--Su hijo está vivo y lo vamos a encontrar, dijo el ministro de Seguridad Sergio Berni. 

--Espero que esté sano y salvo, lo estoy esperando, respondió Cristina Castro.

--La Policía Bonaerense está trabajando bien en la búsqueda, aseguró el funcionario.

El diálogo telefónico ocurrió ayer, a casi 70 días de la desaparición de Facundo Castro , el joven de 22 años que el 30 de abril salió de su casa en Pedro Luro hacia Bahía Blanca, pero nunca habría llegado a esa ciudad. En las próximas horas Berni podría aterrizar en Luro, presuntamente para hacer una intervención directa y cumplir esa promesa. 

Hoy, la familia y uno de sus abogados están reunidos con personal de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, una fuerza sospechada de haber estado involucrada tal como consta en la denuncia por desaparición forzada que investiga la justicia federal de Bahía Blanca a partir del testimonio de tres personas que lo vieron ese mismo día subiendo a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich. En ese sentido es que "la subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires solicitó la separación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de la investigación por el paradero de Facundo José Castro Astudillo, el joven de la localidad de Pedro Luro de quien nada se sabe desde el 30 de abril pasado".

El pedido fue realizado en una nota presentada ante la Ayudantía Fiscal de Villarino, a cago de Dimas García, quien lleva adelante la IPP caratulada “Averiguación de Paradero” que tramita en el Departamento Judicial de Bahía Blanca. En la presentación también recomendó solicitar a las autoridades pertinentes los registros del “Sistema de Localización Vehicular AVL” de todos los móviles involucrados en los hechos, como así también el secuestro de los teléfonos celulares de los agentes cuestionados por la familia del joven.

La presentación fue realizada por el Director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo titular es Matías Facundo Moreno. Es la segunda enviada a la ayudantía fiscal: el 1 de julio pasado se envió una nota similar que a la fecha no fue respondida. Por la falta de respuesta a nivel provincial y las versiones contradictorias que dieron los testigos, todos policías de Villarino, es que la familia insiste en que se inhiban el fiscal y la jueza de garantías Susana Calcinelli para dar paso a la intervención de la jueza federal María Gabriela Marrón, y al mismo tiempo sus abogados afirman que el fiscal federal también demora medidas de prueba esenciales.

"La intervención de la subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense se produjo luego de que los abogados querellantes presentaran en la Justicia Federal una denuncia por desaparición forzada introduciendo elementos que darían cuenta de una posible responsabilidad de agentes de la fuerza policial en la desaparición de Facundo", dijeron desde ese organismo en un comunicado emitido anoche. Por ello, consideró que en tanto se resuelva la competencia, la investigación debe regirse por los principios de la Ley 14.687 y el Protocolo de Minnesota del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, que propone apartar de la investigación de un posible delito de desaparición forzada a la fuerza sospechada.

Bajo este criterio, recomendó “el inmediato desligamiento de las fuerzas pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en todos sus agrupamientos y el despliegue de las medidas necesarias para individualizar a todos los agentes involucrados, tanto los que tuvieron en contacto con la víctima como con aquellos que pudiesen haber ocultado, modificado y/o suprimido prueba documental relacionada a los hechos”. El director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez, explicó: “Con la mera sospecha de una posible responsabilidad de un funcionario policial en la desaparición de una persona, todo tiene que apuntar a esa hipótesis teniendo en cuenta que es una obligación del Estado en materia de Derechos Humanos”. El funcionario agregó que “el impulso de una investigación pronta e imparcial es fundamental para aliviar la angustia de los familiares causados por la incertidumbre acerca de la suerte del familiar desaparecido. La violación de los DD.HH va a continuar hasta que Facundo no aparezca”, agregó. 

Respecto a los rastrillajes realizados en el marco de la investigación, Álvarez remarcó que “es necesario que se vuelvan a realizar las medidas de búsqueda en las que hayan participado las fuerzas policiales”. Sin embargo, ayer la Bonaerense tenía instrucciones de buscar a Facundo en Bahía Blanca, organizó un operativo en base a un testigo que dice haberlo visto allí pero que para los abogados de la familia es falso, y ordenó poner en todos los lugares públicos la foto del joven. 

"Prefiero pedir perdón después"

En tanto, el abogado Leandro Aparicio escribió ayer en su cuenta de Facebook que hace responsables a Sergio Berni y al gobernador Axel Kicillof por "lo que pueda suceder Cristina Castro, a Luciano Peretto (su colega en este caso), a los testigos que declararon y a quienes les exijo que intervengan de manera inmediata la Comisaría de Villarino". El letrado agregó: "Me hago responsable de haber asesorado a Cristina de que la causa de Facundo tiene que tramitar ante la Justicia Federal como desaparición forzada de personas. Si no es así y resulta que Facundo está en Brasil, tomando caipiriña, tendrá que pedir perdón por los disgustos y la preocupación que le causó a su madre. Y yo tendré que pedir perdón por haberme equivocado. Pero hasta que aparezca con vida, no voy a pedir perdón". 

Aparicio manifestó que no tiene ganas "de estar 45 años buscando justicia, como los familiares del Negrito García. Ni cinco años, como los familiares de Kati Moscoso. Ni 3165 días u ocho años y medio, como la familia de Daniel Solano, desaparecido y asesinado por la policía de Río Negro; Facundo Castro está desaparecido y queremos que la Justicia active y produzca las pruebas que les estamos requiriendo hace dos semanas". Además aclaró que "la mamá de Facundo no desea hablar con ningún funcionario de la provincia de Buenos Aires a excepción del Gobernador Kicillof y del ministro de Seguridad Berni".