere que Vicentin entregue los estados contables y balances, hace la aclaración de por qué incluye a Nacadié SA, "no mencionada en escritos anteriores". La actividad principal de Nacadié, según sus propios dichos contenidos en nota a sus estados contables, es "realizar operaciones offshore sobre agro commodities".

 "Es una sociedad constituida en la República Oriental del Uruguay y cuyo único accionista es una sociedad panameña llamada Swaas International Corp. No se cuenta hasta el momento con información acerca de quienes son sus integrantes, pero resulta elocuente que su domicilio en Argentina sea también calle 14 número 495 de Avellaneda". Sobre la actividad de Nacadié y sobre las transferencias de dinero que pueda haber realizado, se centra en buena medida el interés de los investigadores sobre el destino de los fondos que recibió Vicentin en las semanas previas a declararse en "estrés financiero" y defoltear, paso previo a su convocatoria de acreedores. Lo significativo es que, en esta oportunidad, también el juez haya sumado su interés.