El tratamiento de la adhesión a la ley nacional 27548 que establece el Programa de Protección al Personal de la Salud ante la pandemia de Covid-19, generó un debate entre legisladores de los departamentos Orán y San Martín con referentes del oficialismo, debido a que consideran que los hospitales de esas zonas no están correctamente equipados.

Esta iniciativa nacional es conocida como “Ley Silvio” en conmemoración a Silvio Cufré, el primer trabajador de la salud víctima del coronavirus en provincia de Buenos Aires, y entre los principales puntos exige la garantía de equipamiento de bioseguridad para personal médico y empleados y voluntarios de los establecimientos sanitarios.

Entre sus puntos más destacables se encuentra la necesidad de establecer protocolos de protección, implementar diagnósticos continuos y sistemáticos focalizados en el personal de salud que preste servicios en establecimientos donde se atiendan casos sospechosos y también llevar un registro único de trabajadores de salud contagiados por la Covid-19, con el objetivo de mantener actualizada dicha información.

Estas medidas serán de aplicación tanto para hospitales públicos, como privados y centros de salud de la provincia.

Entre los fundamentos dado por Emilia Figueroa (PJ Sáenz), una de las autoras junto con Alejandra Navarro (FdT), “el personal sanitario es un recurso estratégico escaso que debemos proteger, puesto que los trabajadores de la Salud son la columna vertebral del sistema sanitario y los necesitamos sanos en sus lugares de trabajo”.

El espíritu del proyecto fue apoyado en forma unánime por toda la Cámara Baja, pero durante el desarrollo del debate en el recinto surgieron una vez más los reclamos y advertencias de los legisladores del norte provincial.

Actualmente los departamentos Orán, San Martín y General Güemes debieron retrotraerse a Fase 1, ante brotes de contagios de origen difuso, con serio riesgo de que hayan sido por transmisión comunitaria, por lo que ante la duda, desde el Comité Operativo de Emergencia provincial, decidieron implementar una cuarenta estricta para evitar la eventual propagación de la Covid-19.

La oranense Jorgelina Juárez calificó la situación de su ciudad como “crítica y grave” y manifestó que existe mucho temor en el hospital departamental de referencia, San Vicente de Paul, por la falta de elementos de bioseguridad.

“Tenemos 22 médicos que piden ser hisopados y aislados porque están precarizados y expuestos, y piden a gritos que el Gobierno los provea de elementos”, expresó y adelantó que solicitó informes sobre la totalidad de elementos que se enviaron al departamento.

Por último, planteó dudas sobre los datos que circulan, sobre la base de dos casos de positivos de Covid-19 que se diagnosticaron casi por casualidad, ya que en uno fue un análisis post mortem y otro una mujer embarazada que venía atenderse a Salta. “Necesitamos que se sinceren con la situación de Orán y que se mande todo lo que hace falta para dar pelea”, concluyó.

Su compañero de bloque y también oranense Iván Mizzau expresó que “uno esperaba que esta pandemia iba a hacer despertar a un gobierno dormido, pero siguen las mismas falencias, y tenemos una ministra de Salud ausente”.

Reconoció que el problema de la salud viene de tiempo atrás, pero dijo que en esta gestión se hicieron anuncios “que quedaron solo en eso”.

Y citó como ejemplo que en Orán iban a instalar un centro Covid pero finalmente se desistió de usar porque no se terminó, “llegaron las camas pero no el equipamiento necesario”.

En tanto, el diputado de San Martín, Franco Hernández (FdT), subrayó que “es pública y notoria la necesidad de insumos” y se quejó por la precaria situación del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, en el que el único caso hasta ahora de Covid-19 debió ser trasladado a Salta en menos de 24 horas por la imposibilidad de ser tratado ahí.

“Eso demuestra que estos 100 días no han sido utilizados correctamente”, sentenció Hernández.

Y el diputado de Rivadavia, Ramón Villa, también señaló que ahora se pone el foco por el coronavirus, pero esas falencias de protección a los médicos ya vienen de antes y los habitantes de esas zonas quedan expuestos a otras enfermedades contagiosas como tuberculosis.

La respuesta del oficialismo llegó en primer lugar a través de Socorro Villamayor (STF), que argumentó que la actual gestión asumió con un sistema de salud “insuficiente y raquítico", pero que se hace lo posible para proveer el equipamiento necesario.

Mientras que Javier Diez Villa (STF) se refirió a los diputados “que dicen que el gobierno no hace nada, que me cuenten cuantas veces un gobernador recorrió las zonas afectadas como lo hace el actual, y la ministra de Salud también se puso la mochila al hombro y sale a recorrer todo”, sostuvo.

También pidió responsabilidad para enfrentar al coronavirus y en ese marco lamentó que se haya sesionado presencialmente “porque convertimos la Cámara en un centro de distribución de Covid".

Por último, señaló que tomando como referencia el presupuesto del año pasado, que se prorrogó a este ejercicio, se debían ejecutar en el sistema de Salud 910 millones de pesos, pero a mayo de 2020 ya se van ejecutando 1.707 millones. “Este gobierno ha dicho que uno de los ejes será la salud, recibimos una provincia complicada, pero nos estamos haciendo cargo”, finalizó.

El dictamen de mayoría solamente tuvo el voto negativo de Claudio Del Plá (PO), debido a que presentó uno de minoría con ciertas especificidades, como, por ejemplo, que se regularice la situación laboral precaria de unos 1.800 trabajadores de la salud.